Los derechos, solo en la Ley

México tiene una legislación vanguardista que protege las garantías individuales, consecuencia del Movimiento Armado de 1910, primera revolución social del siglo XX. La Constitución de 1917 se caracterizó, desde su artículo primero, por amparar los derechos del ciudadano y defenderlos de los abusos del poder, de los actos autoritarios del gobierno, esa es la función primigenia de toda Carta Magna.
Sin embargo, a lo largo de más de un siglo el gobierno hizo del tutelaje constitucional un paternalismo excesivo que condujo al otorgamiento de las garantías como una concesión graciosa del mandatario en turno, así sucedió con el derecho al voto a la mujer en 1953 mediante decreto presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, pero no se reconoció la lucha histórica de las feministas que pugnaron por esa conquista ciudadana.
La sociedad civil ha ganado espacios y empoderamiento, sobre todo en la defensa de los derechos humanos, aunque no hay una cultura cívica que fomente la exigencia de respetar esas prerrogativas como parte de la vida cotidiana en nuestra democracia. Los organismos defensores de esos derechos han revelado y documentado las prácticas sistemáticas violatorias de las garantías individuales por parte de las autoridades, pero la denuncia ciudadana o social no ha tenido respuesta en las acciones gubernamentales para restituir los derechos de los afectados, sancionar al infractor o al omiso.
Ese vacío en la gobernanza permite el incremento sustancial de la pérdida o menoscabo de garantías y trastoca la vida diaria de individuos y comunidades. No solo son los actos de abuso de autoridad de los cuerpos policiales, sino el desempeño de las dependencias gubernamentales que atentan contra el derecho a la salud o al respeto a la propiedad. Más grave aún es la omisión de las instancias oficiales cuya posición ha fomentado el desplazamiento de comunidades enteras por las actividades del crimen organizado, conflictos agrarios, religiosos o entre bandos rivales de pobladores. La violencia política y étnica se ha incrementado por la falta de políticas públicas adecuadas que combatan los ilícitos.
La creación de las guardias civiles o autodefensas –que también incurren en excesos e ilegalidades-, es la protesta social armada ante la vulnerabilidad que sienten los ciudadanos que no ven protegidos sus vidas o patrimonio ni pueden ejercer su derecho de libre tránsito por caminos y carreteras. La inseguridad y la falta de soluciones a este fenómeno social provoca la ausencia de gobernabilidad en muchos espacios del territorio nacional, alienta la impunidad y con ello el retroceso en el respeto a los derechos humanos. La percepción de inseguridad vulnera el Estado de Derecho.
El acceso a la salud y los medicamentos es otro drama que viven millones de mexicanos. La carencia de una política sanitaria eficiente durante la pandemia y el desabasto de medicinas, especialmente para los niños con cáncer, y la amenaza de que desaparezca el seguro médico siglo XXI que garantiza la atención infantil hasta los cinco años, es otra violación que propicia el propio gobierno a un precepto constitucional.
Es criminal el desabasto y muestra lo insensible de una autoridad que tiene el encargo por Ley de garantizar el derecho a la salud. Ven a los muertos oncológicos, por coronavirus y de enfermedades crónicas como daños colaterales en un empecinamiento por no distraer los recursos de los programas clientelares del gobierno federal sin importar el costo social que representa la mortandad infantil o por otros padecimientos.
Para resarcir a una sociedad violentada en sus derechos fundamentales es necesario fortalecer los mecanismos de organismos autónomos e independientes que defienden esas garantías con recomendaciones vinculantes que obliguen al Estado a restituir esos derechos y no ser cómplices de la impunidad. No basta con tener una legislación que nadie cumple.