*A más de una década de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, nuevas evidencias revelan que no se trató de un hecho aislado ni de un caos local.
Por Guadalupe Lizárraga
PRIMERA PARTE
Los videos ocultos del Palacio de Justicia y la operación clandestina de la SEIDO
En el caso Ayotzinapa aparentemente todo se sabe. La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, y desde entonces el país ha estado inundado de versiones oficiales, informes y filtraciones. Sin embargo, un informe inédito, identificado como Informe Pascal, demuestra que no fue un caos local, sino una operación de Estado meticulosamente planeada y encubierta.
Incluso la opinión pública conoce el video del Palacio de Justicia de Iguala presuntamente destruido por el que hace unos meses fue detenida la expresidente del Tribunal Superior de Guerrero, Lambertina Galeana Marín. Pero lo que muy pocos conocen es que, tres días después de la desaparición, comenzó una operación clandestina en Iguala encabezada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO).
La operación se desplegó el 29 de septiembre de 2014 con la llegada de un grupo especial liderado por el agente del Ministerio Público Federal Ernesto Óscar Francisco Ornelas Delgado, acompañado por peritos en informática y otras áreas técnicas. El agente irrumpió en el Palacio de Justicia de Iguala para extraer directamente del servidor la primera copia de los videos grabados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. Según consta en documentos oficiales, a esa copia le siguieron otras cuatro, realizadas el 6 de octubre, que abarcaron un periodo de grabación más amplio.
Las actuaciones no fueron integradas al expediente judicial, porque formaban parte de un operativo paralelo, sin registro legal, cuyo propósito era sustraer y ocultar evidencia clave del crimen. Pero esta maniobra quedó registrada en los folios del 0045 al 0068, del tomo 123, de los archivos digitales de la FGR.
De acuerdo con los dictámenes de informática forense 2083/2015 y 2038/2015, ambos idénticos, se acreditó la realización de cinco copias de los videos del Palacio de Justicia de Iguala: una el 29 de septiembre y cuatro el 6 de octubre de 2014. Estas últimas se hicieron mediante conexiones remotas vía red para obtener las grabaciones de las cámaras numeradas del 12 al 18, correspondientes a las fechas 26 y 27 de septiembre de 2014. Estos actos ocurrieron antes de su incorporación oficial a la indagatoria, lo que demuestra una ruptura de la cadena de custodia y manipulación de evidencia.
En este proceso, el magistrado en funciones en la Sala Regional de Iguala fue obligado a entregar el material videográfico a su superior, Lambertina Galeana, en ese entonces la presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. A partir de esa instrucción se abrió la ruta de extracción: el material fue entregado a la SEIDO, a través del agente Ornelas Delgado, quien en 2020 intentó tramitar un amparo que le fue desechado por un tribunal federal.
En la extracción también participaron dos técnicos del Poder Judicial: Javier Uribe Iturbe, programador del TSJ, y Luis Europa Solís Jiménez, especialista en sistemas. Ellos realizaron la entrega física y digital de los archivos, confirmando que la orden salió de la presidencia del Tribunal y que la ejecución se hizo con la colaboración del personal informático.
Lambertina Galeana fue detenida el 14 de mayo de 2025, acusada de desaparecer los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia. En dichas grabaciones quedó registrado el momento exacto en que un autobús con normalistas pasó frente al edificio, antes de ser interceptado.
La versión oficial calificaba las imágenes como “borrosas” o “inútiles”. Incluso los responsables del sistema de CCTV, Solís Jiménez y Uribe Iturbe, también mintieron al afirmar que la calidad del material impedía identificar personas o vehículos. En realidad, las imágenes eran legibles y las copias fueron enviadas a altos niveles del gobierno.
De acuerdo con esta reconstrucción, Ornelas recibió las grabaciones que mostraban los ataques a los estudiantes, pero retuvo el video completo captado por las cámaras del Palacio de Justicia el 26 de septiembre de 2014. Según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), la intervención de Ornelas Delgado coincidió con un momento crucial en la cronología de los ataques: a las 21:34:29 horas del 26 de septiembre, exactamente cuando el Estrella de Oro 1531 era detenido bajo el puente del Chipote, la SEIDO fijó ese instante como inicio del rango de grabación copiado del Palacio de Justicia, extendiéndolo hasta las 02:00 horas del día siguiente.
