*La nueva Ley de Aguas afectará a la agroindustria: centraliza el control en CONAGUA y elimina el amparo como vía para concesiones. Se priorizará el interés colectivo.
La nueva Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas no solo endurecen el control del Estado sobre el recurso hídrico, también reconfiguran el acceso al agua de una forma que golpea a la agroindustria, mientras mantiene intactas las concesiones en manos de personajes cercanos a la Cuarta Transformación.
La centralización del control en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), junto con las reformas al Poder Judicial y a la Ley de Amparo, así como la la desaparición de juzgados especializados y perfiles capacitados en temas ambientales e hídricos, elimina uno de los principales mecanismos legales que productores y empresas utilizaban para tramitar y defender concesiones de agua.
“Antes, quien necesitaba una concesión podía ampararse y, en muchos casos, obtener una suspensión para usar el agua mientras se resolvía el fondo del asunto. Hoy, ese camino prácticamente desaparece”, explicó Eduardo Salazar, asesor agroindustrial, en entrevista con EL CEO.
La situación es especialmente delicada para una agroindustria que, en muchos casos, opera en esquemas legales frágiles. Parte del agua utilizada para riego proviene de concesiones que se rentan o se transfieren entre particulares, una práctica que la nueva legislación deja fuera del marco legal al concentrar todo el control en la Conagua.
Ahora te enfrentas a jueces que no entienden estudios de conductividad, mecánica de suelos o aforos. Cuando no comprenden los argumentos técnicos, el que pierde todo es el productor
advirtió Salazar.
El interés colectivo como argumento para negar concesiones
La nueva ley introduce el concepto de “interés legítimo de las colectividades”, que, en la práctica, puede utilizarse para negar concesiones a productores, incluso si cumplen con los requisitos técnicos.
“El gobierno puede decir que tú no tienes interés legítimo y que se va a imponer el del colectivo”, señaló Salazar.
“Te dicen: ‘¿Quieres millones de metros cúbicos para regar? Esa agua la necesita la gente en la ciudad’. Y se la dan a la colectividad, no al productor”.
El golpe no se limita a la operación diaria del campo, también impacta directamente en el valor de la tierra. Antes de la reforma, al vender o heredar un rancho se podían transferir los títulos de concesión de agua. Con la nueva ley, esas concesiones regresan al Estado, incluso si los pozos están dentro de la propiedad privada.
“Un rancho de 1,000 hectáreas con agua puede valer 20 millones de dólares. Sin agua no vale nada. Es tierra que nadie quiere”, subrayó el asesor. Si el nuevo propietario intenta extraer agua sin una concesión renovada, se expone a multas severas e incluso a sanciones penales.
Beneficio a políticos de la 4T
Mientras productores enfrentan mayores obstáculos, el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) muestra que personajes ligados a la 4T mantienen concesiones relevantes.
La diputada morenista Olga Sánchez Cordero y su hermano, Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, concentran cerca de 1.3 millones de metros cúbicos concesionados por el Organismo de Cuenca Río Bravo. Al menos tres de esos títulos fueron otorgados entre 2018 y 2020, cuando Sánchez Cordero encabezaba la Secretaría de Gobernación.
Además, la exministra participa, junto con su hija Paula María García Villegas Sánchez Cordero, en la empresa agrícola Granja Santa Olga, que opera en General Terán, Nuevo León, de acuerdo con una investigación previamente publicada por EL CEO.
También figuran el empresario Alfonso Romo —con una concesión individual por 600,000 metros cúbicos y otras ligadas a una empresa porcícola—, así como los exgobernadores Francisco Ramírez Acuña y Miguel Márquez Márquez, vinculados a actividades agroindustriales en sus estados.
Conagua, sin contrapesos internos
A este escenario se suma la eliminación del Órgano Interno de Control (OIC) de la Conagua, una instancia clave para denunciar irregularidades y posibles actos de corrupción dentro de la dependencia.
Era la primera línea de defensa. Si una delegación decía que un acuífero estaba vedado, pero el REPDA mostraba nuevas asignaciones, el OIC intervenía y corregía. Ahora eso desaparece
, acusó Salazar.
Sin OIC y con un Poder Judicial limitado por las reformas, la agroindustria queda con menos herramientas legales, mientras el acceso al agua parece volverse cada vez más discrecional.
El resultado, advierten especialistas, es un marco legal que restringe al productor, deprecia la tierra y mantiene privilegios para quienes ya concentran el recurso, muchos de ellos vinculados al poder político actual. (El CEO)
