Las modificaciones de la ley contra extorsión, propuesta por el Ejecutivo federal, no fueron del conocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En la Mañanera de este 29 de octubre, la mandataria fue cuestionada respecto a los cambios por la Cámara de Diputados.
“No tenía la información, hoy averiguamos exactamente de qué se trata, y por qué lo está planteando, vamos a ver exactamente de qué se trata”, dijo.
La Cámara de Diputados aprobó, en lo particular con cambios, el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política. Además, reforma, adiciona y deroga disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, fue avalado en lo particular el documento y se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Se aceptó la reserva del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal Ávila, quien expuso que la modificación al artículo 2 precisa cómo deben coordinarse las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la prevención, investigación, persecución y sanción del delito.
De igual manera, se incorporan los principios de interculturalidad e interseccionalidad al artículo 3, en tanto se fortalece la certeza jurídica en la definición de la competencia federal y de la facultad de atracción en el artículo 8.
El también coordinador del grupo parlamentario de Morena detalló que con las adecuaciones a los artículos 16 y 18 se sustituye la expresión “firmar un acto jurídico” por “celebrar un acto jurídico” y se clarifica la redacción relativa a la afectación económica de una entidad federativa. En el caso del artículo 21 se propone un ajuste al rango de sanción, estableciendo penas de cinco a doce años de prisión.
En lo que respecta a la reserva al artículo 26 se establece que la reparación del daño a las víctimas se realice con los recursos provenientes de los procedimientos de extinción de dominio.
