La crisis mediática que envuelve a la 4T está por todos lados. Lo mismo enfrentan problemas para comunicar en Sinaloa que en Veracruz; ni hablar de Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, el Estado de México y hasta la propia Ciudad de México.
La presidenta de la República se muestra vulnerable, indefensa, y es evidente que no cuenta con las herramientas necesarias para contrarrestar las embestidas mediáticas que llegan desde redes sociales, la prensa, los columnistas y una ciudadanía cada vez más molesta por la forma en que se atienden los problemas sociales. El discurso de culpar a gobiernos anteriores ya no convence; ya han pasado 19 años, ahora se necesita ver lo que se menciona por la sociedad, no todo es bloque opositor, también existen voces que son validas y que ya no quieren culpas del pasado, si no resultados de hoy y de la política actual en torno a lo que se vive ahora.
Están inmersos en la demencia política. No entienden que llevan siete años al frente del poder y que lo que hoy ocurre es consecuencia directa de la falta de una estrategia capaz de dignificar el entorno social y garantizar condiciones básicas de seguridad, libres de extorsión, violencia o del simple miedo a salir a la calle.
La manera de comunicar hoy está forjando un rumbo sin salida para la actual mandataria. En los estados sucede lo mismo: no hay mensajes que respondan a las demandas de la sociedad. Se insiste en que todo está bien y que las estrategias funcionan, cuando la realidad muestra lo contrario.
Lo sucedido recientemente en Uruapan refleja esa realidad: gobiernos rebasados y sin la madurez suficiente para, siquiera, revisar su actuación en materia de seguridad y atención ciudadana.
Ya no hay pretextos. Confrontar datos del pasado dejó de ser válido. Después de siete años, debería existir un contraste visible entre lo realizado y lo heredado. La centralización de la comunicación está provocando que los gobiernos no logren desempeñar un papel eficiente; y en los municipios, la situación es peor. Quienes antes comunicaban mal, hoy asesoran a gobernadores, universidades y figuras políticas alineadas a la 4T.
Las personas encargadas de la comunicación gubernamental aprovechan su posición para crear estructuras digitales que dispersan recursos sin generar mensajes claros. El resultado: una comunicación circular, sin propósito, que no informa ni conecta con la ciudadanía. La población está mal informada y condicionada a recibir solo lo que el poder desea que se diga.
Tras lo ocurrido en Michoacán, quedó claro de lo que es capaz la sociedad mexicana: mostrar la realidad, informar los hechos y decir lo que realmente sucede. Hoy, dejar constancia en cualquier espacio se ha convertido en una forma de contrarrestar la narrativa gubernamental; algo que, por fortuna, aún no logran controlar. Y eso debe mantenerse por el bien de la sociedad y de la libertad de expresión.
Pedir apoyo a otros países para resolver lo que internamente no se puede controlar solo envía el peor mensaje, tanto al interior como al exterior. El gobierno prefiere continuar lidiando con un problema interminable, mediáticamente irrevertible. Estamos frente a una estrategia de comunicación fallida, que enriquece a unos cuantos y deja a la presidenta sin un discurso de esperanza, sin resultados reales, y sin la posibilidad de proyectar una imagen positiva del país y de los estados ante el mundo.
