José Manuel Rueda Smithers…
Mi estrategia es que un día cualquiera no sé cómo ni sé
con qué pretexto por fin me necesites
Poema Táctica y estrategia, de Mario Benedetti
La sistemática forma de atacar a la impartición de justicia en nuestro país, por parte del Poder Ejecutivo, pareciera probar una nueva manera de abrir flancos y pegar, poco a poco, sin que la sociedad se dé cuenta real de la gravedad del asunto.
Por lo pronto, pasó en Morelos, y si funciona, estará por darse en otras entidades. El Estado de México se salva, porque apenas ingresaron en 2019, y concluirán hasta 2035.
Además de los medios de información más importantes de Morelos, El valioso portal social https://morelosrindecuentas.org.mx/ publica un boletín informativo en el que diversas organizaciones sociales, comerciales y empresariales, detallan algunos puntos muy concretos sobre lo que la sociedad morelense esperaba sobre el trabajo de su legislatura local en torno de la designación de magistrados estatales, y muestran no solo su inconformidad, sino su decepción ante el hecho.
“Organizaciones sociales y cámaras empresariales realizamos foros reuniones y la presentación de un estudio sobre justicia penal para que los diputados de la 55 legislatura realizaran un proceso transparente y profesional en las designación de magistraturas del tribunal superior de justicia.
Lamentamos que no hayan tomado en cuenta estos esfuerzos y lo propuesto de mejores perfiles hecho por diversos entornos sociales.
Creemos que desperdiciaron la oportunidad de trascender como una legislatura que en verdad se ocuparía de abonar a mejorar la justicia en Morelos. No fue así…”
La cuestión resultó de la siguiente manera:
El Congreso del Estado designó la madrugada de este viernes a 10 personas para cubrir vacantes de magistraturas del Poder Judicial de Morelos, entre las que incluyó a Juan Gabriel Vargas Téllez, abogado personal de Graco Ramírez, quien tiene al menos un asunto de daño al patrimonio de Morelos; además, está la esposa del fiscal Uriel Carmona Gándara, María Luisa Sánchez Osorio.
Por cierto, la hermana de ella, Marta, fue nombrada magistrada en 2021.
Javier Vargas Téllez, el nuevo magistrado, hace apenas unas semanas representó al exgobernador Graco, en un proceso por ejercicio abusivo de funciones públicas, al solicitar un préstamo al Instituto de Crédito para los Trabajadores del Estado, y comprar una camioneta. La Ley impide al gobernador solicitar créditos a este Instituto. Ya el abogado fue nombrado magistrado por un periodo de 14 años.
Otro caso que llama la atención, es el de Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno de Morelos. Hace unos años ella presentó documentos en los que supuestamente constaba que había trabajado para varios ayuntamientos lo que la hacía elegible para pensionarse. Se descubrió que las constancias presentadas eran falsas. En 2019 fue sometida a proceso penal por falsificación. Ahora como magistrada se estrenará como parte de la impartición de justicia de Morelos.
Pareciera ahora que la forma de actuar del gobierno se centra en pegar regionalmente a la línea de acción del Poder Judicial, debilitando su trabajo en las entidades. ¿Así podrá negociar mejor con el centro?
El Poder Judicial de la Federación se conforma por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los Tribunales de Circuito (Colegiados y Unitarios), los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Su registro es aproximado a mil 500 magistrados y jueces por todo el país, desplegados a través de Tribunales Colegiados de Distrito con 742 Magistrados (cada Tribunal se integra por tres).
Este Poder cuenta con 931 órganos jurisdiccionales a lo largo y ancho de la República mexicana.
Hay con qué pegarle, sin duda.
