*Monserrat Caballero marcó distancia tras imputaciones federales a Burgueño, Salgado, Carlos Torres y Ayala, calificando como «ofensivo» la mención de su nombre «en el mismo plato».
(Los Ángeles Press) TIJUANA.— La exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, reaccionó este jueves a las recientes imputaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el alcalde Ismael Burgueño, el empresario Fernando Salgado Chávez, el esposo de la gobernadora Marina del Pilar, Carlos Torres, su hermano Luis Alfonso Torres, y el senador con licencia Armando Ayala.
Caballero criticó que algunos medios locales la incluyeran en comparativas con los funcionarios investigados y afirmó que su situación jurídica es completamente distinta.
En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, Caballero calificó como “ofensivo” que se le coloque “en el mismo plato” que los señalados por la FGR en el caso de triangulación financiera y presunto lavado de dinero operado por la red de Fernando Salgado, según los reportajes de Los Ángeles Press. “Me molesta que algunos medios nos pongan en el mismo plato”, escribió antes de detallar cinco puntos para deslindarse.
“No me comparen con esos”
La exalcaldesa aclaró que ella nunca fue imputada, sino llamada como testigo en una investigación relacionada con la agresión que sufrió uno de sus escoltas fuera de su vivienda por parte de una célula criminal, grupo que —recordó— “ataqué en su momento y por lo cual recibí amenazas de muerte”.
Caballero también subrayó que los documentos de aquella carpeta fueron filtrados por la Síndico Procuradora, y que ha enfrentado otros procedimientos en Sindicatura por denuncias anónimas. “Tengo otros procedimientos… y yo no chillo”, dijo en referencia a la reacción pública de algunos de los hoy imputados.
La exalcaldesa insistió en que la actual operación federal apunta a un grupo político claramente vinculado a Carlos Torres, esposo de la gobernadora y figura central del escándalo. “Todos los señores de la carpeta actual están relacionados con Carlos Torres… con el empresario predilecto de Carlos Torres”, afirmó.
“Mi procedimiento ya se terminó y di la cara directamente”
Caballero aseguró que su caso fue concluido y que ella se presentó de frente ante las autoridades, a diferencia —sugirió— de otros actores políticos. Remarcó que las investigaciones federales no se activan por rumores ni disputas internas: “Los procedimientos federales no son una vacilada… No se mueve todo un aparato de gobierno por chismes de pasillo ni por caprichos personales”.
En un mensaje directo a sus críticos y a quienes intentan vincularla políticamente con los imputados, sentenció: “Lo digo y lo repito: no me comparen con esos. No comimos ni comeremos del mismo plato”.
Golpe político a la red de Torres
La respuesta de Caballero llega en un momento de fuerte tensión política en Baja California, luego de que la FGR integrara varias carpetas relacionadas con presunto lavado de dinero, conflicto de interés y uso de recursos públicos en torno a la red encabezada por Fernando Salgado Chávez, con presuntos vínculos en el gobierno estatal.
Caballero recordó que rechazó la influencia de Carlos Torres en su administración, decisión que —dijo— marcó distancias desde el inicio de su gobierno. “Todo Baja California sabe bien por qué no acepté a Carlos Torres en mi gobierno, y también por qué saqué a todos esos ‘hombres’ que se intimidaban con su sombra”, escribió.
Afirmó que gobernar exige carácter y respeto por las instituciones: “Para gobernar se necesita valor, se necesitan pantalones… Gobernar no es esconderse detrás de rumores ni buscar aplausos fáciles. Gobernar es enfrentar la adversidad de frente”.
Un mensaje político a la gobernadora
Aunque la exalcaldesa no mencionó directamente a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, su posicionamiento deja ver una nueva fractura en el grupo político que alguna vez compartieron. El señalamiento reiterado hacia Carlos Torres —quien enfrenta una de las imputaciones más significativas— refuerza la confrontación pública entre ambas.
La FGR no ha emitido declaraciones sobre el proceso en curso ni por la filtración de los oficios de imputaciones, mientras crecen las presiones políticas en Tijuana y Mexicali ante la posible ampliación de las investigaciones.
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