…La censura le dio caza, para del brete librarse:
pagar multa y disculparse treinta veces por su hablada
con la blanda diputada que de ella fue a quejarse.
Poema La censura le dio caza, de Gonzalo Ramos Aranda
Cuando un gobierno acusa al periodismo de emplear “tácticas terroristas”, no describe una conducta, confiesa un miedo. Miedo a la información, a la crítica y -sobre todo- al espejo que los medios colocan a su gestión. No es una estrategia novedosa ni sofisticada; es señal inequívoca de desesperación política e incultura democrática.
En México, la reacción se ha vuelto cada vez más frecuente. Gobiernos estatales y, de forma indirecta o explícita, el federal, han optado por criminalizar el ejercicio periodístico bajo figuras penales ambiguas, discursos inflamados o acusaciones que buscan equiparar la crítica con el sabotaje. No es casualidad: cuando la narrativa oficial se debilita, la tentación autoritaria aparece.
Acusar de “terrorismo” a un periodista no solo es jurídicamente insostenible; es intelectualmente pobre. El terrorismo busca generar miedo para imponer una causa mediante la violencia. El periodismo, incluso el incómodo, busca informar para que la sociedad decida. Confundir ambos conceptos revela una incapacidad elemental para comprender (o aceptar) el papel de la prensa en una democracia mínima.
Pero hay algo más grave: la persecución penal de periodistas regionales. No hablamos de grandes figuras mediáticas con plataformas nacionales, sino de reporteros locales que documentan abusos, negligencias o decisiones públicas cuestionables. Llevarlos ante un juez, encerrarlos, hostigarlos judicialmente, no es una muestra de fuerza del Estado: es una exhibición de fragilidad.
Los gobiernos que recurren a estas prácticas creen estar enviando un mensaje de “mano dura”. En realidad, el mensaje que emiten es otro: no saben comunicar, no saben explicar, no saben corregir, y por ello optan por intimidar. Confunden control con autoridad, silencio con gobernabilidad y miedo con respeto.
¿Cuánto puede durar esto? Históricamente, poco. Ningún gobierno que ha intentado imponer una narrativa única a golpes de expediente penal ha salido bien librado. La información encuentra siempre caminos alternos, y la censura -abierta o disfrazada- suele convertirse en el principal combustible de aquello que pretende ocultar. El costo político llega tarde o temprano, incluso para los regímenes más cerrados.
¿Es necesario denunciar los abusos de los políticos una y otra vez, incluso cuando se trata del gobierno en el poder? Sí. No por terquedad, sino por responsabilidad cívica. La normalización del abuso comienza cuando el silencio se vuelve costumbre. Callar frente a la persecución del periodismo equivale a aceptar que la rendición de cuentas es opcional y que la verdad puede administrarse desde el poder.
La prensa no es infalible, pero es indispensable. Y un gobierno que no tolera preguntas tampoco tolera ciudadanos informados. Acusar al periodista de terrorismo, es declarar la guerra a la crítica. Y la derrota no es del periodista encarcelado, sino de la sociedad que se queda sin voz.
Los casos se repiten con variaciones mínimas: Campeche, Puebla, Veracruz. Gobiernos en una misma reacción. Acusar, intimidar, judicializar. No para ganar un juicio, sino para enviar un aviso. No para defender la ley, sino para domesticar la crítica. La persecución al periodismo local no es una política pública: es un reflejo de pánico frente a la exposición.
¿Hasta cuándo puede sostenerse esta estrategia? Hasta que el silencio deje de ser creíble. Porque controlar la información solo consigue erosionar la legitimidad. Denunciarlos una y otra vez no es obsesión ni militancia: es memoria democrática.
Cuando el periodismo se trata como enemigo interno, el problema ya no es la prensa, sino un gobierno que se siente amenazado por la verdad. Un poder que le teme a las preguntas difícilmente gobierna con autoridad.
