Por Victor Hugo Celaya Celaya…
México enfrenta múltiples retos pendientes en su agenda nacional para mejorar las condiciones de desarrollo de nuestra comunidad. Sin embargo, el periodo ordinario de sesiones del Congreso que inicia el 1 de febrero será definitorio para el futuro del país. Lo que decida el Legislativo en estos meses trazará nuestro camino en lo político, lo económico, lo social y lo internacional.
Vivimos un momento donde las formas de gobierno autoritarias y la concentración del poder avanzan cada día. Nuestra sociedad, economía y convivencia política se encuentran en un punto de polarización, incertidumbre y desconfianza ciudadana que no puede ignorarse.
Las decisiones que tomemos en las próximas semanas y meses definirán nuestro futuro inmediato más allá del plano electoral y las proyecciones de crecimiento económico. Está en juego nuestra viabilidad como nación libre, independiente y democrática. La confianza que proyectemos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, depende de que nos alejemos de la demagogia y el oportunismo político para impulsar con certidumbre las oportunidades que siempre hemos tenido como país.
Las Tres Prioridades del Congreso
Tres temas fundamentales dominan el próximo periodo ordinario del Congreso que concluye el 30 de abril: la reforma político electoral, la implementación de la jornada laboral de 40 horas y la preparación de México para la revisión del T-MEC en julio de 2026.
Reforma político electoral: el diseño del poder
La reforma político electoral será el plato fuerte de este periodo legislativo. Lo que se ha adelantado públicamente apunta a un rediseño radical de reglas e instituciones. La propuesta incluye la reducción de 100 diputados plurinominales (dejando solo 50 de los 200 actuales), recorte del financiamiento público a partidos políticos, cambios en los mecanismos de democracia participativa y ajustes al voto de mexicanos en el exterior.
Esta reforma trasciende porque define cómo se compite por el poder. Determina la representación de minorías, establece los costos electorales, fija las reglas del juego y condiciona la estabilidad y legitimidad del sistema político rumbo a las elecciones de 2027.
México necesita avanzar en sus reglas democráticas de convivencia, participación y competencia política, no retrasar el reloj a décadas pasadas donde la concentración del poder tuvo que ceder ante la demanda ciudadana. De 1977 a la fecha, México impulsó reformas político electorales de gran calado que impactaron a nuestra sociedad. Sin embargo, en los últimos años hemos empezado a regresar el reloj con la sobrerrepresentación, la pretensión de eliminar los plurinominales que dan voz a las minorías y la reducción del financiamiento que cierra espacios de promoción a los partidos minoritarios.
Consultoras especializadas como Estrategia Electoral advierten que eliminar los plurinominales reduciría a la oposición al mínimo. Si se reducen de 500 a 300 diputaciones federales, Morena tendría 161 diputaciones en promedio, el PT 38 y el PVEM 57, mientras que el PAN que ha tenido 72 diputaciones en promedio pasaría a solo 32, y el PRI de 35 diputaciones se quedaría con apenas 9 (Estrategia Electoral, enero 2026).
Lo que está en juego es claro: la división de poderes en México se ha debilitado. Esta reforma determinará si somos capaces de dialogar, consensuar y promover lo mejor para el país, o si nos sometemos a la visión centralizadora y autoritaria que en el pasado le hizo daño a México y que supuestamente habíamos resuelto.
Jornada laboral de 40 horas: productividad y competitividad
La implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas será el tema económico y social más grande del periodo. La reforma constitucional y sus adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo contemplan una ruta de implementación que iniciará en 2027.
El calendario propuesto establece que en 2026 la jornada máxima seguirá siendo de 48 horas. A partir de 2027 descenderá a 46 horas, en 2028 a 44, en 2029 a 42 y finalmente en 2030 quedará fijada en 40 horas semanales, sin reducción de sueldos, salarios o prestaciones (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, diciembre 2025).
Esta reforma trasciende porque impacta directamente la productividad, los costos operativos, el empleo formal, la negociación colectiva y la competitividad de sectores clave como la manufactura exportadora. Justo cuando México busca atraer inversión extranjera y aprovechar el nearshoring, las empresas deberán reorganizar horarios, procesos productivos y esquemas de contratación.
