*Seis semanas después de que Zeta lo señalara sin pruebas, Omar Cisneros Salcedo fue asesinado. Su padre exigía el derecho de réplica, pero Adela Navarro lo ignoró y luego afirmó haber sido amenazada por él.
Por Guadalupe Lizárraga
Adela Navarro Bello, directora del semanario Zeta, enfrenta un serio dilema ético. Las acusaciones del empresario Manuel Cisneros Romero, padre de Omar Cisneros Salcedo, asesinado el 25 de octubre en Ensenada, colocan bajo escrutinio los vínculos del medio con redes políticas y empresariales cuestionadas.
El empresario restaurantero acusa al semanario de haber vinculado falsamente a su hijo con el narcotráfico y el lavado de dinero, en una publicación que lo marcó públicamente y lo dejó expuesto a un entorno de riesgo que culminó con su muerte. Pero todavía, después de la tragedia, el mismo medio reportó el asesinato de Cisneros Salcedo y reiteró, como hipótesis, que la víctima tenía “vínculos con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación”. La contradicción fue evidente: el propio Zeta había señalado que el joven era socio de un empresario vinculado al Cártel de Sinaloa, para luego atribuirle nexos con el CJNG.
La ausencia de pruebas y el cambio de narrativa revelan un manejo irresponsable de información que no sólo estigmatizó a la víctima, sino que también contribuyó a un entorno de riesgo en el que su ejecución ocurrió pocas semanas después. Aun así, el semanario reiteró su historia relacionándolo con otras empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sin ningún registro público que sustente la relación.
Un mes antes del asesinato de Cisneros, en un primer intento por ejercer su derecho de réplica, Manuel Cisneros Romero solicitó al Zeta la corrección de la información publicada el 19 de septiembre de 2025. No obtuvo respuesta. Navarro Bello se negó a escucharlo y el semanario cerró toda posibilidad de rectificación. Sin opciones, el empresario recurrió a otros medios, y Punto Norte le abrió las puertas, donde ofreció su testimonio y presentó los documentos que acreditaban la disolución de la empresa Alimentos CISGO S.A. de C.V., señalada por Zeta como el supuesto vehículo financiero con Jesús González Lomelí, vinculado al Cártel de Sinaloa por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En la entrevista, del mismo día, Cisneros mostró las actas del Registro Público de Comercio y explicó que la sociedad había sido disuelta sin generar recursos ni transacciones. También aclaró que el nombre de esa empresa, ya inexistente, no estaba en la lista de las empresas sancionadas por el EEUU. Confirmó que conocía a Fernando Salgado Chávez desde que Salgado tenía los 10 años, porque su familia iba a comer a su restaurante. Pero que no tenía ninguna relación empresarial con él ni con Jesús González Lomelí. Habló del «cobro de piso» como se conoce la extorsión en México y dijo al periodista de Punto Norte que temía por su vida y la de su familia. Esto fue el 19 de septiembre. El 25 de octubre, su hijo fue asesinado dentro de su propio negocio.
En la nota publicada por el Semanario Zeta el 19 de septiembre de 2025, bajo el título “Sancionado por OFAC Jesús González Lomelí y sus vínculos con La Familia”, se afirma textualmente:
“…los señores, Fernando Salgado Díaz y Julia Graciela Chávez García, padres del amigo de la gobernadora Ávila, tienen registrada también la empresa Alimentos CISGO, donde son socios de la familia Cisneros y del empresario conocido por ser propietario de restaurantes, antros y centros de diversión, Jesús González Lomelí.”
Esta afirmación del Zeta carece de sustento documental y fue desmentida públicamente por Manuel Cisneros Romero, padre de Omar Cisneros Salcedo, quien presentó actas del Registro Público que acreditan la disolución de dicha sociedad mercantil. Sin embargo, el contenido difamatorio no fue retirado, editado ni aclarado en casi mes y medio desde su publicación original, ni posterior a la muerte de Omar Cisneros Salcedo. Tampoco incluyó una nota aclaratoria, actualización o desmentido.
