*Cuando volver a México también es caer en la precariedad
El retorno migratorio hacia México ya no es un fenómeno silencioso ni marginal: es una crisis estructural en desarrollo que exhibe, con crudeza, la desconexión entre las políticas migratorias de Estados Unidos y la capacidad institucional mexicana para recibir a quienes regresan.
De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones, la mayoría de los mexicanos repatriados entre 2023 y 2025 no volvió por decisión propia, sino empujado por operativos, miedo o imposibilidad de sostener una vida laboral digna. El dato: 83% retornó bajo intervención de autoridades estadounidenses. Es decir, no se trata de retorno, sino de expulsión.
Y una vez de regreso, el vacío. El 62% de las personas repatriadas declara que su prioridad es conseguir ingresos y empleo. No es menor: el retorno no significa reintegración automática, sino una especie de “segunda migración” dentro del propio país, marcada por la precariedad, la falta de redes y la ausencia de políticas públicas eficaces.
A esto se suman necesidades urgentes como atención médica (22%), regularización documental (16%) y vivienda (16%). Estados históricamente expulsores como Guerrero, Oaxaca y Michoacán encabezan la lista de origen, lo que confirma que el ciclo migratorio no se rompe: se recicla.
Pero si el retorno es una crisis, lo que ocurre con los jóvenes indocumentados en Estados Unidos es una bomba de tiempo. Cada año, cerca de 19 mil estudiantes de origen mexicano terminan la preparatoria en condiciones de irregularidad migratoria. Representan el 21% del total nacional de estudiantes indocumentados en ese nivel. Sin embargo, el endurecimiento de la política migratoria, particularmente tras las decisiones de la administración de Donald Trump, ha generado un efecto devastador: el miedo ha entrado a las aulas.
La revocación de la política que limitaba operativos migratorios cerca de escuelas provocó un incremento del 22% en el ausentismo en distritos de California en apenas un mes. No se trata sólo de cifras: es una generación que estudia bajo amenaza. El informe del Migration Policy Institute es claro: el futuro de estos jóvenes está condicionado no por su mérito académico, sino por el diseño político de exclusión. A ello se suma el cierre del programa DACA para nuevos solicitantes desde 2017, lo que deja a miles en un limbo sin salida legal.
Además, estados como Florida, Texas y Oklahoma han eliminado beneficios clave como las colegiaturas reducidas para estudiantes indocumentados, profundizando una política de expulsión silenciosa: no los deportan, pero les niegan cualquier posibilidad de ascenso social. Así, el mensaje es claro: estudiar no garantiza futuro.
En este contexto adverso, las organizaciones migrantes mexicanas han dejado de ser actores secundarios para convertirse en verdaderos sistemas de contención. Colectivos como #FuerzaMigrante han impulsado redes de apoyo binacional que van desde asesoría legal hasta programas de reintegración económica para repatriados. Su trabajo ha sido clave para visibilizar la situación de los jóvenes “dreamers” excluidos de DACA, así como para presionar por reformas que reconozcan sus derechos tanto en Estados Unidos como en México.
Estas organizaciones no sólo acompañan: articulan. Han desarrollado esquemas de vinculación laboral para repatriados, gestionan documentación, promueven acceso a servicios de salud y, sobre todo, construyen narrativas alternativas frente al discurso criminalizante. En muchos casos, su capacidad de respuesta supera a la del propio Estado mexicano. También han sido fundamentales en la denuncia internacional de políticas que vulneran derechos humanos, llevando casos ante instancias multilaterales y generando presión mediática.
El papel de estas redes cobra aún más relevancia frente a la feminización de la migración. Mujeres provenientes de países como Venezuela, Colombia y Centroamérica no sólo representan un porcentaje creciente del flujo migratorio, sino que enfrentan condiciones diferenciadas de vulnerabilidad. Muchas de ellas cuentan con niveles educativos altos —más del 50% con estudios universitarios en algunos casos—, pero terminan insertas en economías informales o expuestas a violencia estructural.
Aquí también las organizaciones migrantes han intervenido con enfoques específicos de género: refugios, asesoría legal, acompañamiento psicológico y programas de inserción laboral. Frente a la omisión institucional, han construido redes de protección que, aunque insuficientes, resultan vitales.
Los Angeles Press.
