José Manuel Rueda Smithers…
Culminar el tema de la falta de medicinas no puede hacerse con un epílogo amable ni con cifras redactadas en la comodidad de un escritorio. Para muchos lectores que nos han escrito, el problema no es técnico ni pasajero: es moral. Y no exageran: cuando el sufrimiento está en hospitales, no en discursos, la política pública deja de ser abstracta y se vuelve letal. “No entiendo cómo es que la gente no lo ve”, dice alguien con un dejo de frustración.
El castigo presupuestal no cae sobre quienes establecen prioridades, sino sobre quienes dependen de ellas para vivir. Esa es la paradoja más cruel de la modernidad administrativa: mientras se jubilan eslóganes y cifras alegres, la vida real se desangra en consultas canceladas y recetas que nunca se surtieron.
Los datos confirman esta percepción social. En 2025, el gasto público en salud cayó a niveles que no se veían desde hace más de una década: entre enero y marzo fue 14.3 % menor al mismo periodo de 2024, marcando la cifra más baja para un primer trimestre desde 2010. Mexico Business News
Más aún: el presupuesto total destinado al sector salud para este año es alrededor de 918 mil millones de pesos, un 11 % menos que en 2024. Mexico Business News Este retroceso ocurre en medio de una creciente demanda de servicios, enfermedades crónicas y una población que envejece. Y, aunque la estadística oficial de salud equivale a casi 6 % del PIB, sigue muy por debajo de lo que recomiendan los organismos internacionales para garantizar cobertura universal. OECD.
En la práctica, esto significa que la atención pública opera con los pulmones a medias. Medicinas esenciales -antirretrovirales, quimioterapias, antibióticos- continúan siendo intermitentes, pese a la narrativa oficial de que la crisis del desabasto está “casi superada”. El País+1
El caso del VIH ilustra con crudeza esta falla estructural. Desde hace décadas, el acceso gratuito y continuo a antirretrovirales ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces para contener el virus: cuando se toman de manera adecuada, reducen la carga viral a niveles indetectables y frenan la transmisión. Pero cuando los tratamientos se vuelven irregulares por falta de medicamentos, ocurre exactamente lo contrario: quienes viven con VIH dejan de recibir la terapia y la infección se propaga, afectando no solo a “grupos de riesgo”, sino a la población en general. La interrupción de tratamientos también se ha correlacionado con aumentos preocupantes de sífilis, gonorrea y otras infecciones de transmisión sexual, lo que evidencia una respuesta pública de salud insuficiente. infobae
Más allá de los números, médicos y personal de salud han alertado sobre el impacto de esta carencia en mortalidad materna y perinatal asociada al VIH, un fenómeno que pocas veces se nombra en los informes oficiales, pero que ocurre ante la ausencia de tratamientos y pruebas oportunas.
Para los lectores que nos escribieron recordando que “en cultura, en educación, en ciencia… y en salud… siempre castigan lo esencial”, los datos no son sorpresivos: el gasto público sigue relegado, sobre todo cuando se trata de rubros que no generan réditos políticos evidentes ni campañas emocionantes.
Este desprecio estructural por lo público no es casualidad ni accidente. Es el resultado de prioridades que valoran la imagen sobre la sustancia: se anuncian grandes cifras, se inauguran plataformas digitales de compras y se promete transparencia, pero se sigue permitiendo que comunidades enteras enfrenten la falta de medicinas esenciales y el aumento de enfermedades prevenibles.
Tal vez la verdadera pregunta no sea cómo llegamos aquí, sino cuánto más normalizaremos que falten medicinas, que se corten servicios básicos, que se posterguen inversiones en salud pública. Porque cuando el Estado reduce su compromiso con la vida de la población, está diciendo algo mucho más profundo sobre qué y quiénes considera valiosos.
Y eso, finalmente, es una discusión cultural antes que presupuestal.
