• Escuchar voces expertas enriquecerá el análisis del Presupuesto de Egresos: diputado Rodríguez Barroso
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), realizó la mesa de diálogo bajo el esquema de parlamento abierto con la temática “Desarrollo económico rumbo al PEF 2025”, en donde se abordaron materias de agricultura, silvicultura y pesca.
Asimismo, economía, comercio y trabajo, ciencia y tecnología e innovación, energía y combustibles, comunicaciones, construcción, minería, ganadería, industria, transporte y turismo.
El diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (PAN), coordinador del Grupo de Trabajo de Desarrollo Económico, afirmó que escuchar diversos puntos de vista y propuestas enriquecerá el análisis del Presupuesto de Egresos para el año próximo. “Las observaciones se integrarán a la propuesta que presentaremos a la Comisión de Presupuesto y exigiré recursos para todas las aristas que se requieran, a fin de potencializar los sectores productivos”.
Comentó que a lo largo de esta jornada se escuchó a expertas y expertos que con su conocimiento enriquecieron la comprensión de los retos que tiene el país y las oportunidades que hay por delante. Destacó la importancia de escuchar todas las voces porque solo a través del diálogo y la colaboración se podrán construir soluciones que respondan a las necesidades de todas y todos los mexicanos y de los estados.
El presidente de la Comisión de Ganadería, diputado Ricardo Gallardo Juárez (PVEM), mencionó que el presupuesto asignado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en 2024 fue de 74 mil millones de pesos, y se prevé para 2025 una reducción de 492 millones de pesos, por lo que ascenderá a 73 mil 600 millones de pesos; ante ello, se pronunció por mantener el presupuesto de esa dependencia para el ejercicio 2025.
Consideró relevante destinar recursos para atender el problema del gusano barrenador, porque si no se ataca a tiempo el país tendrá un bloqueo en el comercio con Estados Unidos, lo que acabaría con la economía de los ganaderos. “Es tiempo de reasignar o etiquetar recursos para que las y los ganaderos, pequeños y medianos productores tengan un mejor presupuesto, porque la ganadería no debe tener frenos políticos ni ideológicos; debe tener apoyo y voluntad para crecer y lograr la seguridad alimentaria de todo México”.
La diputada Betzabé Martínez Arango (Morena) afirmó que las diputadas y diputados respaldan un modelo de desarrollo que integre las voces del sector privado, academia y sociedad civil, porque son los aliados fundamentales para convertir las fortalezas económicas en un motor de progreso para el desarrollo del país. “Los invito a todos a hacer de México un referente para tener un desarrollo sostenible, equitativo y contribuir a un mejor futuro para las próximas generaciones”.
El diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez (PT) reconoció que este tipo de parlamentos enriquecen el debate sobre las acciones a tomar. Se pronunció por generar riqueza desde el sector público, social y privado para atender las urgencias y necesidades sociales, así como las condiciones para la producción y el desarrollo.
Del PAN, el diputado Federico Döring Casar hizo notar que no es fácil encontrar el punto de equilibrio entre lo que da valor agregado y lo que tiene rostro de responsabilidad social, y donde la política se impone por encima de los criterios de la administración responsable del gasto. Advirtió que cuando no se atiende lo importante y solamente lo urgente, irremediablemente lo importante se termina volviendo urgente, por lo que sale más caro atenderlo.
Ponentes
Luis García Castillo, secretario técnico del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, solicitó ampliar recursos al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para apoyar a la ganadería nacional y la contingencia generada por el gusano barrenador. Asimismo, pidió recursos por cuatro mil millones de pesos para programas de fertilizantes y de producción para el bienestar, con los que se apoya a productores de aves, cerdo, carne de res, leche, así como a pequeños ganaderos.
Christopher Cernichiaro Reyna, investigador de México Evalúa, subrayó que el gasto público para inversión física que se proyecta para 2025 es menor al aprobado en 2024, lo que traerá consecuencias en el largo y corto plazos. Señaló que hay varios canales por los cuales dicha inversión puede incidir en la actividad económica y en el bienestar de las personas. Más allá del gasto en inversión pública, es importante las condiciones que den las autoridades, no solo federales, sino las estatales y municipales, para estimular la inversión privada.
Carlos Vázquez Vidal, investigador senior de México Evalúa, resaltó la importancia de incrementar el gasto de inversión de la CFE porque de no hacerlo se podría obstaculizar la satisfacción de la demanda de energía eléctrica, lo cual podría terminar en apagones sistemáticos. Respecto a Pemex, dijo que es la empresa productiva más endeudada y se propone que obtenga un superávit presupuestario por alrededor 240 mil millones de pesos, con lo cual pueda sanear sus finanzas; pero, sin inversión va a ser complicado que pueda cumplir con sus metas productivas.
Iris Pozo Molina, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios, propuso fomentar el emprendimiento y la innovación, así como promover la educación en habilidades empresariales y tecnológicas desde el nivel básico. Es importante, dijo, impulsar la competitividad en todos los sectores, apoyando políticas que faciliten el acceso a créditos con tasas accesibles y, así, contar con fondos de inversión orientados a proyectos de innovación.
