Nuestras reglas democráticas están a prueba y con éstas los árbitros y los jueces electorales responsables de su aplicación y cumplimiento en el juego por la disputa del poder. Tareas que implican validar y sancionar. Nos referimos a la fiscalización de los gastos de campaña, nunca exentos de ocultamientos; a la calificación del relevo electoral de la Presidencia, y al reparto de las 200 curules plurinominales sin caer en una sobrerrepresentación que distorsionaría la voluntad depositada en las urnas.
Toca además a los árbitros y jueces electorales resolver los conflictos internos en los partidos: una eventual reelección de Alejandro Moreno en el PRI; la paridad en el cambio de dirigencias y en la asignación de escaños en el Congreso. El debate de fondo es cómo garantizar los derechos de las minorías y de los ciudadanos; la pluralidad democrática y la definición constitucional de que los partidos son entes de interés público y no franquicias de caciques.
Son 17 mexicanas y mexicanos que se convirtieron en consejeros y magistrados electorales con el aval del Congreso en cumplimiento del Artículo 41 de la Constitución: los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron designados por la Cámara de Diputados y los magistrados del Tribunal Electoral (TEPJF) por el Senado, con base en ternas que antes calificó la Suprema Corte de Justicia (SCJN). Se trata de 11 consejeros electorales: Guadalupe Taddei, presidenta, y Jaime Rivera, Dania Ravel, Claudia Zavala, Carla Humphrey, Uuc-Kib Espadas, Martín Faz, Norma de la Cruz, Rita Bell López, Arturo Castillo y Jorge Montaño.
Y, por ahora, de cinco magistrados de la Sala Superior del TEPJF: Mónica Soto Fragoso, presidenta y Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña, Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón. Legalmente deberían ser siete.
A los cinco se sumará Claudia Valle Aguilasocho, presidenta de la Sala Regional de Monterrey, completándo así el quórum para la calificación presidencial. Los magistrados de la Sala Superior estaban obligados a resolver esa incorporación temporal para dar cumplimiento a la ley vigente que exige que sean seis los jueces que validen el relevo presidencial.
Es importante recordar que la designación de Claudia Valle ocurre ante la omisión del Senado que debía haber cubierto, hace 20 meses, las dos vacantes del Tribunal, pendientes desde noviembre de 2022. Vale aquí el paréntesis de que, debido a la fobia del presidente López Obrador hacia las instituciones electorales y el Poder Judicial, son 50 las magistraturas electorales faltantes, sobre todo en los estados.
Por ese antecedente, resulta significativo que el anuncio de la sexta pasajera a la Sala Superior, este jueves, se considerara un buen augurio por la trayectoria y las sentencias de la magistrada Claudia Valle. Contamos entonces con 17 mujeres y hombres que saben de qué está hecha la voluntad de las y los ciudadanos que fueron a las urnas el 2 de junio y que son expertos en diseñar soluciones frente a denuncias y quejas de ciudadanos, militantes y actores políticos que consideran vulnerados sus derechos.
Cotidianamente, estos consejeros y magistrados solventan dilemas que entrañan peticiones, presiones y chantajes de dueños y gerentes de nuestros maltrechos partidos; y de legisladores, alcaldes, gobernadores y presidentes de la República. Vistos desde los orígenes del IFE y el TRIFE como correas de transmisión de las dirigencias partidistas, porque fueron apuntalados en el Congreso como sus cuotas, nuestros consejeros y jueces electorales tienen ahora en sus manos el futuro de la democracia mexicana.
Y si bien la coacción desde el Poder Ejecutivo no es novedad, el caso actual es diferente porque los actos intimidatorios provienen del Presidente que, sin consecuencias mayores, logró violentar varias de las reglas del juego electoral. Apenas este miércoles la Sala Superior del Tribunal confirmó que el presidente López Obrador difundió propaganda gubernamental, incurrió en uso indebido de recursos públicos, buscó influir en el electorado e incumplió con el principio constitucional de imparcialidad.
La lista de las transgresiones a una legislación que el mismo mandatario impulsó en 2007 es larga y se espera que la calificación presidencial contenga un cualitativo registro en el documento que, en las próximas semanas, dejará para la historia esa Sala Superior. ¿Serán leales a su encomienda los consejeros y magistrados electorales que, bien lo saben, se salvaron en 2023 de la guillotina que les pasaría el fallido plan B electoral de López Obrador, gracias a las movilizaciones ciudadanas de la marea rosa?
¿O comenzarán a soñar con ser parte de los hipotéticos 10 candidatos a las futuras vacantes de la Suprema Corte que López Obrador y Morena proponen renovar en las urnas en 2025?
Y no son menores las quejas por agandalle que deberán solventar en las próximas semanas los consejeros del INE: las de los priistas contra el cambio de los estatutos partidistas y las de cuatro partidos de oposición que aseguran que el reparto de curules anunciado por el gobierno representaría una sobrerrepresentación de 20 por ciento. ¿Respetarán los consejeros y, en su caso los magistrados electorales, la voluntad de 46 por ciento de los ciudadanos que no votaron por la coalición oficialista?
Nuestra convivencia democrática depende de esos 17 votos de árbitros y jueces electorales, responsables de pacificar los conflictos de una transición sexenal inédita, bajo la mirada de un presidente carismático sí, popular, sin duda, pero también dispuesto a retirarse de Palacio Nacional con el trofeo de haber enterrado la pluralidad que hoy está bajo fuego.
Por eso vale la pregunta: ¿cuidarán los consejeros y magistrados electorales las reglas que garantizan nuestra división de Poderes o prescindirán de éstas, resignados a la demolición de lo que sus detractores llaman el viejo régimen, incluyendo al INE y al TEPJF?