La difamación la reitera al dar la noticia del asesinato de Cisneros Salcedo, al afirmar que la víctima tenía “vínculos con integrantes del CJNG», cuando también le atribuía una sociedad mercantil con González Lomelí, vinculado al Cártel de Sinaloa por el gobierno de Estados Unidos.
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En términos de ética periodística, esto implica una falla grave en el deber de diligencia y verificación, porque:
- se mantiene una acusación directa contra personas específicas,
- no se aportan documentos o pruebas que la sustenten, y
- pese a que la parte afectada solicitó derecho de réplica, el texto no ha sido enmendado.
Incluso se mantiene la fotografía sobre los supuestos socios del Grupo Hoteleros JJJ, que incluye a «Manuel Cisneros» y a «Manuel Cisneros Saucedo» (con imprecisiones en el nombre).
En la segunda nota, del asesinato, el semanario refiere que «en el registro público de la Propiedad y Comercio», Cisneros es socio de tres empresas de González Lomelí y en una de ellas también aparece como socio Fernando Salgado. Sin embargo, de nuevo, no presenta ningún documento que lo sustente.
“Solo quiero que me digan en qué se basaron para decir eso”, dijo con voz potente, el padre de la víctima, consciente del riesgo que enfrenta su familia. Nadie del Zeta, ni siquiera su directora, se comunicó con él para verificar los hechos ni ofrecerle el derecho de réplica, un deber constitucional que hasta el momento de esta edición el medio ha ignorado deliberadamente.
Días después del asesinato de su hijo, el 31 de octubre, Cisneros Romero se presentó frente a las oficinas del semanario con un grupo de reporteros: “No quiero pleito ni amenazas. Solo quiero que Adela Navarro me diga de frente en qué se basó para decir que mi hijo pertenecía a un cártel”, declaró ante los medios que habían sido convocados. Su exigencia fue pública, pacífica y sin contenido intimidatorio como se puede ver en el video de Tijuana en Línea. Aun así, fue ignorado de nuevo. Ningún periodista de Zeta respondió a su reclamo, y hasta el momento no existe documento, expediente ni resolución judicial que acredite los presuntos delitos imputados a su hijo o algún registro de transacciones financieras que lo vinculen a un posible crimen. Sin embargo, el silencio del semanario amplificó el estigma y el riesgo para la familia, y contribuyó a que perpetrara un clima de hostilidad que terminó en la muerte de Omar Cisneros Salcedo.
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Pese a ello, al día siguiente, Adela Navarro publicó que había recibido amenazas por parte de Cisneros Romero. La organización Artículo 19 se apresuró a difundir un comunicado en la red social X exigiendo a las autoridades protección para la codirectora de Zeta y su personal “ante actos intimidatorios”. En su comunicado, Artículo 19 omitió mencionar la falta de pruebas que sustentaban las acusaciones originales y desatendió el reclamo legítimo del padre que pedía explicaciones tras el asesinato de su hijo.
La posición pública de Artículo 19, carente de contexto sobre la demanda de verificación, consolidó una narrativa que invisibilizó al padre de la víctima y colocó el foco exclusivamente en la protección del medio, sin medir el impacto de una acusación no probada que antecedió a un crimen de alto riesgo.
El caso pone en relieve un vacío ético en el ejercicio periodístico por parte de Adela Navarro Bello y el semanario Zeta: la obligación de verificar antes de publicar y de rectificar cuando la información resulta infundada.
La cobertura periodística de alto riesgo no exime a un medio de su deber de diligencia ni de la responsabilidad por el daño que puede generar una imputación falsa o sin sustento probatorio. Más aún cuando en el caso del Zeta ha mantenido acuerdos financieros con el mismo entorno que señala de presuntos vínculos criminales.
Publicidad oficial y dependencia financiera del poder
La falta de ética no solo se evidencia en el tratamiento de las víctimas, sino también en la manera en que se financia el medio.
