Berlín, 10 de febrero de 2026 – La corrupción está empeorando en todo el mundo y afecta incluso a democracias consolidadas, que están registrando un aumento de la corrupción en un contexto de debilitamiento del liderazgo, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional, publicado el día de hoy. Este índice anual muestra que el número de países con una puntuación superior a 80 se redujo de 12 hace una década a tan solo cinco este año.
Nuestros datos muestran que las democracias, que por lo general obtienen mejores resultados en la lucha contra la corrupción que las autocracias o las democracias imperfectas, están experimentado un preocupante deterioro en su desempeño en el índice. Esta tendencia abarca desde países como Estados Unidos (64), Canadá (75) y Nueva Zelanda (81), hasta varias partes de Europa, como el Reino Unido (70), Francia (66) y Suecia (80). Otro patrón preocupante es el aumento de las restricciones impuestas por muchos Estados a las libertades de expresión, asociación y reunión. Desde 2012, 36 de los 50 países con descensos significativos en las puntuaciones del IPC también han experimentado una reducción del espacio cívico.
En 2025, se produjo una oleada de protestas contra la corrupción lideradas por la generación Z, sobre todo en países que se encuentran en la mitad inferior del IPC, y cuyas puntuaciones se han estancado o empeorado en gran medida durante la última década. Jóvenes de países como Nepal (34) y Madagascar (25) salieron a las calles para criticar a sus líderes por abusar de su poder y no garantizar servicios públicos de calidad ni oportunidades económicas.
Transparencia Internacional advierte que la ausencia de un liderazgo firme en la lucha mundial contra la corrupción está debilitando la acción internacional en materia anticorrupción y amenaza con reducir la presión para impulsar reformas en países de todo el mundo.
François Valérian, Presidente de Transparencia Internacional, declaró al respecto:
«La corrupción no es inevitable. Nuestras investigaciones y nuestra experiencia como un movimiento global en la lucha contra la corrupción demuestran que existe una hoja de ruta clara para exigir rendición de cuentas al poder en favor del bien común, desde procesos democráticos y mecanismos de supervisión independiente hasta una sociedad civil libre y abierta. En un momento en el que observamos un peligroso desprecio de las normas internacionales por parte de algunos Estados, hacemos un llamado a gobiernos y a sus líderes para que actúen con integridad y estén a la altura de sus responsabilidades para ofrecer un futuro mejor a las personas de todo el mundo”.
Transparencia Internacional hace un llamado a:
- Renovar el liderazgo político en la lucha contra la corrupción, incluida la plena aplicación de las leyes, la implementación de compromisos internacionales y la adopción de reformas que fortalezcan la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas.
- Proteger el espacio cívico, poniendo fin a los ataques contra periodistas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y denunciantes de irregularidades, y frenar los intentos de restringir el trabajo independiente de la sociedad civil.
- Cerrar las lagunas de opacidad que permiten que el dinero corrupto se mueva a través de las fronteras, incluyendo el control de los intermediarios profesionales y garantizar la transparencia sobre quiénes son los propietarios reales de empresas, fideicomisos y activos.
DECLIVE DEL LIDERAZGO CONTRA LA CORRUPCIÓN
En muchos países europeos, los esfuerzos anticorrupción se han estancado en gran medida durante la última década. Desde 2012, 13 países de Europa Occidental y de la Unión Europea (UE) han empeorado considerablemente y solo siete han mejorado de forma significativa. En diciembre de 2025, la UE acordó su primera Directiva Anticorrupción para armonizar la legislación penal en materia de corrupción. Lo que podría haber sido un marco de tolerancia cero fue diluido por algunos Estados miembros, entre ellos Italia (53), que bloqueó la criminalización del abuso de poder por parte de funcionarios públicos. El resultado fue: un marco que carece de ambición, claridad y aplicabilidad.
Estados Unidos (64) continuó su tendencia en descenso hasta alcanzar la puntuación más baja hasta la fecha. Aunque los acontecimientos de 2025 todavía no se reflejan plenamente, las medidas dirigidas contra voces independientes y el debilitamiento de la independencia judicial generan gran preocupación. Más allá de los resultados del IPC, la suspensión temporal y el debilitamiento de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) son una señal de tolerancia hacia las prácticas empresariales corruptas, mientras que los recortes de la ayuda estadounidense a la sociedad civil en el extranjero han debilitado los esfuerzos contra la corrupción a nivel global. En otras partes del mundo, los líderes políticos han interpretado esto como una señal para restringir aún más la labor de las ONG, periodistas y otras voces independientes.
