Más de 40% crecieron los homicidios dolosos cometidos por menores desde 2019.
- No se busca criminalizar a la juventud, sino otorgar al Estado de los instrumentos necesarios ante delitos de extrema violencia.
Ante el creciente número de delitos cometidos por adolescentes y la urgencia de cerrar vacíos legales que frenan la respuesta del Estado, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín propuso reformar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de crear un mecanismo excepcional que permita a los jueces, en casos de adolescentes de 16 y 17 años involucrados en delitos dolosos de extrema gravedad, ordenar que la sanción se ejecute bajo el régimen penal ordinario una vez alcanzada la mayoría de edad.
El senador señaló que el sistema de justicia penal para adolescentes fue diseñado con fines educativos y de reinserción. Sin embargo, la realidad actual muestra que grupos criminales reclutan a adolescentes para participar en homicidios dolosos, secuestros, violaciones agravadas o portación de armas de fuego, fenómeno que se ha extendido en entidades como Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Chihuahua y la Ciudad de México, donde ya constituye un problema estructural.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las carpetas de investigación por homicidio doloso cometidos por menores crecieron más del 40 por ciento entre 2019 y 2024. En la Ciudad de México, se duplicaron los casos de adolescentes de 14 a 17 años detenidos por homicidio y portación de armas, muchos de ellos reclutados desde los 12 años.
Por otra parte, organizaciones como Reinserta A.C. han advertido que más de 250 mil menores están en riesgo de ser cooptados, y que factores como la pobreza, la desintegración familiar y la sensación de impunidad favorecen esta dinámica.
Asimismo, casos recientes, como los asesinatos del empresario Samuel Cohen Gindi, en la colonia Anzures, y del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo -ambos cometidos, según las investigaciones, con participación directa de adolescentes de 16 y 17 años- ejemplifican una tendencia en la que jóvenes asumen responsabilidades letales dentro de grupos delictivos.
En ese sentido, el senador Ramírez Marín destacó que su propuesta no busca criminalizar a la juventud, sino dotar al Estado de instrumentos proporcionales y garantistas ante delitos de extrema violencia, protegiendo a las víctimas sin renunciar al enfoque humanista del sistema juvenil.
Además, incorpora un nuevo Título VII Bis a la legislación especializada, donde se fijan criterios, plazos y procedimientos claros para garantizar que cualquier decisión judicial se base en evidencia técnica y en la protección de los derechos humanos.
Finalmente, el legislador del Partido Verde destacó que esta iniciativa busca cerrar vacíos legales, fortalecer la seguridad pública y restituir la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para responder con firmeza y proporcionalidad ante los desafíos que plantea la creciente violencia juvenil en el país.