Entre 2023 y 2024, el semanario Zeta —a través de su razón social Choix Editores, S. de R.L. de C.V.— recibió contratos de publicidad oficial provenientes de dependencias encabezadas por funcionarios muy cercanos a Fernando Salgado Chávez, empresario señalado por liderar una red político-empresarial con actividades que podrían configurar posibles delitos de lavado de dinero y la promoción de espectáculos bajo la marca La Familia Presenta.
El primero de estos contratos fue otorgado por el Ayuntamiento de Tijuana bajo la administración de Montserrat Caballero Ramírez, por un monto total de 2 millones 163 mil pesos, con vigencia del 1 de marzo al 2 de junio de 2024, periodo que coincidió con el proceso electoral estatal. El documento, firmado por el director de Comunicación Social, Miguel Ángel Torres Ponce, autorizaba pautas de publicidad impresa, digital y en redes sociales, además de transmisiones en vivo y encartes a color dentro del semanario.
Todo ello bajo un esquema “especial” aprobado días antes de iniciar la contienda electoral. En términos prácticos, se trató del uso de recursos públicos municipales para propaganda institucional en pleno proceso electoral, en beneficio del medio.
Otro contrato, por 900 mil pesos, fue adjudicado directamente por la Fiscalía General del Estado de Baja California en 2023, bajo la dirección de Ricardo Iván Carpio Sánchez, uno de los exfuncionarios más cercanos a Fernando Salgado, y a quien le daba protección desde la fiscalía en eventos sociales, junto a Álvaro Vidal Velasco Castro, de acuerdo con información recabada por AFN Tijuana.
El contrato a Choix Editores, S. de R.L. de C.V. señala explícitamente que se trata de publicidad institucional destinada a la difusión de “actividades públicas de la FGEBC”.
A esto se suma la publicidad pagada por el Ayuntamiento de Rosarito durante la gestión de Hilda Araceli Brown Figueredo, sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto con Jesús González Lomelí, entre otros, por presunto lavado de dinero y vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Los documentos del propio Ayuntamiento registran pagos a Choix Editores entre 2019 y 2022, incluyendo una balanza de comprobación con $63,290.00 y notas financieras donde el proveedor aparece en distintos trimestres que, aunque son montos menores, confirman la relación económica con un gobierno bajo investigación internacional.
No son los únicos compradores institucionales, por supuesto. En la Plataforma Nacional de Transparencia muestra al menos una veintena de instituciones de gobierno que le otorgan contratos publicitarios periódicos.
En el mismo periodo, el Zeta dio cobertura favorable a La Familia Presenta y a In House Producciones, promotoras del circuito Fernando Salgado–Marco Santelices, responsables de los conciertos masivos en el Valle de Guadalupe, y parte del mismo entorno empresarial que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha beneficiado desde el inicio de su gestión.
Los vínculos que comprometen la independencia editorial
La coincidencia temporal entre los contratos públicos, las relaciones personales y las líneas editoriales del semanario revela un patrón que compromete la credibilidad del medio.
Ricardo Iván Carpio, por ejemplo, forma parte del grupo político dominante en Baja California alineado con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuya administración ha sido señalada por favorecer a Salgado Chávez y a sus amigos y socios en la asignación de permisos y contratos a sus empresas de entretenimiento (La Familia Presenta, In House Producciones, entre otras).
Mientras Zeta recibía recursos públicos de sus administraciones —en montos que superan los tres millones de pesos entre 2023 y 2024— el semanario publicaba promociones de conciertos organizados por las empresas del mismo círculo empresarial, además de ofrecer espacios de opinión o cobertura favorable hacia los promotores vinculados a Salgado.
El doble flujo de recursos —publicidad oficial de gobierno y pauta privada de empresarios bajo investigación internacional— configura un escenario de posible conflicto de interés entre el discurso público de independencia editorial y la realidad financiera del medio.
