- Las reformas permitirán asegurar el ejercicio pleno del derecho humano a la educación, asegura la senadora Rocío Abreu
La senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano presentó una iniciativa para que el uno por ciento del presupuesto destinado a la educación, se dirija a la creación y mantenimiento de fondos públicos, que permitan la asignación de créditos educativos accesibles para que los alumnos puedan completar sus estudios de nivel superior.
Agregó que el Estado no correría el riesgo de perder la inversión que realice al otorgar un crédito a ese sector, toda vez que se establecerían los mecanismos para que los estudiantes, en su calidad de acreedores, paguen su deuda en un determinado tiempo, después de haber concluido sus estudios profesionales, lo que asegura la viabilidad de los fondos públicos.
“La planeación y la eficacia en el ejercicio de los recursos públicos, permitirá coadyuvar en la creación de las condiciones que aseguren el ejercicio pleno del derecho humano a la educación; así como en las medidas que nos permitan afrontar los desafíos que le deparan a nuestra sociedad, tales como el crecimiento económico, la equidad social y la consolidación de nuestra democracia”, indicó.
En la iniciativa, que se publicó en la Gaceta del 25 de abril, la legisladora mencionó que México ocupa el séptimo lugar en la lista de países de la OCDE con más jóvenes que no estudian, ya que dos de cada 10 jóvenes, 20.9 por ciento, entre 14 y 28 años no se encuentran cursando ningún nivel educativo y tampoco están activos en alguna actividad económica.
Esta situación, señaló, es preocupante, porque este grupo poblacional debería estar formándose y desarrollando sus capacidades productivas, situación que compromete severamente las oportunidades que tendrán en su vida adulta, así como el nivel de desarrollo socioeconómico del país.
Rocío Abreu abundó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en un informe publicado en el año 2022, respecto del Panorama de la Educación, detalla que México es el país con menor porcentaje de ciudadanos con educación superior, con un “lamentable” 45 por ciento.
