*La declaración el Juez de Barandilla de Iguala, José Ulises Bernabé García, es una de las diez más importantes del caso Ayotzinapa: Informe Pascal.
Por Guadalupe Lizárraga…
El testimonio del juez calificador José Ulises Bernabé García se convirtió en la grieta más profunda del expediente Ayotzinapa. La noche del 26 de septiembre de 2014, mientras los estudiantes eran trasladados a la Comandancia municipal de Iguala, él aseguró en su declaración que “los normalistas no fueron llevados a la Barandilla”. Sin embargo, testigos lo vieron hablando con los detenidos dentro del mismo edificio, y en entrevistas posteriores admitió lo que intentó ocultar: que los estudiantes sí estuvieron allí.
El Informe Pascal identifica su declaración como una de las diez más importantes de todo el caso, porque coloca al Ejército en un “sitio caliente” de desaparición. A partir de esa grieta se despliega una red de responsabilidades: la presencia de la Policía Federal en operativos paralelos, la participación de Omar García Harfuch en reuniones en Guerrero pese a negar su asistencia, y la continuidad de los operadores del falso caso Wallace en la fabricación de culpables y encubrimientos. Incluso la narrativa mediática de Anabel Hernández, que entrevistó al juez en dos ocasiones, pero omitió subrayar el papel directo de la SEDENA, termina formando parte del entramado de encubrimiento.
El valor de lo dicho por el juez no se reduce a los folios de la investigación de la PGR (Tomo 67, folios 509-513). En dos entrevistas concedidas a Anabel Hernández, primero en México y luego en Estados Unidos —donde Bernabé pidió asilo—, el juez reveló que tras declarar ante el Ministerio Público fue objeto de vigilancia militar: los soldados merodearon su casa y lo acosaron con su constante presencia. No obstante, la periodista omitió enfatizar el dato más contundente de esas entrevistas: la presencia de la SEDENA en la Comandancia la noche del crimen.
Así, la figura de Ulises Bernabé encarna la grieta en el expediente: un juez que primero niega y luego confirma, un testimonio perseguido por el Ejército y al mismo tiempo utilizado mediáticamente sin señalar la responsabilidad militar. Hernández, en ninguna de las dos entrevistas, subraya de forma contundente la implicación de la SEDENA en la escena del crimen, lo que refuerza la observación del Informe Pascal sobre su omisión mediática.
La voz de Bernabé, no obstante, abre el camino para replantear el mapa de la desaparición de los 42 estudiantes, ya que el soldado Julio César López Patolzin, infiltrado por la Sedena en la Normal de Ayotzinapa, fue rescatado de la Comandancia municipal de Iguala por el capitán José Martínez Crespo, como se demostró en una entrega anterior. Testigos lo vieron salir con vida minutos después de la medianoche, y su teléfono iPhone 5 se reactivó a las 23:56 horas en el centro de Iguala, confirmando su desplazamiento.
Extracto narrativo: La voz del juez de Barandilla
- El juez calificador José Ulises Bernabé García, en su comparecencia ante la PGR (folios 509–512 del expediente PGR/ GROI/ 1198/2014), negó reiteradamente haber recibido a los estudiantes normalistas en la Comandancia de Iguala.“En ningún momento recibí a algún grupo numeroso de personas, ni se identificaron como estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa”, declaró bajo protesta de decir verdad.
- Su testimonio oficial se concentró en señalar que aquella noche solo ingresaron seis detenidos por faltas administrativas, a quienes se les levantaron boletas de ingreso y se les permitió la libertad mediante el pago de 200 pesos de multa, entre las 01:40 y 02:27 horas de la madrugada del 27 de septiembre de 2014.“No, en ningún momento recibí a algún grupo de personas que se identificaran como estudiantes… No, solamente las boletas de entrada de las personas arrestadas por faltas administrativas”, reiteró en varias ocasiones.
- La declaración también hace referencia a la presencia de mandos locales, entre ellos el entonces jefe de la policía de Iguala:“…aproximadamente a la una con diez minutos de la madrugada llegó el comandante Felipe Flores Velázquez, acompañado de agentes ministeriales”.
