Por Luis Muñoz…
El problema de la inseguridad en el país parece un callejón sin salida. Sexenios van y sexenios vienen y no hay avances a pesar de las diversas estrategias implementadas para ese fin.
La sociedad mexicana se encuentra lastimada por la violencia; nuestro país es víctima del crecimiento exponencial de la delincuencia en sus diferentes modalidades.
¿Qué dice al respecto la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno federal?
Que todos los ámbitos de la vida social y económica están siendo afectados por la delincuencia.
En estas circunstancias de violencia e inseguridad confluyen factores muy diversos, empezando por los de índole económica y social como la falta de empleos de calidad y la insuficiencia del sistema educativo, la descomposición institucional, el deterioro del tejido social, la crisis de valores cívicos, el fenómeno de las adicciones disfuncionales y anacronismos del marco legal, etc.
Subraya que de lo anterior se desprende la necesidad de formular nuevos paradigmas de seguridad que permitan sustentar estrategias de recuperación de la paz, restablecimiento de la seguridad pública, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, restablecimiento del estado de derecho y reinserción de infractores.
Tales estrategias deben ser multidimensionales, transversales, incluyentes y radicales; deben ir dirigidas a la raíz de la crisis que enfrenta el país en estas materias.
Como parte de la ENSP se buscará alinear todos los esfuerzos en materia de seguridad, coordinadamente con las autoridades estatales y municipales.
Para cumplir con el justo reclamo de las y los mexicanos, es imperativo: alinear la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; generar la mejor coordinación institucional entre los responsables de aplicarla; imponer orden en el gobierno; impulsar la dignificación y mejoramiento de los cuerpos de seguridad; generar una solida coordinación con cada estado y municipio y crear (como sucedió) la Guardia Nacional para estar en posibilidades de regresar a soldados y marinos a sus tareas constitucionales (cosa que tampoco sucedió).
Los objetivos de dicha estrategia son: Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia.
Si se pretende resolver exitosamente los fenómenos de delincuencia es indispensable erradicar la corrupción de la administración pública en todos sus ámbitos, impulsar reformas legales para clasificar ciertos hechos de corrupción y otros delitos como el robo de combustibles y el fraude electoral, como ilícitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, para cerrar la “puerta giratoria” de impunidad que tanto lastima a la población.
LA PREVENCIÓN CARECE DE EFICACIA
A todo esto, la organización Seguridad, Justicia y Paz
señala que la llamada prevención social carece de toda eficacia en reducir la incidencia de los delitos en general y la violencia en particular.
En un estudio realizado al respecto, señala: “Hemos sostenido y sostenemos que conforme a la experiencia universal y nacional, las únicas maneras efectivas de prevenir el delito son: Fijar a la policía metas de reducción del delito a cumplirse en plazos perentorios y hacer depender de su cumplimiento la permanencia en los cargos en las instituciones de seguridad pública”.
Adoptar como política de Estado la completa desarticulación de las estructuras de los grupos criminales, de la misma manera en que debe procederse contra toda amenaza sediciosa o subversiva.
El organismo hace hincapié en que la experiencia ha confirmado una y otra vez nuestra hipótesis: En los municipios en los que se aplicó el programa de “prevención social del delito”, los niveles de la inseguridad y la violencia siguen siendo igual o más elevados que antes.
Incluso, hay estados, regiones o municipios en los que coyunturalmente baja la violencia, pero esto no depende de la “prevención social del delito”, sino sobre todo de las decisiones de los grupos criminales y la resultante de sus pugnas.
Explica que en la “prevención social del delito” se gastaron más de 16 mil millones de pesos (casi 3 mil millones con Calderón y más de 13 mil millones con Peña) sin ningún resultado. “Fue dinero tirado a la basura”. El país terminó siendo más violento e inseguro.
Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se propuso profundizar y llevar al límite esa política absolutamente errónea.
Sólo en su primer año y en un solo programa (“Jóvenes construyendo el futuro”), el nuevo gobierno en 2019 se gastó 43 mil millones de pesos, casi tres veces más que lo que gastaron en “prevención social del delito” los gobiernos de Calderón y Peña.
En 2020 gastó 26 mil millones de pesos y para 2021 el presupuesto es de 21 mil millones de pesos.
Resalta que el fundamento de la “prevención social del delito” es una falacia: que las personas “roban por necesidad”; que determinadas condiciones socioeconómicas (pobreza, marginación, desempleo, desigualdad en los ingresos) determinan la conducta criminal. No hay ninguna base científica, empírica, de esta suposición. Se trata de puro dogmatismo ideológico de la “criminología” socialista.