Las puntuaciones altas en el IPC no garantizan que los países estén libres de corrupción, ya que varias de las naciones con las puntuaciones más altas permiten la corrupción en otros países al facilitar el lavado de dinero y la transferencia de las ganancias producto de la corrupción a través de las fronteras, un aspecto que el IPC no cubre en su medición. Por ejemplo, Suiza (80) y Singapur (84) se encuentran entre los países con mejor puntuación, aunque han sido objeto de escrutinio por facilitar el movimiento de dinero sucio.
LA REDUCCIÓN DEL ESPACIO CÍVICO SOCAVA LOS ESFUERZOS ANTICORRUPCIÓN
Durante la última década, la interferencia politizada en el funcionamiento de las ONG se ha intensificado en países como Georgia (50), Indonesia (34) y Perú (30), donde los gobiernos introdujeron nuevas leyes para limitar el acceso al financiamiento o incluso debilitaron a las organizaciones que los supervisan y critican. Estas leyes suelen ir acompañadas de campañas de desprestigio e intimidación. En países como Túnez (39), el espacio cívico se está reduciendo a través de presiones administrativas, judiciales y financieras que limitan a las ONG, incluso sin la introducción de nuevas leyes restrictivas. En estos contextos, resulta más difícil para los periodistas independientes, las organizaciones de la sociedad civil y los denunciantes de irregularidades alzar la voz contra la corrupción, y es más probable que los funcionarios corruptos puedan seguir abusando de su poder. Los capítulos de Transparencia Internacional en Rusia (22) y Venezuela (10) se han visto obligados a exiliarse debido a la represión de la sociedad civil.
Estos entornos restrictivos no solo silencian a los críticos y a los organismos de control, sino que también generan peligros reales para quienes se atreven a denunciar irregularidades. Desde 2012, han sido asesinados 150 periodistas que cubrían casos de corrupción en zonas no afectadas por conflicto, casi todos ellos en países con altos niveles de corrupción.
PRINCIPALES HALLAZGOS SOBRE LA CORRUPCIÓN GLOBAL
El IPC clasifica a 182 países y territorios seg sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, en una escala de cero (altamente corrupto) a 100 (muy limpio).
La puntuación promedio mundial se sitúa en 42 sobre 100, su nivel más bajo en más de una década, lo que apunta a una preocupante tendencia descendente que habrá que monitorear a lo largo del tiempo.
La gran mayoría de los países no está logrando mantener la corrupción bajo control: más de dos tercios —122 de 180— obtuvieron una puntuación inferior a 50.
Por octavo año consecutivo, Dinamarca tiene la puntuación más alta del índice (89), seguida de cerca por Finlandia (88) y Singapur (84).
Los países con las puntuaciones más bajas tienen, en su inmensa mayoría, sociedades civiles gravemente reprimidas y altos niveles de inestabilidad como Sudán del Sur (9), Somalia (9) y Venezuela (10).
Desde 2012, 50 países han tenido un descenso significativo en su puntuación en el índice: entre los que más han bajado, se encuentran Türkiye (31), Hungría (40) y Nicaragua (14). Estos descensos reflejan una década de debilitamiento estructural de los mecanismos de integridad, alimentado retrocesos democráticos, conflicto, fragilidad institucional y redes de clientelismo profundamente arraigadas. Estos declives son agudos, sostenidos y difíciles de revertir, ya que la corrupción se vuelve sistémica y profundamente arraigada tanto en las estructuras políticas como administrativas.
Desde 2012, 31 países han mejorado significativamente su puntuación en el índice: entre los que más han mejorado se encuentran Estonia (76), Corea del Sur (63) y Seychelles (68). Las mejoras a largo plazo en países democráticos como estos reflejan el impulso sostenido de reformas, el fortalecimiento de las instituciones de supervisión y un amplio consenso político a favor de una gobernanza íntegra. El éxito en estos ámbitos se ha atribuido, entre otras cosas, a la digitalización de los servicios públicos, la profesionalización de la función pública y la incorporación de estándares de gobernanza regionales y globales.
