El Instituto Nacional Electoral (INE) excluyó del cómputo nacional los resultados de 11 casillas en Chiapas, Guerrero y Michoacán debido a inconsistencias en el número de sufragios emitidos, que rebasaron el 100% de las listas nominales correspondientes.
Las anomalías, detectadas en la elección judicial extraordinaria del pasado 1 de junio, son consideradas por el organismo como indicios de irregularidades aritméticamente insostenibles.
Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es la autoridad facultada para declarar la nulidad de votos, el INE, como parte de su responsabilidad en el proceso de validación del cómputo nacional, determinó excluir estas casillas para garantizar la integridad de los resultados que serán enviados a la Sala Superior.
“Se trata de votaciones cuya magnitud resulta incompatible con los registros oficiales”, sostiene el proyecto técnico discutido por el Consejo General.
En particular, la casilla con el porcentaje más elevado fue la número 627, del distrito 11 de Michoacán, donde se contabilizaron 770 votos, aunque la lista nominal indicaba un total de 754 personas, lo que equivale a una participación del 102.12%. Casos similares se detectaron en Chiapas y Guerrero, donde varias casillas también superaron el umbral del 100%, sin justificación válida.
En Chiapas, seis casillas serán anuladas. Tres de ellas corresponden al distrito 7 de Tonalá. Una de las más destacadas es la casilla 657 básica, en la que se registraron 1,020 votos, cuando el listado nominal era de 1,001 personas, una participación del 101.90%. También se registraron anomalías en los distritos de Bochil y Las Margaritas, con votaciones que alcanzaron o superaron ligeramente el 100%.
A pesar de estas inconsistencias puntuales, Chiapas fue uno de los estados que registró la participación más alta en esta elección, con un 16%, por encima del promedio nacional, y una baja incidencia de votos nulos o boletas en blanco.
En Guerrero, se detectaron votaciones atípicas en cuatro casillas: dos del distrito 3 de Zihuatanejo, una más en Chilpancingo y otra en Ciudad Altamirano.
En este último punto, el proceso electoral ya había sido objeto de preocupación por parte de las autoridades debido a la intervención del crimen organizado, lo que llevó a la suspensión de casillas incluso antes del día de la votación. En la casilla 550 de esa localidad, votaron las 206 personas registradas en la lista nominal, lo que representa un 100% de participación exacta, un fenómeno estadísticamente inusual.
En tanto, la casilla 1697 de Chilpancingo reportó un nivel idéntico de participación perfecta, con 357 votantes registrados en el padrón y el mismo número de sufragios emitidos.
El análisis de los resultados incluye también menciones a otras formas de posibles anomalías, aún bajo revisión.
Entre ellas, las llamadas “casillas zapato” —en las que se registra un solo voto a favor de una candidatura, lo que puede levantar sospechas de manipulación— y otras donde se detectaron incidentes como la presunta entrega de “acordeones” con instrucciones de voto. Estos casos todavía no tienen una resolución definitiva, ya que en varios de los apartados del dictamen aún falta completar la información.
Uno de los elementos que también ha generado inquietud en el INE es la velocidad con la que se habría tenido que emitir cada voto en ciertas casillas con participaciones superiores al 50%. De acuerdo con las proyecciones de tiempo, en algunos lugares sería físicamente inviable que esa cantidad de personas hubiera acudido y sufragado durante la jornada electoral ordinaria, lo que motivó el inicio de una revisión adicional.
En contraste, en tres casillas de los estados de Michoacán, Guerrero y Sinaloa también se registraron votaciones superiores al 100%, pero en esos casos el INE determinó que la situación fue justificable. Se trató de votantes que, debido a la reubicación temporal de sus casillas o a situaciones excepcionales autorizadas previamente, fueron canalizados a centros de votación alternos, lo que explica el desfase entre la lista nominal y la cantidad de votos depositados.
A pesar de que se trata de un número reducido de casillas —11 en total—, el INE subrayó que este tipo de inconsistencias compromete la credibilidad del proceso si no se actúa con firmeza. De ahí que la decisión de eliminar sus resultados del cómputo general busca blindar el proceso electoral frente a prácticas irregulares o a posibles intentos de manipulación del voto.
El Consejo General del INE prevé reanudar la discusión del dictamen una vez que se complete la información faltante en algunos apartados. La resolución final sobre el impacto jurídico de estos casos recaerá en la Sala Superior del TEPJF, que determinará si se ratifican o se revocan las decisiones preliminares adoptadas por la autoridad electoral.
