El pleno Senado aprobó en sentido positivo con 75 votos en pro y 34 en contra el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que expide una nueva Ley de la Guardia Nacional y reforma diversos ordenamientos vinculados a las Fuerzas Armadas y a la seguridad nacional.
Esta legislación, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa una reconfiguración profunda del modelo de seguridad pública federal, al consolidar el carácter militar de la Guardia Nacional y redefinir su estructura, funciones y régimen jurídico.
La nueva ley abroga la legislación vigente y adapta el marco jurídico al decreto de reforma constitucional publicado el 30 de septiembre de 2024.
El nuevo ordenamiento define a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública permanente, profesional, integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Aunque se integrará también con personal civil de confianza para tareas técnicas y administrativas —regido por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado— el mando operativo y estratégico recaerá en la estructura militar.
La presidenta de la República ostentará el Mando Supremo, mientras que el Alto Mando corresponderá a la persona titular de la Sedena.
La Guardia Nacional será la encargada de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito federal.
Además, se establece un robusto sistema de coordinación entre esta fuerza y los organismos de inteligencia del Estado mexicano, como el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información.
La Sedena asume formalmente funciones en materia de generación, procesamiento y uso de inteligencia para advertir riesgos y prevenir amenazas a la seguridad nacional.
La discusión sobre el futuro de la Guardia Nacional polarizó al Senado, donde legisladores de distintas bancadas fijaron sus posturas respecto al mando de esta corporación, entre acusaciones de militarización y llamados a preservar su carácter civil.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, reiteró el rechazo de su bancada a cualquier iniciativa que implique fortalecer el control militar sobre tareas de seguridad pública.
“Hoy lo reiteramos, la militarización es una salida falsa para escapar del espiral (0:09) de violencia y de inseguridad y no contribuye en absoluto a la construcción de la paz”, afirmó.
Desde el Partido del Trabajo, la senadora Lizeth Sánchez defendió la reforma impulsada por el oficialismo y negó que implique una militarización:
“Y es importante subrayarlo con toda claridad, el mando de la Guardia Nacional sigue siendo. civil como lo ordena el artículo 21 constitucional. A pesar de las voces que insisten en desinformar, lo cierto es que esta reforma no militariza la seguridad pública, por el contrario, la fortalece con profesionalismo, transparencia y con respeto irrestricto a los derechos humanos”, señaló.
En contraste, Karla Toledo, senadora del PRI, sostuvo que la estrategia de militarización ha fallado.
“En el grupo parlamentario del PRI, estamos claros que la militarización no ha traído paz, ha traído miedo, ha traído abusos y una falsa sensación de control, tal pareciera que mientras los cárteles se arman, el gobierno se arrodilla. Mientras la delincuencia organizada impone reglas en colonias y comunidades, a la Guardia Nacional la están utilizando para intimidar a los adversarios, reprimir protestas, vigilar opositores e inclusive hasta para impedir eventos culturales”, aseguró.
Por parte del PAN, el vicecoordinador Enrique Vargas recordó declaraciones pasadas de legisladores de Morena en contra de la militarización y las contrastó con su postura actual.
Al presentar un video con dichos de integrantes del oficialismo, Vargas cuestionó la congruencia del partido en el poder.
“En donde muchos políticos de Morena decían esto. Adelante, primer video, por favor.
“(Inicia Video La pregunta es si la militarización de las tareas de seguridad pública van a resolver los problemas de violencia y de inseguridad. Y es claro que no. El Ejército es una institución entrenada para la guerra. Qué temporal, legal o no, la van a poner a hacer tareas de seguridad pública con los riesgos que ello lleva.
“Hay una violación de derechos humanos en este país que se intenta fortalecer al darle más poder a las fuerzas militares con mucha responsabilidad. Digo que prácticamente esta sería la puerta a instaurar un fascismo. Es esa necedad de meter al Ejército donde no debe de estar y poner en riesgo al país. (Termina Video).
“En esta tribuna, Morena decía todo lo contrario de lo que hoy quieren votar. (0:59) Yo les hago un llamado con mucho respeto porque esta no es la solución para la seguridad pública en México”, refirió.
La reforma prevé que los elementos de la Guardia Nacional estén sujetos a la jurisdicción penal militar cuando incurran en faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones militares, mientras que serán procesados en tribunales federales cuando las conductas delictivas correspondan a su función como policías.
Se establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la propia Guardia Nacional, dentro de sus competencias, siempre bajo la conducción y mando del primero.
Asimismo, esta institución formará parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Entre las atribuciones conferidas a la Guardia Nacional destacan:
• Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas.
• Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas.
• Garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social.
• Realizar labores de investigación e inteligencia para la prevención del delito.
• Ejecutar investigaciones bajo el mando del Ministerio Público.
• Colaborar temporalmente en tareas de seguridad pública estatal o municipal, mediante convenios.
• Obtener y procesar información conforme a lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La ley regula expresamente la participación de la Guardia Nacional en la intervención de comunicaciones privadas en investigaciones criminales, condicionándolas a una autorización judicial previa, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Esta disposición busca asegurar que toda actuación de esta naturaleza se someta a control jurisdiccional estricto y respete los derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso.
En caso de que las pruebas obtenidas vulneren derechos o se recojan sin las formalidades legales, estas serán consideradas inválidas, garantizando la integridad del proceso judicial.
Además de expedir la nueva Ley de la Guardia Nacional, el dictamen aprobado contempla reformas, adiciones y derogaciones a un amplio conjunto de normas:
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
• Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
• Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
• Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
• Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
• Código de Justicia Militar
• Código Militar de Procedimientos Penales
Con esta legislación, el gobierno federal avanza en la consolidación de una fuerza de seguridad nacional de carácter militar, bajo una lógica centralizada y de coordinación interinstitucional en tareas de inteligencia, prevención e investigación de delitos.
El decreto se envió al Ejecutivo Federal para los efectos legales que correspondan.
Sedena toma el control, Senado aprueba Guardia Nacional con mando y estructura militares
