Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO
La reciente reforma en materia de inimpugnabilidad busca establecer que las reformas y adiciones a la Constitución no pueden ser impugnadas judicialmente. Esta iniciativa implica una modificación a los artículos 105 y 107 de la Constitución, lo que eliminaría la posibilidad de que la ciudadanía o entidades cuestionen legalmente las reformas constitucionales. La consecuencia directa de esta modificación sería que cualquier cambio realizado por el Congreso sería irrevocable, independientemente de su impacto sobre los derechos humanos o los principios democráticos.
El caso del diputado Pedro Haces Barba ha adquirido relevancia en este contexto. Durante la votación de la reforma, se informó que Haces no estaba presente en la Cámara de Diputados, pero su voto a favor fue registrado, lo que ha generado críticas por parte de opositores, y la sociedad en general, quienes argumentan que el hecho de que se haya registrado un “voto fantasma” representa una violación del procedimiento legislativo.
Haces admitió su ausencia durante la sesión, lo cual contradice la normativa que exige la presencia física para votar en temas que requieren mayoría calificada, pues el Artículo 300, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, establece que “los asuntos que requieran la aprobación por mayoría calificada (…) que sean facultad exclusiva de la Cámara, se desahogarán en sesiones presenciales”; irregularidad que despertó serias dudas sobre la confianza pública y la integridad del proceso legislativo.
Si se confirma la irregularidad en el procedimiento de votación, esto podría tener diversas repercusiones. La validez de las reformas aprobadas en circunstancias irregulares podría ser cuestionada, lo que podría llevar a una crisis institucional. Además, los partidos opositores —como el diputado Erubiel Alonso Que del PRI, o la bancada de Movimiento Ciudadano— han manifestado su intención de presentar acciones legales para impugnar la reforma, lo que podría resultar en un prolongado conflicto jurídico.
La percepción de un sistema legislativo manipulado podría aumentar el descontento social y disminuir la participación ciudadana en procesos democráticos. Asimismo, la falta de consecuencias para actos como el “voto fantasma” podría incentivar futuras irregularidades y abusos dentro del Congreso, debilitando el Estado de Derecho.
El “voto fantasma” de Haces revela las serias implicaciones legales de violaciones al procedimiento de votación. El mismo artículo 300 establece, además, que los asuntos que requieren aprobación por mayoría calificada deben ser discutidos y votados de manera presencial. La ausencia de Haces durante la votación constituye una violación a este reglamento, lo que podría considerarse un “voto ilegal”. Las irregularidades en el proceso de votación pueden llevar a la invalidez de la reforma, según precedentes establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podrían declarar inválidas reformas aprobadas bajo tales circunstancias.
La erosión de la confianza pública en las instituciones democráticas es una consecuencia importante de la violación del procedimiento legislativo. La percepción de que los procesos legislativos pueden ser manipulados afecta la legitimidad del Congreso y su capacidad para representar a los ciudadanos.
La historia reciente de México ha estado marcada por violaciones al procedimiento legislativo, lo que subraya la necesidad de mantener un escrutinio riguroso sobre estas reformas y exigir responsabilidad a quienes ocupan cargos públicos. La reforma de inimpugnabilidad y el caso de Haces Barba representan una alerta sobre las vulnerabilidades del sistema legislativo mexicano y los riesgos que estas implican para la democracia.
APUNTES CLAVE:
DÍA DE MUERTOS: La cancelación del “Festival de la Luz y de la Vida” en Chignahuapan, Puebla, se debió a la inestabilidad provocada por Juan Lira Maldonado, conocido como “El Moco”. Su negativa a aceptar los resultados de las elecciones ha generado tensiones que amenazan la seguridad pública, lo que llevó a las autoridades locales a suspender el evento para proteger a los asistentes. Desde el 15 de octubre, “El Moco” y sus seguidores han protestado frente al Palacio Municipal, lo que ha impedido la realización de festivales culturales. Lira Maldonado es identificado como líder de un grupo delictivo con antecedentes de violencia, lo que ha intensificado la inseguridad en la comunidad. En el marco del Día de Muertos, el gobierno de transición en Puebla ha rendido homenaje a activistas como Julia Salas y Omar Jiménez, quienes lucharon por el acceso al agua en la región. El gobernador electo, Alejandro Armenta, impulsó la instalación de una ofrenda en el expalacio de gobierno, resaltando la importancia de preservar las tradiciones y las luchas de los pueblos originarios. OPOSICIÓN: Legisladores de oposición en la Cámara de Diputados han anunciado acciones legales contra la reciente reforma de inimpugnabilidad, aprobada en una sesión donde el diputado Pedro Haces Barba votó sin estar físicamente presente. Erubiel Alonso Que, del PRI, argumentó que esto viola el artículo 300 del reglamento de la Cámara, que requiere presencialidad para votaciones de mayoría calificada. Alonso Que y otros diputados opositores buscan invalidar la votación, pidiendo la revisión de registros de asistencia y posibles irregularidades //ELECCIÓN: El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un presupuesto de 13 mil 205 millones de pesos para organizar la elección judicial de 2025, que incluirá la renovación de ministros, magistrados y jueces. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el monto es elevado, el INE defiende la cifra como necesaria para cumplir con la reforma judicial y garantizar el proceso en junio. La Suprema Corte de Justicia aún debe revisar la constitucionalidad de esta reforma, lo que podría afectar el destino de los recursos.
