*La denuncia contra Víctor Rosario Sánchez, de la Fiscalía de Chihuahua, por violencia política y acoso laboral, destapa un patrón de abuso.
*A pesar de las denuncias previas y la gravedad de los hechos, la Fiscalía de Chihuahua no ha implementado las medidas de protección a la agente del Ministerio Público denunciante, y el agresor sigue en funciones.
Búho Penal*
(Los Angeles Press).- El caso de Dalia Iveth Reyes Zamarrón, agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Chihuahua que denunció violencia política perpetrada por su superior jerárquico Víctor Rosario Sánchez, es apenas la punta del iceberg. Tras su denuncia a Los Ángeles Press surgieron otros testimonios que revelan un patrón sostenido de hostigamiento, acoso y abuso de poder por parte del coordinador de la Unidad Especializada en Daños y Lesiones.
Documentos oficiales obtenidos vía archivo judicial revelan que desde el año 2009, Víctor Rosario Sánchez ha sido denunciado formalmente ante el Centro de Justicia Alternativa en Cuauhtémoc por agresiones físicas y amenazas contra una mujer. La víctima narró haber sido golpeada y amenazada con dañar a su familia. El antecedente permanece registrado en expedientes oficiales y nunca fue visibilizado al momento de su ingreso al Ministerio Público en la administración del entonces gobernador Javier Corral.
La denuncia de Dalia Iveth Reyes el pasado 9 de julio también promovió movimientos institucionales. La Fiscalía General del Estado admitió la gravedad del caso y, según el testimonio de la afectada, hizo un compromiso verbal de brindarle protección. Sin embargo, no existe hasta la fecha ningún acto administrativo ni acta de acuerdo o notificación oficial para garantizar su seguridad, ante el temor de represalias.
La fiscalía no ha implementado las medidas cautelares y Víctor Rosario Sánchez se mantiene en su cargo, únicamente “de vacaciones”, según fuentes internas. No ha sido separado de sus funciones ni existe ninguna sanción formal en su contra.
Un caso emblemático de violencia política por razón de género
La denuncia de Dalia Iveth Reyes Zamarrón no sólo refleja un conflicto laboral; encarna un caso de violencia política por razón de género, documentado ante el Instituto Estatal Electoral, ya en investigación formal ante el Órgano Interno de Control, bajo el expediente 2025/01C/FGE/DE47.
El patrón de violencia narrado por la agente del Ministerio Público:
- Degradación laboral tras postularse como jueza penal.
- Aislamiento profesional.
- Hostigamiento constante por parte de Víctor Rosario Sánchez con expresiones machistas.
- Remoción de funciones sin justificación, acoso psicológico y violencia simbólica.
El peritaje psicológico oficial practicado recientemente a Dalia Iveth confirma afectaciones emocionales graves, que podrían requerir hasta seis meses de terapia especializada, según el dictamen.
Una carrera marcada por el tráfico de influencias políticas
Víctor Rosario ingresó como funcionario público en el año 2017, bajo la administración del gobernador Javier Corral Jurado, un periodo caracterizado por la fabricación de culpables, persecución política a exservidores públicos, uso indebido del sistema penal acusatorio y la creación de los conocidos “Expedientes X”.
Tras el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea el 27 de marzo de 2017, la fiscalía también fue utilizada para manipular la investigación criminal liderada por Corral, fabricar pruebas y alterar declaraciones ministeriales bajo coacción y tortura.
Uno de los exfiscales corralistas es Francisco González Arredondo quien enfrenta un proceso penal por tortura y violaciones graves a los derechos humanos. No obstante, en este contexto Víctor Rosario Sánchez se ha mantenido operando dentro de la estructura de la Fiscalía Zona Occidente, sin sanciones visibles y con claros signos de protección institucional. Las fuentes, coinciden en señalar la cercanía de Sánchez con una red de respaldos políticos que le han permitido escalar posiciones a pesar de múltiples denuncias laborales, episodios de acoso y señalamientos públicos.
Víctor Rosario Sánchez tiene un historial de agresor dentro de su ámbito laboral. Los testimonios públicos de las agresiones previas datan de 2009, y la falta de medidas disciplinarias ante denuncias formales, le han permitido continuar con su trayectoria en la misma Unidad Especializada de Daños y Lesiones dentro de la fiscalía a la que ascendió en la administración de Corral.
El fiscal general César Jáuregui Moreno y la gobernadora María ugenia Campos Galván son los responsables de abordar las denuncias relacionadas con el caso, garantizando que el proceso se lleve a cabo de manera limpia, transparente y con perspectiva de género.
La Fiscalía de Chihuahua continuará siendo un espacio inseguro para las mujeres, incluso dentro de sus propias filas, mientras no se sancione, remueva o, al menos, se separe del cargo a funcionarios con historial comprobable de violencia contra mujeres.
*Búho Penal es un colectivo de expertos jurídicos y en comunicación en México que ofrecen asesoría legal con enfoque de derechos humanos. Para información comunicarse a buhopenal@gmail.com
