Por Victor Hugo Celaya Celaya..
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la versión ajustada de la reforma electoral impulsada por la presidenta Sheinbaum (conocida como “Plan B”) avanza rápidamente en los congresos estatales, habiendo superado ya el umbral necesario para su declaratoria de constitucionalidad. Esta semana, la atención se centra en el inicio de la reestructuración administrativa del Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales, lo que implica recortes presupuestales y la compactación de áreas operativas de cara a los comicios intermedios de 2027.
El impacto de esta reforma trasciende lo político; altera la certidumbre institucional que el sector privado valora para la estabilidad del país. La oposición y diversas organizaciones civiles preparan impugnaciones ante la Suprema Corte, lo que prolongará la judicialización del proceso electoral. Para los actores económicos, este clima de polarización política y reacomodo institucional exige un monitoreo constante, ya que podría derivar en movilizaciones sociales o afectar la gobernabilidad en estados clave durante el periodo de transición administrativa.
¿Cómo prepararnos?
- Monitorear los cambios en la legislación electoral local que puedan afectar la dinámica política en los estados donde se tienen operaciones.
- Actualizar los mapas de riesgo político y social, anticipando posibles escenarios de inestabilidad derivados de la implementación de la reforma.
- Mantener canales de comunicación abiertos con autoridades locales de todos los signos políticos para asegurar la continuidad operativa.
