(Daniel Zovatto)
La jornada de caos y violencia que vivió este martes la ciudad de Río de Janeiro —con al menos 64 muertos (entre ellos cuatro agentes policiales), 81 detenidos y un despliegue de 2.500 efectivos— constituye una trágica confirmación de lo que advertimos con mi colega Jorge Sahd en nuestro Informe de Riesgo Político América Latina 2025: el crimen organizado se ha convertido en el principal riesgo político y de gobernabilidad de la región.
Lejos de tratarse de un hecho policial aislado, la operación contra el Comando Vermelho (CV), el segundo grupo criminal más poderoso de Brasil, revela el grado de erosión del monopolio estatal de la fuerza en vastas zonas urbanas latinoamericanas, así como la creciente capacidad de los grupos criminales para comportarse como poderes paralelos al Estado.
Una guerra urbana sin precedentes
El gobernador de Río, Claudio Castro, describió con crudeza la situación: “Río está sola en esta guerra; esto ya no tiene que ver con la seguridad urbana”.
Sus palabras no son una metáfora. Lo que comenzó como una megaoperación policial para frenar la expansión territorial del Comando Vermelho derivó en enfrentamientos de una intensidad inédita, con tiroteos prolongados, barricadas en las principales avenidas, suspensión de clases en 45 colegios, desvío de 12 líneas de autobús y la paralización parcial de la ciudad.
Las escenas —granadas lanzadas desde drones, calles cortadas, vehículos incendiados— evocan un conflicto armado más que una intervención de seguridad.
El operativo buscaba capturar al jefe del CV, Edgar Alves de Andrade, alias Doca, y a sus lugartenientes en el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão, donde viven cerca de 300.000 personas.
Pero lo que quedó al descubierto fue algo más profundo: una estructura criminal con lógica militar, control territorial y capacidad de respuesta organizada ante el Estado.
Estados dentro del Estado: el rostro contemporáneo del crimen organizado
El Comando Vermelho y su rival, el Primer Comando de la Capital (PCC), son apenas la punta del iceberg de una tendencia continental.
Desde México hasta Ecuador, pasando por Colombia, Perú, Paraguay, Venezuela o Brasil, el crimen organizado ya no es un fenómeno delictivo, sino político: controla territorios, dicta normas locales, administra “justicia” paralela, recauda “impuestos” y sustituye al Estado en la provisión de orden.
En Brasil, un estudio reciente de la Universidad de Cambridge estima que uno de cada cuatro ciudadanos (unos 50 millones de personas) vive en áreas bajo influencia de grupos armados que imponen su propia ley.
Estos grupos combinan el narcotráfico, el contrabando de armas, la extorsión, el transporte ilegal, la trata de personas y, cada vez más, actividades de “gobernanza criminal”: mediación de conflictos, castigos, seguridad privada y control social.
Lo que se observa en Río de Janeiro —granadas desde drones, comunicación cifrada, redes de inteligencia y coordinación logística— ilustra el salto cualitativo de estas organizaciones hacia una sofisticación militar y tecnológica inédita.
Ya no se trata de bandas improvisadas, sino de estructuras empresariales criminales con jerarquías, franquicias, sistemas contables y presencia transnacional.
Una región sin guerras interestatales, pero con altísima violencia interna
América Latina presenta un rasgo paradójico: bajísimos niveles de conflicto inter-estatal, pero altísimos niveles de violencia intrastatal.
Con apenas el 8 % de la población mundial, concentra entre el 33 y 35 % de los homicidios globales.
Esta violencia estructural no se explica únicamente por desigualdad o pobreza: responde también a una disputa directa por el control del territorio y de las rentas ilícitas, frente a Estados débiles, fragmentados o capturados por intereses locales.
La guerra urbana de Río confirma que la frontera entre seguridad pública y seguridad nacional se ha vuelto difusa.
Cuando un grupo criminal puede desafiar abiertamente al Estado con armamento pesado, coordinación táctica y capacidad de comunicación en tiempo real, estamos ante una amenaza política y estratégica, no ante delincuencia común.
Impacto sobre la gobernabilidad y la democracia
El efecto de este tipo de violencia es devastador para la gobernabilidad democrática.
Primero, socava la legitimidad del Estado: las comunidades afectadas, mayoritariamente pobres, negras y periféricas, se sienten abandonadas y desconfían tanto de la policía como de las instituciones.
Segundo, erosiona el tejido social: el miedo, la extorsión y las balas perdidas se vuelven parte de la vida cotidiana.
Tercero, debilita la economía y la inversión: las empresas operan bajo extorsión o se retiran, el turismo se retrae y el gasto público se destina crecientemente a seguridad reactiva, no a desarrollo.
Cuarto, la peligrosa y creciente penetración del dinero del crimen organizado y del narco dinero en el financiamiento de la política y de las campañas electorales.
El resultado es un círculo vicioso de descomposición institucional: Estados que no controlan su territorio, fuerzas policiales insuficientes o infiltradas, sistemas judiciales saturados y comunidades atrapadas entre dos fuegos.
Implicaciones regionales y globales
La magnitud de la violencia en Río ocurre, además, a pocos días de la COP30, que Brasil organizará en Belém.
El contraste entre el liderazgo ambiental que Lula busca proyectar y la incapacidad del Estado brasileño para garantizar seguridad en su segunda mayor ciudad refleja la contradicción que atraviesa gran parte de la región: una brecha entre ambición global y fragilidad interna.
El crimen organizado no solo amenaza la seguridad de los ciudadanos; amenaza la gobernabilidad democrática, la calidad de la democracia, la competitividad económica y la proyección internacional de América Latina.
En un mundo cada vez más fragmentado y multipolar, esta vulnerabilidad interna reduce la capacidad de la región para insertarse en las nuevas cadenas globales de valor, atraer inversión o sostener su institucionalidad democrática.
La crisis actual que sufre Río de Janeiro debe ser leída como una advertencia continental: sin políticas integrales que combinen seguridad, inteligencia, inclusión y desarrollo, la región seguirá viviendo episodios de guerra urbana que minan su legitimidad y su futuro.
El crimen organizado es actualmente el riesgo político número uno en la mayoría de los países de nuestra región.
La tragedia de Río de Janeiro no es solo un drama brasileño. Es el espejo de una región donde los grupos criminales se han convertido en actores políticos de facto, con poder de veto sobre el Estado, influencia territorial y capacidad de captura institucional.
Y donde millones de ciudadanos viven bajo su dominio, pagando el precio más alto: el de la ausencia del Estado y la normalización de la violencia.
Desde el Informe de Riesgo Político y desde Radar LATAM 360, seguiremos monitoreando este fenómeno como una prioridad analítica.
Porque, como muestra la sangrienta tragedia que envuelve hoy a Río, la gobernabilidad democrática en América Latina está en juego no solo en las urnas, sino en las calles, los barrios y las fronteras donde el Estado es cada vez más desafiado por grupos de el crimen organizado.
