El Estado Mexicano debe asumir su responsabilidadante la crisis de personas desaparecidas

El hecho de que por primera vez se active el artículo 34 de la Convención de la ONU sobre desapariciones debería servir al Estado mexicano para atender el problema con seriedad e integridad. México no debería acusar al Comité contra la Desaparición Forzada de actuar sin objetividad, ni apartarse de sus obligaciones internacionales y compromiso con el multilateralismo.

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) condena enérgicamente la postura de negación y minimización expresada por el Estado Mexicano sobre la crisis de desaparición forzada en México frente a la activación del artículo 34 de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, durante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU este 21 de octubre de 2025. Esta medida, impulsada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés) es crucial para avanzar en la atención y esclarecimiento de más de 133,000 casos de desaparición y no localización en territorio nacional. Se trata de una respuesta objetiva y necesaria ante la gravedad sobre-documentada, que se refleja en que México concentra el 35 por ciento del total mundial de solicitudes de acción urgente ante el Comité, derivado de la falta de acción y fallas estructurales de las autoridades estatales y federales. En México, este fenómeno es una realidad alarmante que lastima a miles de familias y exige la máxima seriedad y cooperación, por lo que rechazamos la descalificación oficial que el Gobierno de México hizo de la decisión del CED de activar el procedimiento del Artículo 34. Exigimos al Estado Mexicano que tome en serio las observaciones y recomendaciones formuladas por el Comité contra la Desaparición Forzada y cese cualquier retórica o acción que busque desvirtuar o minimizar la crisis de personas desaparecidas. El Estado debe poner fin a las demoras, omisiones, y especialmente a la obstrucción por parte de agentes en la recepción de denuncias o incorporación de pruebas. Asimismo, demandamos que se investiguen y sancionen los documentados intentos de obstaculización de la búsqueda de personas a través de actos de corrupción, y que se fortalezcan las medidas de protección contra las amenazas que enfrentan familias y defensores de derechos humanos. Nuestra organización se suma a las voces que respaldan este procedimiento internacional. Es imperativo garantizar el respeto irrestricto a las familias de personas desaparecidas y asegurarles el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, lo que incluye la participación efectiva y el acceso pleno a los expedientes en los procesos de búsqueda e investigación. Finalmente, urgimos a que se fortalezcan de manera sustancial e inmediata las capacidades de búsqueda de personas desaparecidas con estrategias integrales, y que se impulsen y fortalezcan las capacidades institucionales de análisis forense, incluyendo la dotación de recursos y personal pericial especializado, para revertir el rezago en la identificación de restos. Ante esto último, reconocemos que el pasado 2 de septiembre de 2025, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el Acuerdo 02/LI/2025 para la búsqueda de personas desaparecidas, que incluye el incremento de capacidades institucionales de investigación, búsqueda de personas, gestión forense y armonización legislativa. Por lo que urgimos a todas las autoridades estatales y federales integrantes de este Consejo a cumplir prioritaria y cabalmente este acuerdo. La dignidad de las víctimas y el dolor de sus familias deben ser una brújula para la acción del Estado Mexicano.