*La medida migratoria contra Eduardo Margolis Sobol ocurre en paralelo a investigaciones en México por contratos públicos, evasión fiscal y tortura judicial.
*Margolis, empresario de blindajes vehiculares, ligado a la era García Luna, enfrenta investigaciones por adjudicaciones irregulares y abusos de poder en EEUU y México.
Por Guadalupe Lizárraga
Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario vinculado durante décadas al sector de blindajes vehiculares y negocios de seguridad privada, relacionado con cuerpos de inteligencia y estrecha cercanía con Genaro García Luna, enfrenta un debilitamiento progresivo. En la última semana de julio, fue notificado formalmente por autoridades estadounidenses de la revocación de su visa. La medida se inscribe en un contexto de endurecimiento de políticas migratorias contra actores asociados a corrupción y lavado de dinero.
La notificación forma parte de un patrón reciente observado con casos de funcionarios públicos mexicanos y empresarios investigados por el Departamento de Estado, y unidades especiales de inteligencia quienes tienen en la mira a políticos del partido en el poder y contratistas con antecedentes de operaciones irregulares.
Investigaciones fiscales: contratos, adjudicaciones y opacidad
En marzo de 2025, el diario La Prensa documentó que Blindajes EPEL S.A. de C.V., empresa históricamente controlada por Margolis, está bajo investigación por tres dependencias federales: la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR). El expediente abierto —CEDAC-004040-2025-FGR— señala posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal sistemática y adjudicaciones irregulares.
Entre 2019 y 2024, EPEL acumuló al menos 55 contratos públicos, con un valor superior a 445 millones de pesos, otorgados por instancias federales y gobiernos estatales. Entre sus principales clientes figuran:
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
- Banco de México
- Consejo de la Judicatura Federal
- Fiscalía General de la República
- Gobiernos estatales de Nuevo León, Chihuahua, Michoacán y Veracruz
La principal hipótesis fiscal apunta a ingresos en efectivo no reportados y triangulación de recursos a través de empresas de papel.
https://docs.google.com/gview?url=https://losangelespress.org/core/lapress/assets/pdfs/2025/08/06/contrato-vehiculo-utilitario-1-diyWhqoDr.pdf&embedded=true
La revocación de la visa y una LLC en la sombra
De acuerdo con fuentes consultadas por Los Ángeles Press, la revocación de la visa estadounidense a Eduardo Margolis estaría relacionada con una Limited Liability Company (LLC). La empresa Epel LLC, registrada en Aventura, en agosto de 2013, podría estar involucrada en operaciones financieras paralelas que permitieron el movimiento de activos desde México a EEUU, y viceversa. Aunque los registros públicos no vinculan directamente a Eduardo Margolis con la empresa de papel, testimonios apuntan a que la revocación obedeció a irregularidades detectadas en su estructura corporativa fuera del país.
La situación negativa de Eduardo Margolis no se limita al plano internacional. En el ámbito empresarial, ha sido desplazado del control operativo de EPEL S.A. de C.V. por su socio Ernesto Mizrahi Haiat, aunque hasta el momento no se ha concretado su liquidación total como accionista. En paralelo, surgió una nueva empresa competidora, Total Shield, presuntamente constituida para eludir pasivos financieros y desviar presión pública.
Su sede histórica en Presidente Masaryk No. 146, en Polanco, ya no figura como su oficina principal, pero Margolis mantiene operaciones en ubicaciones cercanas. Según documentos y testimonios, aún conserva el control sobre una red de empresas que le permiten continuar facturando al gobierno a través de contratos públicos.
A continuación, se presenta una lista de las compañías vinculadas a su estructura corporativa.
Vínculos con el caso Wallace y la era García Luna
Eduardo Margolis también ha sido denunciado por sus vínculos en investigaciones relacionadas con al menos tres de los montajes judiciales más mediáticos: el caso Wallace, el caso Vallarta-Cassez, y el caso George Khoury Layón.
Según testimonios recabados por Los Ángeles Press, Eduardo Margolis mantuvo una relación personal con Florence Cassez, lo que le habría permitido acceder a información interna sobre Israel Vallarta. En diciembre de 2005, Margolis participó en la planeación del montaje televisivo transmitido por Televisa, con Carlos Loret de Mola y Pablo Reinah. Margolis también estuvo presente durante la tortura a Vallarta en el estacionamiento de la PGR, de acuerdo con el Protocolo de Estambul positivo de 205 páginas, en las que su víctima denunció que intervino directamente en las agresiones físicas.
La relación de Eduardo Margolis con Isabel Miranda Torres, la extinta “La señora Wallace”, se remonta a 2001, cuando ambos coincidieron en el CISEN y la AFI, bajo la coordinación de Genaro García Luna. Este vínculo fue determinante en la construcción de versiones judiciales que derivaron en detenciones arbitrarias, torturas, exposición mediática y procesos plagados de irregularidades.
En estos episodios, surge también en el mismo año, 2005, el caso de George Khoury Layón, a quien Margolis mandó detener arbitrariamente para expulsarlo de la zona restaurantera de Polanco. Los policías federales de García Luna, al servicio de Margolis, lo torturaron en 2009, durante la tercera detención arbitraria, además de múltiples actos de tortura en centros federales de reclusión, donde los directores obedecían instrucciones bajo sobornos de Margolis.
El ocaso de una red de poder
Margolis ha perdido gran parte del respaldo político y comunitario que sostuvo durante décadas. Con un historial de salud delicado —incluyendo un trasplante de médula y, más recientemente, un trasplante de riñón que su cuerpo no logró asimilar— actualmente requiere sesiones de diálisis domiciliarias de forma regular. A pesar de este deterioro físico, mantiene su influencia en esferas penitenciarias y judiciales, donde continúa financiando la permanencia en prisión de sus víctimas, a quienes contribuyó a incriminar.
De acuerdo con fuentes cercanas, su comportamiento es errático, su figura pública está desgastada y ya no cuenta con el respaldo que le otorgaba la comunidad judía, entre la que alguna vez gozó de respeto y poder.
Incluso la Fundación Kadime, encabezada por su esposa y sostenida durante años con donaciones de alto perfil dentro de esa misma comunidad, ha reducido significativamente sus operaciones desde inicios de 2024.
