Al encabezar la firma de convenio de colaboración y coordinación entre la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y el gobierno de Chihuahua, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, hizo un llamado a todos los órdenes de gobierno a cerrar filas para encarar este flagelo.
“Hoy se envía un mensaje a la sociedad y a quienes perpetran los delitos y las agresiones contra el gremio periodístico y contra las personas defensoras de derechos humanos. Tenemos que cerrar filas entre todos los órdenes de gobierno para encarar este flagelo, para defender el derecho a la libertad de expresión y el derecho a defender todos los derechos humanos”, recalcó.
El subsecretario hizo un reconocimiento a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, así como la presencia de las distintas autoridades presentes como el fiscal general en la entidad, Roberto Javier Fierro Duarte; la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua, Myriam Victoria Hernández Acosta; y el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH), Néstor Armendáriz Loya, porque se necesitan acciones enérgicas de Estado en su conjunto para enfrentar y revertir esta situación.
“Por eso –subrayó– aprecio de manera particular también la presencia de representantes de distintas asociaciones del gremio periodístico, de colectivos de personas defensoras de beneficiarios del mecanismo, porque este esfuerzo del estado necesariamente debe estar acompañado y contar con su participación, porque esta es una tarea que nos compete a todos”.
Reconoció, además, que en este inicio de año se enfrenta una coyuntura difícil que requiere de respuestas en la impartición de justicia, porque –resaltó– entre los retos fundamentales que se tienen que enfrentar está abatir la impunidad que prevalece. “
“Pongo solo un ejemplo, de los 52 periodistas que han sido asesinados a lo largo del presente gobierno, solamente en cinco casos se ha dictado sentencia”, señaló.
Sostuvo que se tiene que avanzar no solamente en la prevención y protección, sino en el castigo a los responsables y señaló que este gobierno no va a tolerar que se violen las garantías y la integridad de las personas en el país.
Por su parte, el titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos, denunció que existen grandes enemigos para la protección, amenaza y riesgos que sufren estos dos sectores de la sociedad, entre ellos, la impunidad, el crimen organizado y las autoridades municipales, que no asumen sus obligaciones de proteger, sino que son parte del problema.
Bajo esta premisa, informó que lamentablemente entre 40 y 50 por ciento de las agresiones provienen de autoridades locales.
Por lo que adelantó que desde la Secretaría de Gobernación se promueve impulsar una Ley General para establecer con claridad la responsabilidad y obligaciones que hay entre los tres órdenes de gobierno y crear un sistema de prevención y protección en la materia para pasar de la actividad reactiva hacia una acción preventiva.
