En medio de acusaciones de la oposición de persecución e invasión a la privacidad de los ciudadanos, el pleno Senado aprobó esta noche la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, con lo que se dota de mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF para investigar y congelar cuentas ante la presunción de posibles delitos que impliquen operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, los senadores aprobaron esta ley donde se eliminó del dictamen toda referencia a terrorismo, como se establecía en el proyecto original.
“Era una modificación innecesaria”, explicó la senadora morenista, Lucía Trasviña al plantear esta reserva para eliminar ese concepto donde se planteaba que la UIF podría investigar y congelar cuentas sospechosas de financiar actividades terroristas.
La reforma amplía significativamente el marco de vigilancia financiera al incorporar como Personas Políticamente Expuestas (PEP) a legisladores, integrantes de órganos autónomos, juzgadores, fiscales, policías, secretarios de Estado y todo tipo de servidores públicos de los tres niveles y poderes de gobierno.
La Secretaría de Hacienda vigilará las operaciones de sectores denominados vulnerables tales como el inmobiliario, fideicomisos, comerciantes de arte, criptomonedas y vehículos de lujo, así como de Personas Políticamente Expuestas o aquellas personas relacionadas con las mismas.
Asimismo será responsable de elaborar y mantener actualizado un listado nominativo de las personas clasificadas como PEP y podrá solicitar directamente información financiera y patrimonial a las entidades públicas sin requerir orden judicial.
Las dependencias federales, estatales, municipales y órganos autónomos deberán enviar sus respectivos listados a Hacienda.
Además, la reforma obliga a monitorear intensivamente las operaciones financieras de las PEP, sobre todo en actividades de alto riesgo como casinos, joyerías, compraventa de bienes raíces, automóviles, obras de arte, préstamos y donativos, entre otras consideradas “actividades vulnerables”.
Las instituciones deberán implementar manuales y sistemas automatizados de seguimiento.
El PAN a través de la senadora, Guadalupe Murguía calificó como grave que la Secretaría de Hacienda pueda acceder sin orden judicial a información financiera, personal y digital de cualquier ciudadano.
Dijo que esta facultad vulnera la privacidad y los derechos fundamentales de las personas, y que la reforma impone mayores cargas a los pequeños negocios al exigirles más recursos y capacitación sin garantizar el debido resguardo de datos.
“Es preocupante que la Secretaría de Hacienda pueda solicitar información a cualquier autoridad federal, estatal, entidad pública, bancos, al INE, a los Oples en los estados, gobiernos estatales, desde luego la Comisión Nacional de Valores y sobre todo involucrarse en la información, en nuestra información digital, la de cualquier persona, pudiendo acceder r a archivos, llamadas, documentos, fotografías, información financiera, lo cual vulnera gravemente la privacidad y los datos personales”, advirtió
PERSECUCIÓN
Por parte del PRI, la senadora Claudia Anaya acusó que la reforma persigue a sectores vulnerables e informales más que al lavado de dinero propiamente dicho.
Señaló que se reducen los umbrales para que ciertos movimientos financieros en efectivo sean considerados sospechosos, afectando a pequeños negocios, asociaciones religiosas y ciudadanos sin actividad empresarial formal.
Criticó que mientras se endurece la fiscalización a los ciudadanos, el gobierno no ha actuado contra bancos señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
“Inicia una persecución, a mi punto de vista, contra la informalidad, no contra el lavado de dinero. (…) Resulta que nadie ve en este país los grandes movimientos de lavado de dinero que ya nos dijo el Departamento del Tesoro, que tres bancos mexicanos van a tener suspensión de actividades en Estados Unidos por lavado de dinero”, acusó
Desde Movimiento Ciudadano, la vicecoordinadora Alejandra Barrales expresó su preocupación por el uso discrecional de las nuevas facultades que se otorgarían a la UIF , especialmente la posibilidad de acceder a datos personales y financieros sin orden judicial.
También cuestionó la ambigüedad de la definición de “personas políticamente expuestas” y el riesgo de que se vigile a sus allegados y trabajadores.
Si bien respaldó el combate al crimen organizado, advirtió que esta reforma puede convertirse en un “boomerang” contra quienes hoy la impulsan.
“Yo quiero concluir invitándoles a reflexionar, a replantearse esta iniciativa que pone en riesgo la privacidad de las y los mexicanos, incluida la suya propia, y que podamos atemperar este tipo de medidas.
“Sí, desde Movimiento Ciudadano decimos sí al combate al crimen organizado, sí al combate a su financiamiento, pero decimos no a meterse en la privacidad de las y los mexicanos”, reprochó
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, defendió la iniciativa al asegurar que fortalece la capacidad del Estado para combatir la delincuencia económica, el lavado de dinero y la impunidad.
Afirmó que se trata de una reforma responsable que busca garantizar la estabilidad del sistema financiero mexicano, cumplir con estándares internacionales y proteger la economía nacional.
Entre las consideraciones más relevantes del dictamen, está que se otorgan mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual será reconocida como víctima en casos de lavado de dinero cuando se utilicen instituciones del sistema financiero, permitiéndole participar activamente en investigaciones y procesos penales, junto a la Fiscalía General de la República (FGR).
De hecho, la FGR deberá notificar a la UIF cuando detecte operaciones sospechosas para fortalecer las denuncias, ejercer acción penal y rastrear redes criminales.
Asimismo, se obliga a partidos políticos y sindicatos a notificar a la UIF si detectan posibles operaciones de blanqueo de capitales.
El INE proporcionará a Hacienda información sobre partidos, coaliciones y candidaturas, mientras que las secretarías del Trabajo, en sus ámbitos federal y local, deberán entregar datos sobre los sindicatos y sus dirigentes.
Una adición al artículo 51 de la ley establece que las instituciones públicas deberán entregar a Hacienda toda la información, documentación e imágenes requeridas en el ejercicio de sus funciones, sin reservas.
Finalmente, se elimina la obligación del Ministerio Público de demostrar dolo específico para sancionar a sujetos obligados que proporcionen información falsa o alterada en los avisos de actividades vulnerables, facilitando así el combate a la evasión.
