Intocables era un término que se quedaba corto, hay juzgadores que se sentían puros y hasta dioses.
¿Cuándo dejaron de serlo? ¿Cuándo dejaron de levitar? ¿Cuándo perdieron su aureola? ¿Cuándo pisaron tierra y empezaron a preocuparse del mundo real que los rodea?
Ni los propios medios de comunicación se atrevían a tocarlos con el pétalo de una rosa, no se fueran a molestar y desatar su furia. Solo hay que revisar la hemeroteca para comprobarlo, salvo que alguno perdiera la bendición presidencial o cayera en un escándalo inocultable. Se le daba la opción del retiro, sin llegar al confinamiento, aunque lo mereciera.
Con la Cuarta transformación no fue la primera vez que el gobierno había intentado obligarlos a tener un ingreso menor al presidencial.
Sucedió en la segunda etapa del panismo en el poder. El senado fue punta de lanza, cuando la bancada priísta, sin ser mayoría, coordinada por Manlio Fabio Beltrones, trabajó la idea generada desde la residencia oficial de Los Pinos, seguido por el grupo de legisladores panistas.
Se avanzó a tal punto que los dioses se vieron obligados a bajar del olimpo, los ministros fueron a la misma sede del senado, a plantear en privado, a los coordinadores parlamentarios, sobre todo a Manlio, que era imposible reducirles el ingreso.
Ni una sola palabra salió de la reunión, cero filtraciones. Así como llegaron, se retiraron los togados, sin hacer ninguna declaración.
Ganaron la batalla, dejaron de incomodarlos con el tema.
En 2018 se reavivó. Los juzgadores empezaron a prepararse para la batalla. Trascendió el acuerdo de pagar un despacho internacional, por si llegara a ser necesario ir a instancias fuera del país a defender su posición y para que no los acusaran de ser juez y parte, en caso de que el asunto se ventilara en primer lugar en tribunales nacionales.
A sus cuestionados ingresos se empujó desde el gobierno en turno que era necesario reformar al poder judicial.
Lo que hizo Arturo Zaldívar resultó insuficiente para limpiarlo.
En el Senado se desperdició el consenso alcanzado para separar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura Federal. Para que estos dos órganos no fueran presididos por la misma persona, porque implicaba ser juez y parte, entre el órgano encargado de impartir justicia y el responsable de vigilar el desempeño de los juzgadores.
Sin embargo, creció en la sociedad y en el gobierno el ánimo de realizar una reforma judicial de mayor calado, al ver que vicios, nepotismo, privilegios e injusticias persistían.
Para conseguirlo el grupo en el poder tenía que ganar por amplió margen las elecciones de 2024.
La oposición descartaba ese escenario, incluso creía que podía regresar al poder, al menos es lo que cacareaba mediáticamente.
En el peor escenario, consideraba que perdería la presidencia y mantendría el equilibrio de fuerzas en el poder legislativo.
También era el escenario que vislumbraban en el poder judicial para conservar el suntuoso estatus.
El 2 de junio, el día de las elecciones, dejaron de ser dioses, pisaron tierra al enterarse en voz de Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del INE, que Morena y sus aliados, no solo habían ganado la presidencia sino también por abrumadora mayoría las cámaras. Dio cifras que anticipaban que el grupo en el poder alcanzaría la mayoría calificada para reformar la Constitución.
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