El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado solicitó al Director General de Petróleos Mexicanos que “a la brevedad, rinda un informe a esta soberanía, respecto del arrendamiento de 35 camionetas blindadas, a través de una adjudicación directa, por más de 832 millones de pesos, detallando el criterio que se utilizó para determinar la necesidad de estas camionetas blindadas, así como los detalles específicos del contrato, que justifiquen una adjudicación directa en lugar de una licitación pública, garantizando así la mejor opción en términos de costo-beneficio”.
A través de un punto de acuerdo, los senadores priístas refieren que “nos encontramos en un momento crucial donde la transparencia y la rendición de cuentas deben ser los pilares que guíen la actuación de nuestras instituciones públicas”.
Por ello, establecen que es necesario atender el gasto de 832 millones de pesos que PEMEX para la renta de 35 camionetas blindadas.
Esta asignación presupuestal, realizada a través de un contrato de adjudicación directa, ha generado una serie de interrogantes que no pueden ser pasadas por alto, pues se trata de una cifra significativa que, de acuerdo con los reportes, parece contravenir los principios de austeridad que han sido promovidos enérgicamente por el gobierno actual, agregan.
“Es imperativo que PEMEX ofrezca una explicación clara y detallada sobre las razones que han llevado a la empresa a tomar esta decisión, en especial cuando se enfrenta a una crisis financiera considerable. Esta decisión, que se toma en un contexto de una carga de deuda significativa que alcanzó los 1.94 billones de pesos en el primer trimestre de 2023, y que ha llevado a la empresa a buscar estrategias de refinanciamiento para su deuda millonaria, nos parece no solo imprudente, sino también contraproducente”, añaden en su documento los senadores.
Establecen que es imperativo recordar que cada peso gastado en gastos no esenciales es un peso menos que se puede destinar a la inversión productiva, a la reducción de la deuda o a iniciativas que verdaderamente beneficien a la ciudadanía y fortalezcan la economía nacional.
“Además, es vital recordar que estamos en un momento donde la austeridad no es solo una política gubernamental, sino una necesidad imperante”, precisan.
La asignación de una suma tan considerable para la renta de vehículos blindados, que serán utilizados para el transporte de directivos, envía un mensaje equivocado a la ciudadanía, que espera ver acciones concretas y decididas para la recuperación económica y la estabilización de las finanzas de PEMEX, aseguran.
Como representantes populares, tenemos la responsabilidad de velar por el correcto uso de los recursos públicos y, por lo tanto, es nuestro deber exigir transparencia y rendición de cuentas en cada acción emprendida por las instituciones gubernamentales.
“Es por ello que, desde este recinto legislativo, hacemos un llamado enérgico a PEMEX para que brinde una explicación detallada y fundamentada sobre la renta de las 35 camionetas blindadas, reiterando nuestro compromiso inquebrantable con la prudencia, la legalidad y la ética en la gestión pública”, demandan.