Durante la gestión de Caballero (2021–2024), el Zeta recibió más de 2.1 millones de pesos en contratos de publicidad oficial, al tiempo que evitó cuestionar a la alcaldesa y centró sus ataques en los adversarios de su grupo político. En contraste, cuando la gobernadora Marina del Pilar y su entorno fueron señalados por Los Ángeles Press en investigaciones sobre propiedades de lujo vinculadas a una red de empresas fachada relacionadas con Fernando Salgado en California, el semanario tomó parte de esa información sin citar la fuente original y la integró en columnas de opinión, describiendo al empresario como “el jefe en la sombra del poder en Baja California”. Sin embargo, el semanario omitió su propia relación económica con las instituciones que han financiado ese poder.
Los registros públicos muestran que Choix Editores nunca ha transparentado su política de contratación ni ha publicado los montos de publicidad recibidos por gobiernos o empresas privadas. Según los estándares de la UNESCO y la Red de Periodismo Ético, la publicidad gubernamental debe distribuirse con criterios de proporcionalidad y transparencia, no como pago de afinidades políticas. En el Código de Ética de la Society of Professional Journalists (SPJ), una de las organizaciones de periodistas más antiguas y respetadas de Estados Unidos señala: Seek Truth and Report It / Minimize Harm / Act Independently / Be Accountable and Transparent. (Busca la verdad y repórtala. Minimiza el daño. Actúa con independencia y Sé responsable y transparente).
En este caso, los vínculos financieros del Zeta con el entorno Salgado–González Lomelí–Brown no sólo representan un conflicto de interés evidente, sino también una contradicción con el discurso de independencia y defensa de la libertad de prensa que la directora del semanario ha convertido en emblema personal.
La difamación, el costo de una vida
Mientras Adela Navarro Bello se presenta como víctima de amenazas, los hechos apuntan a una práctica sostenida de opacidad, selectividad informativa y desdén hacia las víctimas que desmienten su narrativa. En el caso de Omar Cisneros Salcedo, la negación del derecho de réplica, la ausencia de verificación y la negativa a rectificar constituyen no sólo una falla ética, sino una omisión que costó su vida. Y frente a esa omisión, ninguna organización, ni siquiera Artículo 19, ha exigido responsabilidades.
El caso del Zeta y Adela Navarro Bello expone un vacío ético en el periodismo de investigación de Baja California. Y cuando el periodismo se convierte en instrumento del poder, siempre hay víctimas. Omar Cisneros Salcedo fue una de ellas.
En términos de ética periodística, esto implica una falla grave en el deber de diligencia y verificación, porque:
- se mantiene una acusación directa contra personas específicas,
- no se aportan documentos o pruebas que la sustenten, y
- pese a que la parte afectada solicitó derecho de réplica, el texto no ha sido enmendado.
Incluso se mantiene la fotografía sobre los supuestos socios del Grupo Hoteleros JJJ, que incluye a «Manuel Cisneros» y a «Manuel Cisneros Saucedo» (con imprecisiones en el nombre).
En la segunda nota, del asesinato, el semanario refiere que «en el registro público de la Propiedad y Comercio», Cisneros es socio de tres empresas de González Lomelí y en una de ellas también aparece como socio Fernando Salgado. Sin embargo, de nuevo, no presenta ningún documento que lo sustente.
“Solo quiero que me digan en qué se basaron para decir eso”, dijo con voz potente, el padre de la víctima, consciente del riesgo que enfrenta su familia. Nadie del Zeta, ni siquiera su directora, se comunicó con él para verificar los hechos ni ofrecerle el derecho de réplica, un deber constitucional que hasta el momento de esta edición el medio ha ignorado deliberadamente.
Días después del asesinato de su hijo, el 31 de octubre, Cisneros Romero se presentó frente a las oficinas del semanario con un grupo de reporteros: “No quiero pleito ni amenazas. Solo quiero que Adela Navarro me diga de frente en qué se basó para decir que mi hijo pertenecía a un cártel”, declaró ante los medios que habían sido convocados. Su exigencia fue pública, pacífica y sin contenido intimidatorio como se puede ver en el video de Tijuana en Línea. Aun así, fue ignorado de nuevo. Ningún periodista de Zeta respondió a su reclamo, y hasta el momento no existe documento, expediente ni resolución judicial que acredite los presuntos delitos imputados a su hijo o algún registro de transacciones financieras que lo vinculen a un posible crimen. Sin embargo, el silencio del semanario amplificó el estigma y el riesgo para la familia, y contribuyó a que perpetrara un clima de hostilidad que terminó en la muerte de Omar Cisneros Salcedo.
