Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO
A mi padre: quien este martes, 20 de enero, cumple 62 años. Feliz cumpleaños, papá.
La discusión sobre la reforma electoral impulsada desde el gobierno se ha instalado en el debate público antes de que siquiera exista un texto formal. Desde el Ejecutivo se insiste en que la iniciativa no está concluida y que las críticas anticipadas carecen de sustento. Sin embargo, más allá del contenido preliminar, el verdadero eje del debate no está solo en el ‘qué’ se quiere reformar, sino en ‘cuándo’, y –sobre todo– ‘cómo’ se pretende hacerlo. En materia electoral, los tiempos no son un asunto político: son una obligación constitucional.
El discurso presidencial ha colocado en el centro temas que conectan con una demanda social real: reducir los costos de las elecciones, fortalecer la fiscalización del dinero en campañas y cerrar el paso a recursos de origen ilícito, incluidos los vinculados al crimen organizado. Nadie discute que la integridad del financiamiento electoral es una asignatura pendiente. El problema surge cuando estos objetivos, legítimos en abstracto, se enfrentan a un calendario legal que no admite improvisaciones ni márgenes amplios de error.
El Artículo 105 constitucional establece una regla clara: no puede haber cambios fundamentales en materia electoral dentro de los 90 días previos al inicio de la contienda. Con el Proceso Electoral Federal 2027 programado para septiembre de 2026, la fecha límite no es política ni negociable: 31 de mayo de 2026. Para entonces, la reforma tendría que haber completado todo el ciclo legislativo, incluida su aprobación constitucional, el aval de al menos 17 congresos estatales, la expedición de leyes secundarias y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. No basta con aprobar una idea; debe ser jurídicamente operable.
Aquí aparece el primer cuello de botella que pocos quieren discutir abiertamente: las leyes secundarias. La experiencia reciente demuestra que una reforma constitucional sin un andamiaje legal claro es, en los hechos, inaplicable. La Suprema Corte y el Tribunal Electoral han sido consistentes –al menos hasta ahora– al señalar que cualquier modificación fuera de plazo vulnera el principio de certeza jurídica y, por tanto, no puede aplicarse al proceso inmediato. Aprobar “al límite” no es una muestra de eficiencia; es abrir la puerta a una cascada de impugnaciones con tiempos insuficientes para resolverse antes de septiembre.
A este escenario técnico se suma un factor político que complica aún más el panorama: la fragilidad de la coalición legislativa. Las advertencias del PT y del PVEM, condicionando su respaldo a la cesión de candidaturas rumbo a 2027, exhiben que la reforma electoral no se negocia solo en términos de diseño institucional, sino como moneda de cambio en la disputa por el poder territorial. Cuando una reforma que pretende fortalecer la democracia depende de acuerdos opacos sobre gubernaturas, el mensaje hacia la opinión pública se vuelve, cuando menos, contradictorio.
La propuesta de modificar el esquema de representación proporcional es otro punto sensible. El argumento de que las listas plurinominales han permitido la permanencia de legisladores sin elección directa conecta con un malestar ciudadano extendido. Pero alterar estos mecanismos, sin un consenso amplio y sin reglas claras, también implica riesgos de concentración de poder y reducción de la pluralidad política. En democracia, la eficiencia no puede sustituir a la representación, ni el ahorro justifica vacíos de inclusión.
El gobierno insiste en que la reforma busca ampliar la participación ciudadana y fortalecer la autoridad electoral. El reto será demostrar que estos objetivos no se quedan en el discurso y que pueden materializarse dentro de los márgenes legales existentes. El reloj constitucional ya está corriendo y, a diferencia del debate mediático, no se detiene con declaraciones ni con mayorías coyunturales.
Tal vez el punto más revelador de esta discusión no está en lo que se dice, sino en lo que se evita decir. Si la reforma no llega a tiempo, no se aplicará en 2027. Si llega incompleta, será jurídicamente vulnerable. Y si se aprueba bajo presión política, el costo no será solo legislativo, sino de confianza pública. En política electoral, el detalle no es menor: suele ser el factor que define si una reforma fortalece la democracia o se queda en un ejercicio retórico con consecuencias no previstas.
APUNTES CLAVE:
LIDERAZGOS: Alejandro Moreno afirmó que el PRI encabezará un proyecto de reconstrucción nacional rumbo a 2030, con énfasis en el liderazgo y la unidad interna del partido, y no descartó competir sin alianzas. Advirtió riesgos en reformas recientes por concentración de poder, reiteró que el PRI buscará retener Durango en 2028 y, pese a encuestas adversas sobre imagen y preferencias, sostuvo que el partido seguirá su proceso de reorganización y posicionamiento político. //PAVIMENTACIÓN: El gobernador Alejandro Armenta inició obras de pavimentación en Xicotepec de Juárez como parte del primer Módulo de Pavimentación en la Sierra Norte, tras los daños por las lluvias de octubre. Los trabajos en tres vialidades beneficiarán a más de 32 mil habitantes y se realizan con insumos donados por PEMEX, en coordinación con el gobierno federal, para mejorar la conectividad y la infraestructura regional. //VAPEO: Este viernes entró en vigor la prohibición total de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México, tras la publicación de la reforma a la Ley General de Salud en el DOF. La medida cancela permisos sanitarios, prohíbe su comercialización y publicidad, y establece sanciones que incluyen multas de hasta 234 mil pesos y penas de prisión. //AUMENTOS: Especialistas advirtieron que los seguros, en particular los de gastos médicos, registrarán aumentos en 2026 debido a la inflación y a un cambio fiscal que impide a las aseguradoras acreditar el IVA, costo que será trasladado a los usuarios. El sector alertó que esta situación puede limitar el acceso a la protección financiera y reforzar la percepción de los seguros como un servicio exclusivo. //AUTONOMÍA: La diputada panista Noemí Luna advirtió que la discusión de la reforma electoral iniciará en febrero, en un proceso encabezado solo por el oficialismo. Señaló riesgos para la autonomía del INE, cuestionó la sobrerrepresentación legislativa y afirmó que, aunque la oposición no tiene mayoría, el debate permitirá fijar posturas sobre los cambios al sistema electoral.
