La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) propuso reformar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el propósito de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones en las entidades federativas destinen a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) el 50 por ciento de sus contrataciones de servicios y obra pública.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, y suscrita por las y los legisladores del grupo parlamentario, busca establecer políticas y acciones que promuevan la capacitación, asesoría y consultoría, para fomentar la participación de Mipymes en dichos procesos.
Contempla que la Secretaría de Economía promueva el desarrollo de dichas capacidades, lo cual no sólo beneficiaría a estas unidades económicas, sino que se fomentaría el crecimiento económico, la competitividad, más y mejores empleos, y disminuiría su informalidad.
En su argumentación, Felipe Torres indica que las Mipymes representan a la mayoría de las empresas en México, toda vez que generan el 62.5 por ciento de la fuerza laboral y aportan el 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Censo Económico 2018.
Apunta que a pesar de que son un motor importante para la economía y el empleo, enfrentan retos diversos como la baja productividad, el cierre de establecimientos, la falta de capacitación, acceso a créditos y financiamiento, apoyos gubernamentales, deficiente acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y pérdida de oportunidades para hacer negocios.
Menciona que sólo 0.30 por ciento de estas empresas participa en los procesos de compras públicas, de acuerdo con el sistema Compranet.
Destaca que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), existen problemas subyacentes respecto a las compras de gobierno a las Mipymes, como lograr un piso parejo que les permita ser parte de la proveeduría del Estado, con reglas sencillas y transparentes.
Además, hay una enorme cantidad de requisitos y cierta discrecionalidad al momento de hacer una invitación y normalmente estas son realizadas a las empresas conocidas por los funcionarios. Por ello, cerca del 70 por ciento de los contratos han sido por adjudicación directa.
Ante este panorama, la diputada Felipe Torres reitera la pertinencia de mejorar las capacidades de estas empresas como proveedoras del sector público.