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Pese a ello, al día siguiente, Adela Navarro publicó que había recibido amenazas por parte de Cisneros Romero. La organización Artículo 19 se apresuró a difundir un comunicado en la red social X exigiendo a las autoridades protección para la codirectora de Zeta y su personal “ante actos intimidatorios”. En su comunicado, Artículo 19 omitió mencionar la falta de pruebas que sustentaban las acusaciones originales y desatendió el reclamo legítimo del padre que pedía explicaciones tras el asesinato de su hijo.
La posición pública de Artículo 19, carente de contexto sobre la demanda de verificación, consolidó una narrativa que invisibilizó al padre de la víctima y colocó el foco exclusivamente en la protección del medio, sin medir el impacto de una acusación no probada que antecedió a un crimen de alto riesgo.
El caso pone en relieve un vacío ético en el ejercicio periodístico por parte de Adela Navarro Bello y el semanario Zeta: la obligación de verificar antes de publicar y de rectificar cuando la información resulta infundada.
La cobertura periodística de alto riesgo no exime a un medio de su deber de diligencia ni de la responsabilidad por el daño que puede generar una imputación falsa o sin sustento probatorio. Más aún cuando en el caso del Zeta ha mantenido acuerdos financieros con el mismo entorno que señala de presuntos vínculos criminales.
Publicidad oficial y dependencia financiera del poder
La falta de ética no solo se evidencia en el tratamiento de las víctimas, sino también en la manera en que se financia el medio.
Entre 2023 y 2024, el semanario Zeta —a través de su razón social Choix Editores, S. de R.L. de C.V.— recibió contratos de publicidad oficial provenientes de dependencias encabezadas por funcionarios muy cercanos a Fernando Salgado Chávez, empresario señalado por liderar una red político-empresarial con actividades que podrían configurar posibles delitos de lavado de dinero y la promoción de espectáculos bajo la marca La Familia Presenta.
El primero de estos contratos fue otorgado por el Ayuntamiento de Tijuana bajo la administración de Montserrat Caballero Ramírez, por un monto total de 2 millones 163 mil pesos, con vigencia del 1 de marzo al 2 de junio de 2024, periodo que coincidió con el proceso electoral estatal. El documento, firmado por el director de Comunicación Social, Miguel Ángel Torres Ponce, autorizaba pautas de publicidad impresa, digital y en redes sociales, además de transmisiones en vivo y encartes a color dentro del semanario.
Todo ello bajo un esquema “especial” aprobado días antes de iniciar la contienda electoral. En términos prácticos, se trató del uso de recursos públicos municipales para propaganda institucional en pleno proceso electoral, en beneficio del medio.
Otro contrato, por 900 mil pesos, fue adjudicado directamente por la Fiscalía General del Estado de Baja California en 2023, bajo la dirección de Ricardo Iván Carpio Sánchez, uno de los exfuncionarios más cercanos a Fernando Salgado, y a quien le daba protección desde la fiscalía en eventos sociales, junto a Álvaro Vidal Velasco Castro, de acuerdo con información recabada por AFN Tijuana.
El contrato a Choix Editores, S. de R.L. de C.V. señala explícitamente que se trata de publicidad institucional destinada a la difusión de “actividades públicas de la FGEBC”.
A esto se suma la publicidad pagada por el Ayuntamiento de Rosarito durante la gestión de Hilda Araceli Brown Figueredo, sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto con Jesús González Lomelí, entre otros, por presunto lavado de dinero y vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Los documentos del propio Ayuntamiento registran pagos a Choix Editores entre 2019 y 2022, incluyendo una balanza de comprobación con $63,290.00 y notas financieras donde el proveedor aparece en distintos trimestres que, aunque son montos menores, confirman la relación económica con un gobierno bajo investigación internacional.
