- Ramírez Marín busca, entre otros puntos, asegurar que mantengan sus bienes y derechos necesarios para preservar su calidad de vida
Las personas adultas mayores, especialmente las mujeres, deben gozar de entornos seguros y dignos, atención prioritaria para su salud, de un trato digno, justo y proporcional a sus condiciones, para que alcancen una vejez plena y sana, consideró el senador Jorge Carlos Ramírez Marín.
El legislador del PRI impulsa una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que busca, entre otros puntos, evitar el abandono y asegurar que mantengan sus bienes y derechos necesarios para preservar su calidad de vida.
Ramírez Marín explicó que derivado de los roles de género impuestos, las mujeres mayores se dedicaron en mayor medida a las labores del hogar no remuneradas, por lo cual, al no contar con pensiones o empleos formales, se exponen a un mayor riesgo de sufrir pobreza, violencia y discriminación.
Por esa razón, el legislador propone ubicar a las mujeres adultas mayores como el centro de todas las políticas públicas en materia de género; además de asegurarles entornos seguros, dignos y decorosos que cumplan con sus necesidades y requerimientos y donde puedan ejercer libremente sus derechos.
Sugierió que deben estar sujetas a programas sociales para tener acceso a una casa hogar o albergue, u otras alternativas de atención integral, en caso de que se encuentren en situación de riesgo o de desamparo.
Por ello planteó que el Estado establezca programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro, así como para garantizar a todas las personas adultas mayores una formación para propiciar una vejez plena y sana, con especial énfasis en la mujer.
Además, se de promover, en coordinación con las autoridades competentes, que la prestación de servicios y atención que se brinde a las personas adultas mayores en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y cumplan con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo humano integral, asegurando un trato justo y proporcional a la condición de la mujer.
La propuesta fue turnada, para estudio y dictamen, a las comisiones unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos.