El Informe Pascal apunta:
- El autobús Estrella de Oro 1531 nunca tomó rumbo al Periférico Sur como lo conjetura el GIEI, eso no sucedió jamás.
- Si tomamos en cuenta que el autobús Estrella de Oro 1531 salió a las 21:15 horas de la Terminal y le añadimos primero, los 5 o 6 minutos que menciona el policía Emilio Torres Quezada y luego le añadimos los 10 minutos que refiere en segunda instancia, y finalmente los 15 minutos que menciona al final de su declaración; esto nos permite establecer que, a las 21:34:29 horas al autobús Estrella de Oro 1531 fue detenido exactamente debajo del Puente del Chipote por la Policía Municipal de Iguala.
- Nuestro Equipo de Investigación, está completamente seguro de que este autobús fue detenido debajo del Puente del Chipote a las 21:34:29 horas.
El operativo del 29 de septiembre, 56 horas después de la desaparición de los estudiantes, fue clandestino e ilegal: ni el entonces procurador Jesús Murillo Karam, ni Tomás Zerón, ni la propia SEIDO reconocieron públicamente que ya trabajaban sobre el terreno en Iguala desde esa fecha. «Legalmente, y según está documentado, fue hasta el 25 de octubre de 2014, a las 15:01 horas cuando la SEIDO inició la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014 del Caso Iguala», precisa el informe y agrega que «lo que hizo la SEIDO, es una flagrante violación a la soberanía del Poder Judicial de Guerrero al irrumpir en esta sede, periciar equipos de cómputo, cámaras de seguridad y tomar declaración al personal del poder judicial sin un mandamiento judicial; el cual debería estar integrado a la misma averiguación previa».
El 24 de julio de 2015, según el presidente del TSJ de Guerrero, Robespierre Robles Hurtado, fue el día en que se realizó la entrega oficial de las grabaciones a la SEIDO. Para entonces, el material ya había sido editado y mutilado: se habían borrado las imágenes que mostraban con precisión la ruta del autobús que pasó por el Palacio de Justicia en el momento en que fue interceptado.
La SEIDO retuvo durante más de un año material clave con base en esta combinación:
- La fecha temprana de obtención del material (29/09/2014).
- La fecha de grabación de copias adicionales (06/10/2014).
- La fecha en que inició la averiguación previa (25/10/2014).
- La fecha de incorporación formal al expediente (24/07/2015).
- El hecho de que lo entregado oficialmente estaba ya mutilado, lo que confirma que la versión completa nunca se integró y que lo retenido incluía las imágenes más comprometedoras.
Este encubrimiento es uno de los hallazgos ocultados durante más de una década para distorsionar la verdad sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Su revelación demuestra que la verdad histórica nunca estuvo incompleta por falta de pruebas, sino deliberadamente fue mutilada por las propias instituciones encargadas de esclarecerla.
Vacíos del GIEI: silencios que pesan
Los cinco informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentados entre 2015 y 2023, desmontaron mitos oficiales y documentaron pruebas de un crimen de Estado. Revelaron la vigilancia militar sobre los estudiantes, expusieron la destrucción de documentos por parte de la SEDENA y desmintieron la “verdad histórica”. Sin embargo, dejaron vacíos cruciales: como se demuestra aquí, la ruptura de cadena de custodia y manipulación de evidencia clave como los videos del Palacio de Justicia. Pero también guardaron silencio sobre la reunión operativa en Acapulco convocada por Omar García Harfuch, el rol táctico de la Policía Federal y del Ejército en la emboscada a los estudiantes, y la manipulación informativa en la Terminal Epifanio Rodríguez.
Estos silencios no son menores: muestran que, aun con la labor crítica del GIEI, hubo piezas clave del rompecabezas que quedaron fuera del relato público.
En ese silencio irrumpe el Informe Pascal, entregado en exclusiva a Los Ángeles Press, como una pieza incómoda. No sólo nombra a los mandos implicados y describe la logística del operativo —incluyendo la revelación de los videos manipulados—, sino que traza una línea de mando que asciende hasta los máximos responsables: el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.