- A pesar de sus negativas, testigos lo ubicaron hablando con los estudiantes dentro de la Barandilla esa misma noche. El Informe Pascal señala esta contradicción como una de las más graves del expediente: un juez que niega en el papel lo que, en la práctica, termina admitiendo en entrevistas.
Los seis detenidos administrativos: testigos invisibles
La madrugada del 27 de septiembre de 2014, seis hombres que habían sido detenidos por faltas administrativas menores salieron de la Comandancia municipal con una boleta de liberación en la mano. El recuerdo nunca se les va a borrar de lo que habían visto adentro. Habían sido detenidos por ebriedad, riñas, y alteración del orden público, que el juez de Barandilla, José Ulises Bernabé García, calificó de «impertinentes» y les impuso la multa de 200 pesos.
Sus nombres quedaron asentados en los tomos del expediente Ayotzinapa, pero nunca fueron llamados a declarar como testigos clave: Juan Peralta Rojas, Juan Alberto Ruiz, Emmanuel Pérez Estrada, Ricardo López Brito, Rogelio Sandoval Salas y Jesús Castro Rosas (Tomo 133, folios 483–492; Tomo 65, folios 21–27).
Emanuel Pérez Estrada: el testigo que nunca fue escuchado
El expediente federal confirma que el gobierno tuvo plena identificación de Emanuel Pérez Estrada, uno de los seis hombres detenidos por faltas administrativas en la Comandancia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
El caso de Emanuel Pérez Estrada demuestra el patrón de ocultamiento deliberado de testigos civiles, una de las claves del encubrimiento institucional en Ayotzinapa.
La negativa formal de Ulises Bernabé de que los normalistas hubieran pisado la Comandancia se derrumba frente a las voces de los seis detenidos de Iguala, arrestados esa noche por faltas administrativas. Ellos no solo coincidieron con los estudiantes en los pasillos de la Barandilla, sino que fueron testigos directos de que los normalistas estaban con vida dentro del edificio, acompañados por policías y militares.
Los documentos oficiales registran que su liberación ocurrió entre las 01:40 y las 02:27 horas. Lo que no se consignó es que, al salir, sus teléfonos se reactivaron en ese mismo rango de tiempo y de inmediato empezaron a hacer llamadas y a enviar mensajes. Contaron a familiares y amigos que habían estado detenidos junto a los normalistas de Ayotzinapa, que los vieron con vida en los pasillos de la Comandancia y que incluso distinguieron al soldado infiltrado Julio César López Patolzin.
Mientras Bernabé negaba en su declaración ministerial que los estudiantes hubieran pisado la Barandilla —“en ningún momento recibí a algún grupo numeroso de personas, ni se identificaron como estudiantes de la Normal”, repitió varias veces—, estas seis personas narraban que sí estuvieron con ellos, que los vieron y hablaron con algunos antes de ser liberados.
| Declaración oficial (Bernabé, Tomo 67, folios. 509–513) | Testimonios de los seis detenidos (Tomo 133, folios 483–492) |
| “No recibí a ningún grupo de normalistas en la Comandancia.” | “Estuvimos detenidos junto a estudiantes de Ayotzinapa.” |
| “Solo ingresaron personas por faltas administrativas.” | “Vimos con vida a normalistas y al soldado Patolzin.” |
| “Fueron liberados mediante boletas de multa.” | “Salimos con boletas de 200 pesos; al salir llamamos y contamos lo que vimos.” |
| Omite presencia militar. | Relatan que militares y policías estaban dentro de la Comandancia. |
Francisco Salgado Valladares: el traslado desde la Barandilla
Las imágenes de la Comandancia de Iguala, integradas en el expediente, son una prueba directa del lugar donde estuvieron los normalistas, destaca el Informe Pascal. En una de ellas, aparece la firma de Francisco Salgado Valladares, subdirector de la Policía de Iguala, escrita de su puño y letra en el documento oficial que lo señala como el responsable de sacar a los estudiantes de la Barandilla para llevarlos al retén de Loma de Coyotes (Tomo 109, folios 146 y 170–173).
