- El INAI ha abierto información sobre casos de corrupción que fue solicitada por periodistas en los cuatro sexenios recientes, recordó Adrián Alcalá Méndez, Comisionado Presidente del Instituto.
- El INAI impulsa la divulgación de los beneficiarios finales de los contratos de obra pública y promueve la transparencia proactiva, el gobierno abierto y la cultura de la legalidad, añadió.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha contribuido al combate a la corrupción en México con resoluciones que favorecen el derecho de acceso a la información de la sociedad y en la promoción de la rendición de cuentas mediante el fortalecimiento de la transparencia del quehacer público, dijo Adrián Alcalá Méndez, Comisionado Presidente del INAI, durante la Octava Jornada contra la Corrupción realizada en Mexicali, Baja California.
Alcalá Méndez recordó que gracias a solicitudes de información y recursos de revisión presentados por periodistas se han dado a conocer y documentado casos de corrupción de los cuatro sexenios recientes, relacionados con desvíos de recursos públicos y en donde han estado implicadas distintas fuerzas políticas, como el “Toallagate” en el gobierno de Vicente Fox Quesada, La Estela de Luz en el de Felipe Calderón Hinojosa, La Estafa Maestra y La Casa Blanca en el de Enrique Peña Nieto o Segalmex en el de Andrés Manuel López Obrador.
En su conferencia titulada “Transparencia y gobierno abierto en el combate a la corrupción”, el Comisionado Presidente del INAI recordó que cuando se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública “se estableció una cláusula muy potente: que no se considera información clasificada como reservada la que tenga relación con actos de corrupción o violaciones graves a derechos humanos. (…) Es importante aplicar esa disposición legal, que no se considera información reservada aquella que tenga relación con actos de corrupción. Esto ha permitido que la transparencia cobre otro sentido para el escrutinio público”.
Otra medida impulsada por el INAI para el combate a la corrupción es la publicación de los beneficiarios finales, que son las personas físicas que están detrás de las empresas o personas morales que obtienen cuentas, contratos, operaciones o títulos legales de parte de los gobiernos.
“En materia de industria extractiva, México se adhirió en 2019 a esta alianza para transparentar los beneficiarios finales, es decir, las mineras y las petroleras tienen que publicar esta información”, dijo.
El INAI, como institución integrante del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), participa de distintas acciones emprendidas desde este espacio de coordinación interinstitucional para detectar redes de corrupción en las contrataciones públicas.
Adrián Alcalá recordó que en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los costos de incurrir en actos de corrupción ascendieron a 11,911 millones de pesos. En promedio, dijo, cada habitante desembolsó 3,368 pesos por concepto de corrupción.
Según la misma fuente, añadió Alcalá, el 86.7% de las personas encuestadas consideró que los actos de corrupción fueron frecuentes o muy frecuentes en eventos que involucran a autoridades de seguridad pública (policías).
Otra forma en que el INAI impulsa el combate a la corrupción es fomentando la transparencia proactiva, el gobierno abierto y la cultura de la legalidad en todos los niveles de la administración pública, lo que a la postre genera confianza entre la población. Toda acción de transparencia contribuye a recuperar la confianza en las Instituciones y autoridades públicas, dijo el Comisionado Presidente del INAI.
La Octava Jornada contra la Corrupción fue organizada por la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del Gobierno de Baja California.
Coincidieron con Alcalá Méndez, la Secretaria de Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas; el Auditor Superior de Baja California, Arnulfo Zárate Chávez; el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Baja California, Javier Guadalupe Salas Espinoza; el Oficial Mayor de Baja California, David Cervantes Aguilar, y la Jefa de la Unidad de Transparencia de Mexicali, Daniela López Gastélum.