Firmado bajo el seudónimo Pascal Borne, el informe —en su primera parte de 97 páginas, que según sus autores representa el 8 por ciento de la investigación— contrasta lo que el GIEI mostró con lo que decidió no mirar. Pero el informe no se limita a señalar omisiones: identifica a los actores operativos, entre ellos Omar García Harfuch, coordinador estatal de la Policía Federal, y José Rodríguez Pérez, comandante del Batallón 27 de Infantería, además de una estructura de inteligencia militar que vigiló, infiltró y dirigió el movimiento de los normalistas.
Informe Pascal, un think tank de inteligencia ciudadana
El Informe Pascal es resultado del trabajo de un grupo independiente de inteligencia ciudadana, integrado por profesionales y activistas sin respaldo institucional ni financiamiento gubernamental. Este grupo ha revisado con rigor cada expediente, cada video, peritaje y testimonios de fuentes abiertas con absoluta discreción. Su metodología fue contrastar la narrativa oficial, las versiones mediáticas —incluyendo a quienes se presentan como voces críticas, como Anabel Hernández— y las conclusiones del GIEI, con la evidencia documental disponible en línea.
La reunión de Acapulco: el inicio de la operación
El Informe Pascal, en seguimiento a la evidencia documental del 26 de septiembre de 2014, precisa que a las 09:00 horas se realizó una reunión en la Base Vértice de Acapulco, convocada por Omar García Harfuch, entonces coordinador estatal de la Policía Federal. En este encuentro participaron únicamente mandos de la corporación federal, sin la presencia de PGR, Sedena, Policía Estatal ni Policía Ministerial. Allí se dieron las órdenes para reorganizar los autobuses y establecer el cerco a los estudiantes en Iguala.
La Recomendación VG/015/2018 de la CNDH confirma esta convocatoria y deja claro que García Harfuch estuvo presente. Documentos oficiales como la tarjeta informativa número 1358/2014, firmada por Luis Antonio Dorantes Macías, titular de la Estación Iguala, y dirigida al comisario general Antonio Garza García, no sólo mencionan su participación, sino que lo reconocen expresamente como la autoridad que giró órdenes operativas directas. Este documento desmiente su versión pública, en la que aseguró encontrarse ese día comisionado en Michoacán.
La operación, sin embargo, no quedó definida únicamente en la Base Vértice. Horas más tarde, ese mismo 26 de septiembre, tuvo lugar una segunda reunión de mayor envergadura: una sesión de emergencia del Gabinete de Seguridad del Estado de Guerrero, realizada en el C4 de Acapulco. Asistieron representantes de los tres niveles de gobierno: la SEDENA, la Policía Ministerial, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Policía Federal. De acuerdo con testimonios citados por el Informe Pascal, el único punto en la agenda fue categórico: “acabar para siempre con los normalistas de Ayotzinapa”.
Lo que dijo el GIEI (p. 30, folio 28):
“Según los testimonios de los estudiantes que viajaban en los dos autobuses Estrella de Oro, en los dos lugares de boteo había patrullas de la Policía Federal que estaban al tanto de sus actividades y trataron de obstaculizar la toma de autobuses. También los reportes oficiales del C-4 y las declaraciones de agentes del estado ante la PGJ reconocen este monitoreo de las actividades de los estudiantes. A las 17:59 horas, el Centro de Control de la Policía Estatal o C-4 de Chilpancingo, reportó vía telefónica a la Policía Estatal con sede en Iguala la salida rumbo a Iguala de dos autobuses Estrella de Oro con estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, los cuales fueron monitoreados por el C-4 de Iguala”.
Lo que revela el Informe Pascal (p. 27):
“Observación: MIENTE EL GIEI. El GIEI omite mencionar que, la tarde de ese 26 de septiembre de 2014, hubo una reunión urgente de todo el Gabinete de Seguridad de Guerrero en el C4 de Acapulco. Estaban presentes el director de la Policía Ministerial, Almirante Alejandro Salomón Belmar; el director de Seguridad Pública del Estado, teniente y licenciado Leonardo Octavio Vázquez Pérez; y el Comisario Omar Hamid García Harfuch, coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero.”