Esta evidencia, ignorada por las investigaciones oficiales y apenas mencionada en los informes del GIEI, confirma el papel operativo de Salgado Valladares en la cadena de desaparición y vincula de manera directa a la Policía Municipal con el traslado clandestino de los jóvenes.
https://docs.google.com/gview?url=https://losangelespress.org/core/lapress/assets/pdfs/2025/09/11/imagenes-de-la-barandilla-RiTUCBJBM.pdf&embedded=true
Uno de los investigadores del Grupo Pascal Bourne, señaló a Los Ángeles Press que esos seis testigos “se habían salvado por azar, porque pagaron una multa de 200 pesos, que incluso el estándar era de 300 según testimonios, y que no eran parte del grupo marcado para desaparecer. Los testigos quedaron invisibilizados por la investigación oficial; sus boletas de multa se archivaron, sus teléfonos no fueron rastreados y sus testimonios jamás fueron solicitados».
En el Informe Pascal, esta omisión se señala observando que no es un descuido sino una acción deliberada. Estos testigos podían demostrar que los 28 normalistas y el soldado López Patolzin sí estuvieron en la Comandancia.
Cuando rindieron sus primeras declaraciones, tanto el capitán José Martínez Crespo como el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa proporcionaron sus números de teléfono. Como militares en servicio, además, llevaban activados sus dispositivos de geolocalización —GPS integrados en celulares y en unidades oficiales—. Esa pista, hasta ahora ignorada, permitiría ubicar de manera legal y científica su presencia en la Barandilla en la misma hora que citó el juez José Ulises Bernabé García.
“Con esta pista se les ubicaría legalmente en la Barandilla municipal, a la hora que citó Ulises Bernabé. Esta georreferenciación de ambos militares aún se puede hacer”, puntualizó el investigador del Grupo Pascal.
El caso del soldado infiltrado Julio César López Patolzin refuerza esta ruta. Según la investigación del Informe Pascal, tras ser rescatado de la Comandancia por Crespo, su iPhone 5 se activó a las 23:56 horas en el centro de Iguala, apenas minutos después de la salida. Esa conexión dejó rastro en la antena Benito Juárez, y su equipo siguió emitiendo señales con distintos chips hasta diciembre de 2014. El teléfono del soldado-normalista es, en sí mismo, una prueba de georreferenciación: demuestra que salió vivo de la Barandilla y que siguió bajo resguardo militar, destaca el informe.
De esta forma, la triangulación entre la declaración oficial del juez Bernabé, los testimonios de los seis detenidos y la geolocalización pendiente de los militares Crespo, Pirita y López Patolzin podría reconstruirse minuto a minuto la escena: los normalistas trasladados a la Comandancia, el rescate del soldado infiltrado y la desaparición de los 42 estudiantes bajo custodia de policías y militares.
El Informe Pascal demuestra que la omisión fue deliberada: se invisibilizaron testigos, se ignoraron pruebas y se desvió la atención mediática de la SEDENA, cuya presencia en la Barandilla la noche del 26 de septiembre quedó fuera de las narrativas oficiales y periodísticas dominantes.
Desde 2014, la PGR y luego la FGR obtuvieron CDRs (Call Detail Records) de los números asociados a los normalistas y a mandos policiales. Además, los militares en servicio (como Crespo y Pirita) y las patrullas oficiales contaban con equipos con GPS activos, que podían ser rastreados y que están en las actas ministeriales y en los dictámenes de telecomunicaciones que se mencionan en el expediente. Por lo que el Grupo Pascal deduce que con la misma tecnología que se usó para vigilar a los estudiantes —los CDRs (Call Detail Records), los GPS de patrullas y celulares oficiales—hoy todavía puede convertirse en la herramienta para desmentir la «versión histórica».
Más de una década después, voces civiles representan la prueba independiente que confirma que los estudiantes fueron vistos con vida bajo custodia de policías y militares. Y es allí, en la Barandilla de Iguala, donde se abre la grieta más profunda del expediente Ayotzinapa: la certeza de que el Estado decidió silenciar.
Claves de esta entrega
- Triangulación de evidencias
- Declaración oficial del juez José Ulises Bernabé García.
- Testimonios de los seis detenidos administrativos.
- Geolocalización pendiente de Crespo, Pirita y Julio César López Patolzin.
- Invisibilización de testigos civiles.
- Ignorar pruebas que constaban en expedientes.
- Desviar la atención de la SEDENA, presente en la Barandilla, pero borrada de narrativas oficiales y mediáticas.
- La tecnología como prueba silenciada
- La prueba civil independiente
