POr Victor Hugo Celaya Celaya…
La Secretaría de Economía, bajo la dirección de Marcelo Ebrard, ha iniciado un proceso de consultas a nivel nacional para definir la postura de México de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026. Durante las últimas dos semanas, se han realizado 13 mesas sectoriales y 13 estatales, involucrando a 30 sectores productivos y a las 32 entidades federativas. Este esfuerzo busca construir un consenso amplio e incluyente, incorporando por primera vez al sector obrero en la discusión. El objetivo es llegar a enero de 2026 con una posición sólida y cohesionada que refleje las prioridades y preocupaciones de todos los actores económicos del país, desde la agroindustria y el sector automotriz hasta las tecnologías de la información y la economía circular.
La revisión del T-MEC, programada para julio de 2026, representa un momento crucial para la economía mexicana. El tratado es el ancla comercial más importante del país, y su continuidad y optimización son vitales para la estabilidad y el crecimiento. Las consultas lideradas por la Secretaría de Economía son una señal de planeación estratégica y buscan anticipar posibles puntos de fricción con Estados Unidos y Canadá. La cohesión interna será fundamental para negociar con éxito en un entorno geopolítico complejo, marcado por las presiones proteccionistas y la competencia global. La capacidad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para articular una postura unificada determinará en gran medida el futuro del comercio en América del Norte y el posicionamiento de México en las cadenas de valor globales.
¿Cómo prepararnos?
- Monitorear el avance de las mesas de consulta y los posicionamientos de los diferentes sectores para identificar oportunidades y riesgos específicos para cada industria.
- Evaluar la dependencia de las cadenas de suministro regionales y explorar estrategias de diversificación para mitigar posibles disrupciones.
- Participar activamente en los foros y canales de comunicación abiertos por la Secretaría de Economía para asegurar que las perspectivas del sector privado sean consideradas.