El siguiente documento es el extracto de la declaración del teniente Vázquez Pérez.
https://docs.google.com/gview?url=https://losangelespress.org/core/lapress/assets/pdfs/2025/08/21/evidencia-11-lovp-sin-censura-100-1-kpp177MxW.PDF&embedded=true
El Informe Pascal revela así la coordinación de mandos civiles y militares desde Acapulco hasta Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2014. A las nueve de la mañana, Harfuch encabezó la primera reunión en la Base Vértice, restringida sólo a la Policía Federal. Horas después, a las siete de la tarde, un segundo encuentro en el C4 o en la IX Región Militar incorporó ya a la SEDENA, la Policía Estatal y la Ministerial, con un objetivo explícito: “los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”. Mientras tanto, a las once de la noche, los testimonios coinciden en la llegada de convoyes ministeriales a Iguala y en la presencia de altos mandos en la Fiscalía Regional. El retén del Tomatal fue testigo del paso de estas caravanas, primero de la Policía Ministerial y el Grupo GERI, y después, ya cerca de la medianoche, de la comitiva encabezada por el procurador Iñaki Blanco. La secuencia, respaldada en múltiples declaraciones, muestra cómo las decisiones tomadas en Acapulco se tradujeron en un rápido despliegue operativo en Iguala esa misma noche.
La siguiente cronología elaborada por Los Ángeles Press reconstruye los pasos del entonces secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, a partir de su propia declaración ministerial. Su testimonio de la noche del 26 de septiembre traza con precisión cómo, desde la primera llamada de alerta alrededor de las diez de la noche, se activó una cadena de órdenes y traslados que lo llevaron de Chilpancingo a Iguala. Entre bloqueos en carretera, ambulancias movilizadas y la llegada a la Fiscalía Regional, su relato ofrece una ventana a las primeras reacciones oficiales frente a los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa.
El testimonio de Vázquez Pérez, por un lado, dibuja la secuencia de órdenes y movimientos de aquella noche en Iguala, pero también deja entrever los vacíos y contradicciones de la respuesta institucional. Mientras asegura haber recibido denuncias que apuntaban al paradero de los estudiantes y que fueron entregadas al Ministerio Público, su declaración evita precisar qué seguimiento se dio a esa información.
En entrevista para Los Ángeles Press, uno de los miembros del grupo Pascal Borne subrayó la necesidad de ubicar la geolocalización de Omar García Harfuch del 26 de septiembre de 2014, a través de sus dos teléfonos celulares oficiales, además de la camioneta blindada con GPS en la que se trasladaba con chofer. “Las llamadas con georreferenciación van a desmentir lo que él ha dicho, —que estuvo en Michoacán, cuando realmente estuvo en Acapulco—, por eso es importante su georeferenciación telefónica, sus gastos de tarjetas, sus gastos de viáticos sometidos a la institución para la que trabajaba”.
El Informe Pascal señala el silencio del GIEI sobre las reuniones cruciales en Acapulco con la presencia de Harfuch y sostiene que el ataque en Iguala no fue un hecho aislado, sino una operación concertada desde los más altos niveles del aparato de seguridad. Además, vincula políticamente al comisario con la Secretaría de la Defensa Nacional, señalando que su ascenso en la seguridad pública respondió a una estrategia militar de control político e, incluso, de anticipación a escenarios de insurrección o golpe de Estado.
En otras palabras, mientras la narrativa oficial reducía los hechos a un operativo local, el Informe Pascal demuestra que desde Acapulco se definió la decisión de Estado que desembocó en la desaparición de los 43 estudiantes.
Claves de la primera entrega
La primera parte de esta investigación demuestra que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no fue producto de un caos local, sino que, de acuerdo con la evidencia analizada, se configura como una operación de exterminio del Estado.
Desde la mañana del 26 de septiembre de 2014, en la Base Vértice de Acapulco, se giraron órdenes precisas para cercar y emboscar a los normalistas. Tres días más tarde, la SEIDO ejecutaba un operativo clandestino para mutilar los videos que mostraban la ruta real de los autobuses. La presencia de mandos militares, la infiltración del soldado Julio César López Patolzin en la normal y la línea de mando que ascendía hasta Los Pinos y la Sedena.
El Informe Pascal identifica que esta estrategia contó con el respaldo político del entonces presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quienes validaron la operación desde el inicio y dieron cobertura al encubrimiento posterior. Documentos oficiales como la tarjeta informativa 1358/2014 también prueban que Omar García Harfuch giró órdenes operativas directas desde Acapulco, lo que muestra que su papel en el caso no fue marginal, sino central, y que su carrera política se sostiene en la impunidad de Ayotzinapa.
