Madrid / Ciudad de México.- La abogada penalista Ana Katiria «N», prófuga en España y sin ficha roja de Interpol, enfrenta graves acusaciones por liderar una red de extorsión judicial en la Ciudad de México, operada con la complicidad de funcionarios de la Fiscalía capitalina y jueces de lo familiar. Pese a las múltiples carpetas de investigación y testimonios de víctimas, las autoridades no han girado ninguna orden de aprehensión.
Ana Katiria «N» se presentaba públicamente como defensora de mujeres víctimas de violencia de género, pero detrás del discurso operaba un esquema de fabricación de denuncias falsas, manipulación de peritajes psicológicos y litigios a modo para obtener beneficios económicos desproporcionados. En varios casos documentados, utilizó acusaciones de violencia familiar o abuso sexual como herramienta de presión para fijar pensiones alimenticias exorbitantes que llegaban hasta 1.5 millones de pesos mensuales.
En un documento que es parte de la evidencia presentada por las víctimas, Ana Katiria «N» exige $275,000 pesos por honorarios iniciales, otros $15,000 mensuales por “cobertura”, y un tercer pago de $275,000 por la vinculación a proceso, cantidades que superan incluso los ingresos anuales de muchas familias mexicanas. Estos cobros desmedidos, presentados como “honorarios profesionales”, formaban parte de una estrategia de presión económica contra los denunciados.
Las denuncias señalan que Ana Katiria «N» operaba con psicólogos y peritos coludidos para fabricar dictámenes a la medida, en los que menores de edad aparecían acusando a sus propios padres sin evidencia sólida, violando protocolos internacionales.
Según la abogada penalista Olivia Rubio, quien ha documentado la operación de esta red, “las víctimas son judicializadas, endeudadas y estigmatizadas públicamente, mientras los verdaderos delincuentes están protegidos por el sistema”. Entre los cómplices señalados está el juez 24 de lo familiar, Alejandro Fernández Hernández, y el abogado Víctor de Aquino, quienes habrían favorecido resoluciones ilegales.
A pesar de la gravedad de los testimonios y las pruebas, Ana Katiria «N» salió de México en diciembre de 2024 y actualmente vive en España, desde donde intenta presentarse como víctima de una supuesta campaña de desprestigio. La realidad es que, hasta hoy, no existe solicitud de ficha roja a Interpol para su localización y extradición, lo que deja a más de una decena de familias sin justicia y con daños emocionales, financieros y sociales irreparables.
