En medio de cifras oficiales que muestran una disminución de 37% en homicidios dolosos durante 2025, registros legislativos revelan que éste fue un pésimo año para alcaldes y servidores públicos.
Este 10 de diciembre, cuando la prensa daba cuenta de la buena tendencia, la diputada Patricia Mercado (MC) lanzó un llamado de auxilio a los titulares de la FGR y Secretaría de Seguridad que puso de manifiesto la vulnerabilidad y el miedo en que viven exfuncionarios que alguna vez intentaron ponerle remedio a la infiltración del crimen en las instituciones.
Pidió la excandidata presidencial que le restituyeran las medidas de protección a Griselda Martínez, exalcaldesa de Manzanillo, inscrita en el Registro Nacional de Víctimas por los dos atentados que ya sufrió y por los que le asignaron la custodia de la Secretaría de Marina.
Un mes atrás, el diputado Germán Martínez (PAN) propuso crear una comisión para desmantelar las redes de corrupción e influencia que, dijo, en ocasiones animan los crímenes contra policías, soldados, marinos, jueces, magistrados, fiscales y “preocupantemente presidentes municipales”.
Según un informe de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés), México es el país más peligroso para funcionarios públicos en el mundo. Así lo citó Patricia Mercado en el documento dirigido al secretario Omar García Harfuch y a la fiscal Ernestina Godoy, a quien MC le dio su voto de confianza el día 3 de diciembre.
Detalla la emecista que, en 2024, se registraron 324 hechos violentos entre asesinatos, ataques armados, secuestros y desapariciones en contra de servidores públicos, 29% más que en 2023.
Informa que, hasta inicios de noviembre anterior, en lo que va del primer año del sexenio hubo 10 alcaldes ejecutados: Miguel Bahena de Pisaflores, Isaías Rojas de Metlatónoc, Martha Mendoza de Tepalcatepec, Lilia García Soto de San Mateo Piñas, Salvador Bastida de Tacámbaro, Mario Hernández García de Santiago Amoltepec, Jesús Franco de Tancanhuitz, Alejandro Arcos de Chilpancingo, Román Ruiz de Candelaria Loxicha y Carlos Manzo de Uruapan.
A esa decena de homicidios se suman al menos 50 de funcionarios, políticos locales, secretarios de gobierno, comandantes de política y regidores.
Es desde esta desgracia nacional que MC clama por proteger a su compañera de partido en Colima, donde de noviembre de 2024 a noviembre de este año fueron ejecutados cinco servidores públicos: Gabriela Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc; José Manuel Rodríguez, director de servicios públicos del ayuntamiento de Armería; Arturo Galván, exfuncionario de Manzanillo; Arnoldo Hernández, secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en Colima, y Jorge Noé “N”, funcionario de Villa de Álvarez.
De esa lista, destaca un excolaborador de Griselda Martínez cuando fue alcaldesa por Morena, partido que la expulsó en 2024 por haber declarado que grupos criminales pretendían infiltrarse en la precampaña presidencial.
Se trata del doctor en filosofía Arturo Galván, de 41 años, quien con su esposa Margarita Medina “fueron víctimas de un acto de sicariato en febrero”, se detalla en el exhorto de MC.
“Medios locales señalaron que había publicado críticas sobre la situación de inseguridad e impunidad en el estado y había señalado que el gobierno de Colima tenía nexos con la delincuencia organizada”, se indica en el Punto de Acuerdo.
Se afirma, además, que ese asesinato se vivió como “clara amenaza” a la exalcaldesa, quien por videoconferencia dijo este martes a los reporteros de la Cámara de Diputados que la protección se le retiró en el inicio de este sexenio.
Relató Griselda Martínez que en su gestión depuró a 300 elementos de la policía de Manzanillo, uno de los municipios con más alta percepción de inseguridad, en los primeros lugares del reclutamiento forzado de adolescentes por el crimen organizado, y donde los restaurantes son incendiados cuando se niegan a la extorsión.
A juzgar por el testimonio de la exalcaldesa, el gobierno de Colima de Indira Vizcaíno se ocupa más en perseguir opositores que en reconocer la gravedad de la delincuencia.
El caso de Graciela Martínez y la situación descrita por MC muestran un grado de putrefacción en la competencia por el poder, ahí donde los adversarios se eliminan a balazos.
Y revela la impotencia de una sociedad donde ni siquiera una parlamentaria destacada, del partido opositor que más apoya al gobierno, puede conseguir el resguardo de una vida en riesgo.
Desde la desesperación por encontrar eco, con la voz entrecortada, la diputada Mercado concluyó su ruego así: “Presentamos como bancada este punto de acuerdo. Y también antes, recordamos que habíamos presentado un punto de acuerdo para solicitar se reforzara la protección de Carlos Manzo. Hoy pedimos encarecidamente que se nos escuche por la integridad de Griselda Martínez”.
