El poder que la presidenta de México desplegó en la designación de Ernestina Godoy para la Fiscalía General de la República (FGR) puso de manifiesto alcances y limitaciones de los actores políticos.
Por supuesto que el relevo forzado de Alejandro Gertz, el fiscal abusivo, es un movimiento que amplía los márgenes de la mandataria en el control de los expedientes espinosos.
Para quienes atestiguaron los ánimos con los que se concretó el relevo en el Senado, resultó evidente que el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, siguió una instrucción de Palacio.
Al explicarles el porqué del cambio, transmitiendo el mensaje presidencial, el tabasqueño contó a los legisladores que el fiscal torpedeaba el trabajo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con filtraciones que frustraron avances en las indagaciones del huachicol fiscal.
La disciplina con la que los senadores del oficialismo cumplieron ese encargo de la presidenta Sheinbaum fue una oportunidad para el lucimiento del exsecretario de Gobernación, quedando atrás –por ahora– las versiones de voceros de Palacio de que sería removido de la coordinación.
De manera que el exsecretario de Gobernación tomó en sus manos la tarea de sacar a Gertz y arropar a Ernestina Godoy, consiguiendo una votación que la legitimara.
Y es que, si bien Morena tenía con PVEM y PT los senadores suficientes para la mayoría calificada que el nombramiento requiere, la nueva fiscal contó con el visto bueno de los seis de MC y con cuatro del PAN.
Ni duda cabe de que, en los graves asuntos del Estado, como el crimen y el castigo, el poder presidencial se hace sentir. Y el miedo a ser un perseguido crece.
Ese temor no es infundado. Como fiscal de la CDMX, Godoy y la entonces jefa de Gobierno persiguieron a panistas por denuncias que, casualmente, siempre fueron anónimas.
Precavidos, los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Querétaro pidieron a sus senadores del PAN y MC votar por el nombramiento.
Polémico ha sido el voto nulo de 11 panistas que, bajo el argumento de no estar de acuerdo con el proceso, prescindieron de pronunciarse en contra, una ruta que sólo tomaron los 13 del PRI y seis del PAN.
Y aunque no es una novedad el apoyo opositor a los procuradores nombrados por los presidentes, sí lo es que al actual gobierno le importara tenerlo. Así que, con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos, tenemos una nueva fiscal muy respaldada, en medio de un proceso tan sucio como las pruebas con las que Godoy y Gertz metieron a la cárcel a Alejandra Cuevas.
Si bien lo que cuenta al final son esos números, vale dejar registro del debate que se dio previo a la designación, y en el que PAN, PRI y MC hablaron de esa realidad que tanto molesta al oficialismo y que la nueva fiscal evitó abordar: huachicol fiscal, crisis de seguridad con el asesinato de Carlos Manzo, incluido y espionaje político.
En alusión al uso que de las investigaciones sobre el magnicidio de su padre hizo Gertz, el senador Luis Donaldo Colosio (MC) pidió que la FGR deje de ser “un aparato para la persecución política o la reapertura sin sentido de expedientes de hace 30 años para caprichos meramente políticos”.
La senadora Lilly Téllez (PAN) le preguntó: “¿Va a continuar interviniendo mi teléfono, como lo comprobó el diario New York Times?”.
Rayando en el lugar común, la fiscal les prometió: “No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo: tampoco habrá impunidad”.
Pero nada dijo Ernestina Godoy de los asuntos que marcarían una diferencia con la cacareada coordinación que prometen entre el secretario García Harfuch y la FGR.
Escenificando el pacto de silencio para el cual llega al cargo, la fiscal dejó pendientes las respuestas a los señalamientos de la oposición:
“¿Va a seguir protegiendo a los cárteles que Trump ha señalado como los verdaderos gobernantes de México?”: Lilly Téllez.
“¿Qué se va a hacer para combatir el mayor crimen de la historia nacional en materia patrimonial?”, cuestionó la senadora Carolina Viggiano (PRI), en referencia a los 600 mil millones de pesos obtenidos por el contrabando de combustible.
Ese 3 de diciembre, confirmamos que el poderoso gobierno de la Presidenta –como se jactan sus propagandistas de proyectarla– sólo tiene el contrapeso de la realidad y de quienes todavía se atreven a contarla.
Confirmamos adicionalmente que, al menos en este relevo, el otro gran contrapeso fue el del expresidente AMLO, que siguió marcando el pacto de silencio sobre la realidad del crimen organizado que nos ahoga.
Bajo esa sombra, la pregunta es obligada: ¿para qué tanto poder presidencial? ¿Para qué una nueva y coordinada fiscalía con el gobierno? ¿Para evitar las filtraciones a la prensa y tapar la realidad?
