Ministro Hugo Aguilar da la espalda a víctimas, limitando el acceso a la justicia

Proyecto del Ministro Hugo Aguilar da la espalda a las víctimas y limitaría el acceso a la justicia

*En 2021, MUCD se amparó contra la nueva Ley de la Fiscalía General de la República por restringir los derechos de las víctimas del delito, este 4 de febrero la Corte discutirá el caso. *La SCJN pretende negar el interés legítimo de MUCD, que por más de 27 años ha trabajado en favor de los derechos de las víctimas del delito. *El proyecto del Ministro Aguilar sienta un precedente peligroso al validar una interpretación restrictiva de las obligaciones de la Fiscalía y eliminar mecanismos de coadyuvancia y control.

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) expresa su profunda preocupación ante el proyecto de resolución presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se discutirá este 4 de febrero y propone sobreseer el amparo promovido contra la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR). Este proyecto no sólo evade escuchar a las víctimas, sino que sienta un precedente peligroso para el acceso a la justicia de las organizaciones civiles, como MUCD, que por más de 27 años hemos acompañado a las víctimas del delito en la lucha por el reconocimiento de sus derechos. La Ley de la FGR impulsada en 2021 eliminó y restringió derechos que las víctimas ya tenían reconocidos en la legislación de 2018. Entre ellos, se debilitaron mecanismos fundamentales como la participación activa de las víctimas a través de la coadyuvancia en la investigación, el acceso a las carpetas, la posibilidad de impugnar decisiones clave del Ministerio Público, la adopción de medidas de protección y el nivel de responsabilidad de la Fiscalía en el Mecanismo de Apoyo Exterior y el Sistema Nacional de Búsqueda. Estos cambios han dejado a las víctimas en una situación de mayor indefensión, profundizando una crisis de acceso a la justicia que arrastran desde hace años. En junio de 2021, MUCD promovió este amparo, como parte de los esfuerzos impulsados por el colectivo La Justicia que queremos, precisamente para denunciar el carácter regresivo de dichas reformas, en contravención directa al principio constitucional y convencional de progresividad de los derechos humanos. Es decir, la prohibición de restringir derechos que ya han sido reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, como el derecho de las víctimas a participar plenamente en la investigación y proceso judicial de sus casos. En julio de 2025, un Tribunal Colegiado reconoció de manera expresa nuestro interés legítimo, atendiendo a nuestro objeto social y a nuestra labor sostenida de acompañamiento a víctimas, y remitió el asunto a la SCJN para que se analizara el fondo de la constitucionalidad de las normas impugnadas. Sin embargo, el proyecto del Ministro Hugo Aguilar evade el asunto de fondo y elige una interpretación excesivamente formal: sostiene que los artículos impugnados sólo regulan asuntos internos de la Fiscalía y afirma que no causan un impacto directo en las víctimas ni en las organizaciones que las acompañan. Con ello, la SCJN no sólo evitaría entrar al fondo del asunto, sino que deja la interpretación del alcance de los derechos de las víctimas al arbitrio de la FGR. Esta interpretación es inaceptable, pues no es jurídicamente válido desconocer el principio de no regresividad ni negar el interés legítimo cuando se han eliminado mecanismos que materializaban derechos. La Corte no puede afirmar que no existe afectación cuando se han cerrado espacios de participación, control y acceso a la verdad para las víctimas. Hacerlo implica negar la realidad que enfrentan miles de personas en este país. Con este proyecto, la SCJN le da la espalda al pueblo y, en particular, a las víctimas de la violencia y la impunidad. Pretende negarle a nuestra organización la posibilidad de defender derechos frente a un sistema de justicia que sistemáticamente le falla a las víctimas. Esta decisión cierra la puerta del acceso a la justicia constitucional, no solo para MUCD, sino para las personas a las que representamos. Desde México Unido Contra la Delincuencia exigimos que la Suprema Corte asuma su responsabilidad constitucional y entre al fondo del asunto. Las víctimas llevan demasiado tiempo en estado de indefensión. Ignorar el carácter regresivo de la ley y negar el interés legítimo de nuestra organización para defender estos derechos -ya reconocido previamente- significa consolidar un precedente que niega derechos, debilita la rendición de cuentas de la Fiscalía, consolida la restricción de derechos para las víctimas del delito y profundiza la crisis de impunidad en el país. Las víctimas y quienes les acompañan merecen ser escuchados. La Corte no puede seguir evadiendo esa obligación.