No son los únicos compradores institucionales, por supuesto. En la Plataforma Nacional de Transparencia muestra al menos una veintena de instituciones de gobierno que le otorgan contratos publicitarios periódicos.
En el mismo periodo, el Zeta dio cobertura favorable a La Familia Presenta y a In House Producciones, promotoras del circuito Fernando Salgado–Marco Santelices, responsables de los conciertos masivos en el Valle de Guadalupe, y parte del mismo entorno empresarial que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha beneficiado desde el inicio de su gestión.
Los vínculos que comprometen la independencia editorial
La coincidencia temporal entre los contratos públicos, las relaciones personales y las líneas editoriales del semanario revela un patrón que compromete la credibilidad del medio.
Ricardo Iván Carpio, por ejemplo, forma parte del grupo político dominante en Baja California alineado con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuya administración ha sido señalada por favorecer a Salgado Chávez y a sus amigos y socios en la asignación de permisos y contratos a sus empresas de entretenimiento (La Familia Presenta, In House Producciones, entre otras).
Mientras Zeta recibía recursos públicos de sus administraciones —en montos que superan los tres millones de pesos entre 2023 y 2024— el semanario publicaba promociones de conciertos organizados por las empresas del mismo círculo empresarial, además de ofrecer espacios de opinión o cobertura favorable hacia los promotores vinculados a Salgado.
El doble flujo de recursos —publicidad oficial de gobierno y pauta privada de empresarios bajo investigación internacional— configura un escenario de posible conflicto de interés entre el discurso público de independencia editorial y la realidad financiera del medio.
Durante la gestión de Caballero (2021–2024), el Zeta recibió más de 2.1 millones de pesos en contratos de publicidad oficial, al tiempo que evitó cuestionar a la alcaldesa y centró sus ataques en los adversarios de su grupo político. En contraste, cuando la gobernadora Marina del Pilar y su entorno fueron señalados por Los Ángeles Press en investigaciones sobre propiedades de lujo vinculadas a una red de empresas fachada relacionadas con Fernando Salgado en California, el semanario tomó parte de esa información sin citar la fuente original y la integró en columnas de opinión, describiendo al empresario como “el jefe en la sombra del poder en Baja California”. Sin embargo, el semanario omitió su propia relación económica con las instituciones que han financiado ese poder.
Los registros públicos muestran que Choix Editores nunca ha transparentado su política de contratación ni ha publicado los montos de publicidad recibidos por gobiernos o empresas privadas. Según los estándares de la UNESCO y la Red de Periodismo Ético, la publicidad gubernamental debe distribuirse con criterios de proporcionalidad y transparencia, no como pago de afinidades políticas. En el Código de Ética de la Society of Professional Journalists (SPJ), una de las organizaciones de periodistas más antiguas y respetadas de Estados Unidos señala: Seek Truth and Report It / Minimize Harm / Act Independently / Be Accountable and Transparent. (Busca la verdad y repórtala. Minimiza el daño. Actúa con independencia y Sé responsable y transparente).
En este caso, los vínculos financieros del Zeta con el entorno Salgado–González Lomelí–Brown no sólo representan un conflicto de interés evidente, sino también una contradicción con el discurso de independencia y defensa de la libertad de prensa que la directora del semanario ha convertido en emblema personal.
La difamación, el costo de una vida
Mientras Adela Navarro Bello se presenta como víctima de amenazas, los hechos apuntan a una práctica sostenida de opacidad, selectividad informativa y desdén hacia las víctimas que desmienten su narrativa. En el caso de Omar Cisneros Salcedo, la negación del derecho de réplica, la ausencia de verificación y la negativa a rectificar constituyen no sólo una falla ética, sino una omisión que costó su vida. Y frente a esa omisión, ninguna organización, ni siquiera Artículo 19, ha exigido responsabilidades.
El caso del Zeta y Adela Navarro Bello expone un vacío ético en el periodismo de investigación de Baja California. Y cuando el periodismo se convierte en instrumento del poder, siempre hay víctimas. Omar Cisneros Salcedo fue una de ellas.