Rafael Espinosa Méndez, del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), planteó incrementar el presupuesto del sector destinando el 5 por ciento del PIB y que el Plan Nacional Hídrico y el Acuerdo Nacional sobre el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad avancen hacia la seguridad hídrica. Añadió que se debe contar con una Ley General de Agua que abrogue la vigente; crear la Secretaría del Agua, y ampliar el IMTA a zonas hidrológicas para atender los problemas más urgentes.
Lilian Ibarra Retana, directora del Patronato para el Desarrollo Agropecuario de Guanajuato, indicó que se debe fortalecer y aplicar un presupuesto preciso para promover la agricultura sostenible que satisfaga la demanda de alimentos y proteja el medio ambiente. También, diversificar los mercados y lograr el acceso a nuevos y promover productos mexicanos, con denominación de origen que eleven la calidad a estándares internacionales.
Diego Díaz Pérez, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), refirió que la infraestructura es fundamental para el desarrollo económico y para incrementar la competitividad; sin embargo, a pesar de su importancia, el recurso asignado presenta una tendencia a la baja. Ante ello, propuso canalizar más recursos para rubros que mejoran la productividad de la fuerza laboral como escuelas y hospitales, que los proyectos de inversión se sometan a análisis costo-beneficio y que haya colaboración público-privada en proyectos de inversión.
José Ricardo Ortiz Gutiérrez, arquitecto y empresario del sector construcción, afirmó que no puede haber desarrollo sin infraestructura, por lo que es necesario modernizar los puertos y las carreteras del país. Solicitó recursos por mil millones de pesos para el mejoramiento y modernización de carreteras e implementar un programa piloto cuya finalidad sea contar con carreteras amigables. Pidió eliminar los camellones y obstáculos centrales que están en las carreteras para ampliar carriles o un carril de emergencia.
Jaime Rogelio Arzate Tapia, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, recomendó un programa de incentivos y presupuesto para la renovación vehicular, con el objetivo de reducir emisiones contaminantes, mejorar la seguridad vial y hacer más competitivo el costo logístico y en ello involucrar a actores clave como las autoridades de movilidad, fiscales y económicas, y enfocarse en pequeños empresarios.
Leslie Areli Badillo Jiménez, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, expresó su preocupación ante las reducciones del gasto público a nivel general. La inversión pública proyectada para 2025 equivale a 2.8 por ciento del PIB, con un total de 996 mil 914 millones de pesos, lo que implicaría una disminución de 14 por ciento y esta cifra está por debajo de las necesidades y lejos del 4 por ciento del PIB que ha recomendado la CEPAL para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un monto como este, incluso, pondría en riesgo el impulso al crecimiento económico.
Invitados
María del Carmen Reyes García, de la Coparmex, señaló que se debe especificar quién opera los recursos, qué instituciones los requiere y cómo se “bajarán”. Dijo que en México hay cuatro millones de pequeñas y medianas empresas que generan el 78 por ciento del crecimiento, por lo que es fundamental conocer las particularidades de los programas que requieren recursos para que lleguen a esas unidades y se impulse el desarrollo económico.
Carlos Gómez Roel, de la Federación de la Pequeña y Mediana Minería, propuso incentivar en el Presupuesto al Servicio Geológico Mexicano o incrementar el Fideicomiso de Fomento Minero, que aún existe, para dar créditos a ese sector. Dijo que no se debe cobrar a la pequeña y mediana minería el mismo impuesto que a la gran minería, de 8.5 por ciento, lo cual es injusto y viola la Constitución, que establece qué es el sector social y qué es el sector privado.Arturo Ortiz Galán, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango, comentó que desde que desapareció el fideicomiso Proméxico los estados no tienen recursos para promover el comercio, por lo que puso sobre la mesa la posibilidad de contar con una bolsa con presupuesto no mayor a mil millones de pesos que sea manejada por un consejo de la Secretaría de Economía, para los estados que deseen hacer promoción comercial fuera del país.
Adrián Villa Santiago, vicepresidente de Coparmex Jóvenes, sugirió implementar un programa de aceleración para Mipymes enfocado a empresas que facturan menos de 800 millones de pesos, con el fin de certificarlas. Estas empresas, agregó, deben comprobar que sus directivos están capacitándose para atravesar la barrera de la supervivencia, enfocarse en el crecimiento y proporcionar entrenamiento constante a sus colaboradores.
Marco Antonio Galindo Olguín, director de Estudios Económicos del Consejo Nacional Agropecuario, señaló que el presupuesto de la Secretaría de Agricultura ha disminuido alrededor de 10 mil millones de pesos respecto a lo aprobado en 2015-2016; y la propuesta plantea poco menos del 0.5 por ciento del recurso total de la Sader para proyectos de fomento productivo. Estimó que todos los productores son importantes, simplemente tienen necesidades diferentes que hay que atender y reconocer.
