Con una mayoría de 67 votos en pro, 29 en contra y 6 abstenciones y en medio de protestas, el Senado aprobó el dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, considerada por el oficialismo como una pieza central de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024–2030, pero bautizada por la oposición como la “Ley Espía”.
Durante la sesión, el debate trascendió lo legislativo para escalar al plano simbólico: la oposición desplegó en el pleno una manta con la leyenda “Gobierno Espía”, mientras los senadores de Morena respondieron con otra que decía “Genaro García Luna, narcotraficante. Calderón, su jefe”.
El dictamen establece la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, una estructura institucional destinada a coordinar, centralizar y analizar la información generada por todas las instancias de seguridad del Estado mexicano.
Esto incluye a las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, fiscalías, policías estatales y municipales, aduanas, unidades de inteligencia financiera y, en ciertos casos, entidades privadas.
Según el documento aprobado, el sistema operará bajo principios de legalidad, interoperabilidad, respeto a los derechos humanos y control democrático, y tendrá como objetivo anticipar amenazas, prevenir delitos de alto impacto y fortalecer las investigaciones criminales.
“El Estado mexicano requiere inteligencia. Un país sin inteligencia es un país ciego, vulnerable y reactivo”, señala el dictamen, que subraya la necesidad de consolidar un modelo de seguridad basado en inteligencia estratégica.
Uno de los puntos más sensibles de la legislación es la interconexión obligatoria de todas las bases de datos públicas relacionadas con seguridad, como registros vehiculares, biométricos, telefónicos, fiscales, de armas, salud, comercio, telecomunicaciones, transporte y propiedad, entre otros.
Tanto autoridades federales, estatales y municipales como actores privados con información relevante estarán obligados a colaborar con el sistema, cuyo centro operativo estará coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de una nueva Subsecretaría de Inteligencia e Investigación.
Además, la Guardia Nacional jugará un papel operativo clave en la ejecución de tareas de inteligencia, en estrecha coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al que podrá solicitar acceso a bases de datos y documentos.
El nuevo marco legal permitirá utilizar productos de inteligencia como insumos para judicializar carpetas de investigación, en coordinación con los ministerios públicos.
Entre los objetivos del sistema destacan:
• Identificar estructuras criminales y su presencia territorial.
• Documentar modos de operación y estrategias financieras.
• Analizar factores políticos, económicos y sociales vinculados al delito.
• Obtener información clave para investigaciones judiciales.
• Priorizar delitos como homicidio doloso, feminicidio, secuestro, extorsión, desaparición forzada, robo al transporte y robo de hidrocarburos.
En el cierre del periodo extraordinario del Congreso, senadores del PRI y PAN acusaron que la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia representa un retroceso autoritario y una amenaza directa a los derechos ciudadanos, mientras que Morena defendió la iniciativa como una herramienta moderna para fortalecer la seguridad pública sin vulnerar libertades.
Félix Salgado Macedonio lanzó críticas a quienes se oponen a la normativa.
“¿A qué le tienen miedo?, seamos francos y sinceros, ¿a qué le tienen miedo?, ¿a la geolocalización para que no los encuentren sus esposas?, ¿a que no les encuentren sus cuentas bancarias en Endorra?, ¿en los países donde existen los paraísos fiscales donde se lava el dinero?”, sostuvo.
Miguel Riquelme, senador del PRI, lamentó que la mayoría oficialista impulsara reformas “engranadas en un solo propósito: instaurar un Estado Policial Militar:
“Es de sorprender que quienes ayer lucharon por garantizar derechos, hoy los arrebatan con reformas engranadas en un solo propósito: instaurar un Estado Policial Militar y en consecuencia un Estado Absolutista. Lamento profundamente que este periodo extraordinario quede enmarcado por procesos legislativos opacos, por dictámenes mal hechos y por la falta de voluntad para construir leyes que realmente sirvan al pueblo de México”, señaló.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN, calificó la nueva legislación como “el último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el gobierno espía”.
“De que es literalmente el último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el gobierno espía. (…) Este periodo extraordinario que hoy concluye va a pasar a la historia como uno de los más obscuros en la historia moderna de nuestro país. Va a pasar a la historia como el periodo extraordinario en el que se consolidó el gobierno espía.
“Y es lo de menos que espíen a opositores, que los espíen a ustedes para disciplinarlos. El problema es que con estas herramientas van a espiar a todas y a todos los ciudadanos mexicanos. Por eso, como hemos votado en contra de toda esta basura, hoy votaremos en contra de la Ley de Investigación e Inteligencia. Y como escribió Orwell hace 77 años, que lo escuche el pueblo de México, el gran hermano te vigila”, afirmó.
Desde Morena, el senador Saúl Monreal desestimó las críticas de la oposición y sostuvo que no se trata de espionaje, sino de “inteligencia legítima” como la que operan democracias consolidadas.
““Quiero dar respuesta a las falacias de la oposición, algunos senadores, senadoras de la oposición, en particular del PAN, han dicho que esto es vigilancia disfrazada o un atentado al federalismo. Nada más alejado de la verdad, primero, no hay espionaje, hay inteligencia legítima como la que operan las democracias que el mundo considera consolidadas. En Estados Unidos existen más de 80 centros de inteligencia que integran información federal, estatal y local para anticipar amenazas.
“En Reino Unido y Francia se combina la inteligencia civil y análisis criminal para prevenir disturbios y delitos. Estas leyes no violan el federalismo, lo fortalecen. Pasamos de un modelo vertical a un federalismo cooperativo donde federación, estados y municipios comparten datos, capacidades y estrategias conjuntas”, aseveró.
Aunque el dictamen aclara que el acceso a datos personales estará sujeto a la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley de Transparencia, legisladores de oposición y organizaciones civiles han advertido sobre el riesgo de uso político o ilegal de la inteligencia, y señalan que el nuevo sistema podría abrir la puerta al espionaje institucionalizado.
En respuesta, el documento legislativo establece mecanismos de control interno, supervisión externa, perspectiva de género y salvaguardas legales para evitar abusos.
Asimismo, se prevé que el nuevo sistema fortalezca la cooperación internacional, particularmente con Estados Unidos, mediante acuerdos como el Entendimiento Bicentenario.
La legislación forma parte del nuevo modelo de seguridad del gobierno federal, basado en cuatro ejes:
1. Atención a las causas sociales de la violencia.
2. Consolidación de la Guardia Nacional con enfoque de derechos humanos.
3. Fortalecimiento de la inteligencia e investigación.
4. Coordinación plena del gabinete de seguridad con estados y municipios.
Aprueba Senado nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
En la misma sesión, el Senado aprobó on 88 votos en pro y 16 en contra la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alineada con la Estrategia Nacional 2024–2030 impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los panistas Marko Cortés, Lilly Téllez y Laura Esquivel, votaron en contra.
La legislación busca fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno, consolidar a la Guardia Nacional con enfoque civil y de derechos humanos, y crear un sistema nacional de inteligencia operado desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El nuevo marco legal apuesta por la prevención, la profesionalización policial, la interoperabilidad de datos y la participación ciudadana, bajo principios como legalidad, eficiencia y perspectiva de género.
Ambos decretos se turnaron al Ejecutivo para su publicación.
