Con más pena que gloria concluyó un periodo en el Congreso, donde privilegiaron la retórica en pro del maíz y la soberanía nacional y nada hicieron contra la violencia que carcome nuestras libertades. El cierre de sesiones ordinarias este miércoles resultó ser desolador en el balance, ajeno a la construcción de respuestas legislativas para el terror que se vive en el país frente al crimen organizado. Ni siquiera porque la narcopolítica es el tema de la agenda bilateral con Estados Unidos hubo un esfuerzo serio por concretar las iniciativas de ley de seguridad enviadas por la presidenta Sheinbaum. De la prisa que los diputados de Morena declararon tener para reformar la coordinación y emitir un ordenamiento en materia de inteligencia, pasaron al pasmo y a la espera de nuevas instrucciones.
El coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal, ofreció atender los señalamientos de la oposición que consideró violatoria de derechos la propuesta de centralizar los datos biométricos y telefónicos. Pero, en los hechos, nunca se conocieron las propuestas que el PAN, MC y Morena habían formulado, se dijo, para mejorar las leyes que le urgen al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Tampoco se supo en qué consistían los ajustes que la Presidencia quería hacerle a los dos dictámenes que serían votados el 20 de marzo y que envió como urgente prioridad del periodo, el 13 de febrero. ¿Influyó la solicitud de la secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, de que México le comparta a EU información biométrica? ¿O fue el rechazo de las Fuerzas Armadas a darle al secretario García Harfuch los instrumentos que necesita para desmantelar las redes criminales?
La única certeza es que la Cámara de Diputados abdicó de mejorar esas dos leyes que tanto importan. Y sigue esperando línea. Esa indolencia se dio hacia todas las iniciativas relacionadas con víctimas de la ola criminal, aun cuando el rancho Izaguirre obligó a los legisladores a recibir a los colectivos de búsqueda.Los testimonios de dolor se escucharon en la Cámara, dando paso a iniciativas que buscan desnormalizar el hecho de que el crimen organizado sea hoy un patrón que contrata, secuestra y destruye a sus empleados.
A las seis propuestas presentadas por representantes del PAN, PRI y PVEM, el día de la clausura del periodo se sumó una más de la diputada de Morena Meggie Salgado Ponce, para cambiar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal Federal, a fin de combatir la trata, la explotación sexual y laboral, y el reclutamiento infantil para fines delictivos.
“En nuestro país, se carece de una tipificación del reclutamiento como figura delictiva independiente, sin embargo, aparece descrita parcialmente. Pero no basta solamente con esa descripción parcial, ya que la conducta no sólo es la privación de la libertad y que obliguen a cometer delitos, va más allá, puesto que es proceso de deshumanización y adiestramiento”, argumentó Kenia López Rabadán (PAN). “Si bien es cierto que el tipo penal prevé el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas, éste no alcanza a atender la gravedad del tipo penal de reclutamiento forzado, como un medio por el cual se le priva de la libertad a una persona menor de 18 años y lo obligan a formar parte de una organización criminal, a cambio de su vida. Asimismo, se advierte que la pena máxima por este delito es 12 años”, plantea la iniciativa de la bancada del PRI, que lidera Rubén Moreira.
“A largo plazo, los menores utilizados por el crimen organizado comienzan a presentar problemas de salud mental derivados del trauma vivido, como trastornos de estrés postraumático, depresión y ansiedad. Además, el ciclo de violencia y criminalidad perpetúa una cultura de impunidad y desconfianza en las instituciones, dificultando los esfuerzos para poder reintegrar a estos menores a la sociedad”, denunció la diputada Delia María González Flandes (PVEM).
“Según datos de algunas organizaciones civiles, entre 190 mil y 220 mil personas se encuentran relacionadas con el crimen organizado, enrolando en sus filas a muchas más personas que la cadena nacional OXXO, una cifra similar a la nómina que tiene en estos momentos Petróleos Mexicanos. Y al menos 35 mil niños, niñas y jóvenes han sido captados por el crimen organizado por actividades ilícitas”, planteó el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN).
“Los grupos delincuenciales prometen protección, dinero y un sentido de pertenencia a niños que, en muchos casos, crecen en entornos de violencia y marginación. Sin embargo, una vez dentro de estas organizaciones, los menores son sometidos a abusos, explotación y, en muchos casos, son obligados a cometer crímenes atroces”, describió en su iniciativa Guillermo Anaya (PAN).
“Es fundamental que nuestras leyes reflejen un compromiso real con la niñez, asegurando que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a la protección que les corresponde”, declaró la diputada Salgado Ponce (Morena). Pero convertido en lo que la oposición llama una oficialía de partes de la Presidencia, el Poder Legislativo renunció a su responsabilidad de parlamentar para diseñar respuestas que desde el marco normativo trasformen las realidades dramáticas que hoy enfrentan los más pequeños.
Fue tan anodino y negligente el periodo clausurado que esas propuestas quedaron como crueles diagnósticos de una realidad que se busca tapar con propaganda. Tres meses de retórica patriotera sin una sola actualización de un marco jurídico ya rebasado por el imperio de las organizaciones criminales. Y ahora, a esperar hasta septiembre, cuando inicie el segundo año de la legislatura.
Dicen los morenistas que antes, en el verano, habrá periodos extraordinarios, seguramente para sacar la ley censura o para montar un circo contra el expresidente Zedillo.
La realidad, ésa seguirá esperando.
