*Tras revelación sobre cancelación de visa, crecen versiones sobre posible licencia de la gobernadora de Baja California, mientras su esposo es vinculado de manera aún informal de vínculos con el crimen organizado.
(Los Angeles Press) Baja California, México – La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta una creciente presión política luego de que ella misma confirmara públicamente la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos. En medio del escándalo, han comenzado a circular versiones al interior de su propio equipo de gobierno sobre la posibilidad de que la mandataria solicite licencia al cargo.
Aunque la revocación del visado fue reconocida por la propia gobernadora en días recientes, los efectos políticos y diplomáticos del caso continúan intensificándose. De acuerdo con fuentes cercanas al gabinete estatal, Ávila Olmeda habría recibido la notificación desde la semana pasada, pero pidió a autoridades estadounidenses mantener discreción hasta la conclusión del Tianguis Turístico binacional entre Tijuana y San Diego, a fin de evitar que el tema afectara el desarrollo del evento.
El escándalo inició tras conocerse que su esposo, Carlos Torres —identificado por fuentes militares como operador financiero del gobierno estatal— había sido objeto de cancelación de visa antes que ella. Torres ha sido vinculado de manera informal a presuntos nexos con el crimen organizado, lo que habría generado una mayor preocupación en Washington respecto a la administración estatal.
En este contexto, la posible solicitud de licencia por parte de la gobernadora comienza a sonar con más fuerza, especialmente ante lo que se interpreta como una pérdida de interlocución directa con autoridades estadounidenses, clave para un estado fronterizo como Baja California, cuya economía, comercio y cooperación en seguridad dependen de la relación bilateral.
El caso también ha coincidido con la llegada del nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, quien asumió oficialmente su cargo esta semana. Su arribo ocurre en un momento de tensiones crecientes, no solo en Baja California, sino también en otros frentes, como el de Matamoros, Tamaulipas, donde el alcalde —también del partido Morena— enfrenta una situación similar.
La presidenta de México ha solicitado de manera formal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explicaciones sobre la cancelación de visas a funcionarios públicos mexicanos, medida que ha calificado como “unilateral”. Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha emitido una postura oficial, sosteniendo que las decisiones migratorias se toman conforme a su legislación interna.
Marina del Pilar ha denunciado que parte del ataque en su contra responde a violencia política de género, sin embargo, el curso de los acontecimientos sugiere que el caso podría tener consecuencias políticas más profundas. La eventual solicitud de licencia abriría un nuevo capítulo en el escenario político de Baja California y en la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
