Desde México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) condenamos y lamentamos profundamente la aprobación de la Reforma a la Guardia Nacional por parte del Senado de la República la mañana de este miércoles. Se trata de la acción más radical de esta administración para la consolidación de un régimen militarista y una seguridad militarizada que no ha solucionado la crisis de violencia e inseguridad, sino que nos ha dejado a cientos miles de víctimas de violaciones graves a derechos humanos.
Esta reforma no solo perpetúa la militarización de la seguridad pública, sino que representa una grave amenaza para la democracia y el Estado de derecho en México, pues elimina la prohibición constitucional a la participación militar en asuntos civiles, que desde hace más de 160 años estaba establecido en el artículo 129 de la Constitución Federal y limitaba la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz. Ahora podrán desarrollar cualquier tarea que se les encomiende más allá de las relacionadas con la seguridad pública. Esto rompe con la concepción de nación que asume que son las autoridades democráticamente electas las que deben encargarse del funcionamiento del gobierno y de la atención de los problemas públicos.
Con esta reforma, el Ejecutivo y Legislativo, no sólo entregan la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), sino que la reconocen formalmente como la cuarta -y nueva- institución de la Fuerza Armada Permanente, pese a que este cuerpo de seguridad originalmente se concibió como civil; otorgan a la o el presidente en turno la autorización de disponer de los militares en tareas de seguridad y sin candados; benefician con fuero militar a los guardias nacionales lo que propiciará mayor impunidad si violan derechos humanos; aumentan el poder político y económico (con presupuesto público transferido) a la SEDENA; eliminan el último rastro de personal civil de la Guardia Nacional e, insistimos: legalizan la posibilidad de que las Fuerzas Armadas -la institución más opaca y hermética del aparato de Estado- lleve cualquier tipo de tareas gubernamentales civiles ajenas a la disciplina militar.
Al igual que la reforma al Poder Judicial de la Federación, la aprobación de esta iniciativa ignoró totalmente la voz y las preocupaciones de la academia, organizaciones de la sociedad civil, activistas, organismos internacionales y víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por militares. Cerró todo canal de diálogo y revisión, pasó por encima de la memoria y el dolor de las innumerables víctimas de enfrentamientos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, tortura, abuso de autoridady tantas otras violaciones a derechos humanos registradas en el marco de la militarización nacional.
Aprobaron la reforma en el marco del 10 aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que se perpetró con participación de militares, a quienes se les ha encubierto activamente para entorpecer la búsqueda de verdad y justicia. Es indignante. Reiteramos reiteramos nuestra solidaridad con las familias y su lucha por obtener verdad, justicia y reparación.
MUCD condena la aprobación de esta reforma. Expresa su más profunda preocupación por las consecuencias que tendrá para los derechos de todas y todas en México, incluido el de vivir en un Estado democrátivo. Ante un contexto de debilitamiento del Estado de derecho, la ciudadanía se verá sumamente vulnerable ante actos arbitrarios que lleven a cabo los elementos de las FFAA. La ciudadanía toda es la gran perdedora con esta reforma, pues se ha demostrado que la estrategia de seguridad militar ha profundizado la violencia, la opacidad, la impunidad y la falta de justicia.
Hacemos un llamado a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y al Congreso de la Unión para garantizar los controles civiles no sólo de la seguridad, sino del sistema democrático del Estado Mexicano. Ante lo aprobado, será imperativo que la administración civil en todas las esferas de la vida pública sea absoluta y lo suficientemente sólida, transparente y eficaz, de lo contrario las autoridades democráticamente electas estarán sometidas al poder militar.
En una democracia deben imperar los valores civiles y el respeto a los derechos humanos. La historia nos ha demostrado que el militarismo y la militarización les son contrarios. A las organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, activistas y víctimas de violaciones a sus derechos, les convocamos a no cesar en la defensa conjunta de la democracia y nuestros derechos.