México mantiene una de las jornadas laborales más extensas de América Latina con 48 horas semanales, lo que evidencia un rezago frente a países como Chile y Colombia que desde 2023 aprobaron reformas similares. La propuesta beneficiaría a 13.4 millones de trabajadores y contempla la obligación patronal de implementar un registro electrónico de jornadas laborales a partir de 2027.
El reto principal es que México sigue siendo uno de los países con más horas trabajadas pero con bajos niveles de productividad. La implementación de la jornada de 40 horas debe venir acompañada de una reorganización profunda del modelo laboral que priorice la eficiencia sobre la cantidad de horas, porque de lo contrario el impacto en la formalidad laboral podría ser negativo.
Revisión del T-MEC: certidumbre comercial e inversión
El Senado enfrenta su tema internacional fundamental: preparar la posición del Estado mexicano para la revisión conjunta del T-MEC del 1 de julio de 2026. El Senado, por sus facultades de política exterior y su papel en tratados, está llamado a acompañar al Ejecutivo, abrir diálogo con sectores productivos y sostener una postura nacional firme.
El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 por un periodo de 16 años, con revisiones automáticas cada seis años. Si en julio de 2026 los tres países acuerdan extender el tratado, la siguiente revisión sería hasta 2032 para extenderse hasta 2048. Si no hay consenso, el tratado entraría en esquema de revisión anual hasta 2036, extendiendo la incertidumbre comercial año tras año.
El proceso ya inició. En septiembre de 2025, tanto Estados Unidos como México publicaron convocatorias de consultas públicas para recibir comentarios sobre el funcionamiento del tratado. Canadá inició su proceso posteriormente. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que la revisión formal comenzará en enero de 2026 con fecha límite el 1 de julio.
La estrategia de México se enfoca en dos puntos principales: mantener el T-MEC vigente argumentando que el balance ha sido positivo en creación de empleos y aumento del comercio, y fortalecer el sistema de solución de controversias para evitar decisiones intempestivas que afecten diferentes industrias (Secretaría de Economía, enero 2026).
Los datos respaldan la importancia del tratado. De 2020 a 2025, el 83.3% de las exportaciones mexicanas se dirigieron a Estados Unidos, mientras que ese país concentró el 42.9% de la inversión extranjera directa en México durante el segundo trimestre de 2025 (Instituto Mexicano para la Competitividad, septiembre 2025).
El reto es que esta revisión ocurre en un contexto complicado. El presidente Donald Trump ha sugerido dejar expirar el T-MEC para negociar un nuevo acuerdo, argumentando que los gobiernos anteriores permitieron que México y Canadá se aprovecharan del tratado. Además, persisten temas sensibles como las reglas de origen en la industria automotriz, el sector energético, la digitalización y el papel de China en las cadenas de suministro.
De esta revisión depende la certidumbre de inversión y el acceso preferencial al mercado norteamericano. Un escenario de revisión anual o mayor incertidumbre puede frenar decisiones de inversión de largo plazo justo cuando México busca consolidar su posición como destino del nearshoring.
El Momento de Decidir
Diputados y senadores se enfrentan a un momento histórico. Su capacidad y disposición para lograr acuerdos y consensos definirá el rumbo de México. Ya no hay tiempo para demoras ni para regresar el reloj de la democracia, la economía y la interdependencia de México en el mundo.
Lo que está en juego es nuestra viabilidad como nación democrática, nuestra competitividad económica y nuestra posición estratégica en el mundo. Las decisiones de los próximos meses mostrarán de qué estamos hechos como país y si somos capaces de poner el interés nacional por encima de las coyunturas políticas.
México necesita un Congreso que dialogue, que construya puentes y que entienda que la polarización solo debilita. Necesitamos representantes que defiendan la democracia sin debilitarla, que impulsen reformas laborales que fortalezcan el empleo formal sin sacrificar competitividad y que preparen una estrategia comercial cierta frente al mundo.
El futuro de México está en discusión. Y depende de nosotros.
