El Sector empresarial y organizaciones ciudadanas, advirtieron que la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, en las condiciones actuales, constituye un error histórico que pone en riesgo la impartición de justicia, la legalidad y la estabilidad democrática de México.
“En esta elección, sin representación en casillas, la observación ciudadana será la única línea de defensa de la legalidad electoral. La historia recordará si la sociedad actuó con firmeza o si permitió que la justicia fuera tomada por intereses ajenos al derecho”, sentenciaron
El presidente de Coparmex, Juan José Sierra, consideró que México necesita un Poder Judicial confiable, pero la justicia no puede estar sujeta a cálculos políticos
En tanto, Arturo Espinosa Solís, director del Laboratorio Electoral, aseveró que las elecciones han perdido legitimidad.
“Desde la sociedad civil hemos acusado, hemos señalado, candidatos con antecedentes que incumplen los requisitos de idoneidad”, recalcó.
COPARMEX y las organizaciones Juicio Justo, Laboratorio Electoral y Defensores, A.C., presentaron el plan de acción para la observación electoral judicial y anunciaron que desplegarán una estrategia conjunta para vigilar el desarrollo del proceso, la votación y el conteo de votos.
Por ello, llamaron a la ciudadanía organizada a sumarse a esta vigilancia activa para documentar anomalías, prevenir irregularidades y fortalecer el último contrapeso ciudadano en un proceso sin representación en casillas ni transparencia operativa.
Durante su intervención, Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX, estableció que México necesita un Poder Judicial confiable, pero la justicia no puede estar sujeta a cálculos políticos.
Dijo que no están en contra de modernizar el Poder Judicial, pero sí a favor de un sistema de impartición de justicia basado en el mérito, la legalidad y la independencia.
Recalcó que la Observación Electoral debe ser una herramienta ciudadana y no un instrumento de simulación, por lo que exigió se apliquen las sanciones y acciones que correspondan conforme a la ley para quienes, bajo el disfraz de observadores electorales, en realidad representan intereses partidistas.
Miguel Alfonso Meza, activista y presidente de Defensores, A.C., hizo un llamado a la ciudadanía para no permanecer al margen frente al deterioro institucional:
“Como ciudadanos, aunque no estemos de acuerdo con esta situación, tenemos que hacer una resistencia moral activa, una resistencia política activa. Tenemos que involucrarnos”, demandó.
Con una reducción del 50% de casillas, una boleta técnica compleja y fallas persistentes en la plataforma del INE, el contexto electoral impide a la ciudadanía votar con información suficiente y limita su capacidad de elección informada.
Adicionalmente, el conteo de votos se realizará en consejos distritales, sin cadena de custodia efectiva ni participación de representantes de las candidaturas, lo que abre la puerta a la manipulación de resultados.
El periodo de revisión de diez días, sin vigilancia efectiva, puede ser aprovechado para alterar el resultado final y vulnerar la voluntad ciudadana.
Frente a estos riesgos, COPARMEX y las organizaciones aliadas refrendaron su compromiso de desplegar observadores en todo el país, documentar cada etapa del proceso, evaluar el cumplimiento de la ley por parte de las autoridades electorales y analizar la idoneidad de los perfiles ganadores.
