- La senadora de Movimiento Ciudadano expresó su entusiasmo por la iniciativa, al considerarla una oportunidad para avanzar hacia una economía que garantice la vida en el planeta y el bienestar de las futuras generaciones.
La senadora Amalia García, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, realizó en el Senado de la República un foro para discutir una propuesta que busca incorporar en la Ley General de Sociedades Mercantiles la figura de Sociedades de Beneficio e Interés Común (BIC), un modelo que reconoce a las empresas que generan valor social y ambiental.
La senadora Amalia García, presidenta de la Comisión de Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030, expresó su entusiasmo por la iniciativa, al considerarla una oportunidad para avanzar hacia una economía que garantice la vida en el planeta y el bienestar de las futuras generaciones.
“El modelo económico que hemos vivido hasta el día de hoy es un modelo depredador. Es un modelo que ha puesto el acento en la ganancia. No hay plan B, no hay planeta B. Este es el único que tenemos. No hay otro planeta y requerimos actuar para garantizar la vida tal como la conocemos hoy, no solo la vida humana, sino la vida en el planeta. Estamos en una situación límite”, comentó.
“Lo que se requiere es otro modo de producir, otra economía diferente, que por supuesto la ganancia y el lucro son legítimos, pero se necesita una transformación de fondo para que la economía también garantice que haya cuidado de la vida en el planeta. Que la producción sea amigable con el planeta. Que cuidemos la vida con sostenibilidad”.
La senadora manifestó su disposición para fortalecer esta iniciativa y alcanzar un consenso entre todos los grupos parlamentarios para lograr su aprobación en el Congreso de la Unión.
A su vez, la vicecoordinadora de la Bancada Naranja, Alejandra Barrales, señaló que es fundamental blindar a las organizaciones de la sociedad civil ante los ataques y dificultades que han enfrentado durante este gobierno.
“Hemos venido de una serie de vicisitudes, de dificultades que tienen que ver con un ataque sistemático a organizaciones sociales, a organizaciones que defienden el interés colectivo, el interés de gente que no tiene posibilidades de defenderse en una gran mayoría de ocasiones”, comentó.
“Lo digo particularmente por la más reciente, la que tiene que ver con el amparo, y que sin duda es una de las más grandes, de las más nocivas, porque deja sin herramientas, sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, hoy más que nunca tenemos que estar con ustedes, tenemos que ser solidarios, tenemos que blindarlas y tenemos que recuperar paso a paso las capacidades que tienen todas estas organizaciones para seguir defendiendo el interés colectivo”.
La diputada Laura Ballesteros coincidió con que los recientes cambios a la ley de amparo representan un retroceso en la defensa de los derechos colectivos, particularmente en materia ambiental, por lo que subrayó la importancia de contar con herramientas e instrumentos necesarios para su labor.
Gemma Santana, activista ambiental y empresaria social, explicó que las empresas sociales promueven la medición de las utilidades con el mismo rigor que el que se mide su impacto socioambiental.
“Lo único que busca es utilizar la fuerza del mercado para generar impacto, no para generar utilidad nada más. Y digo nada más porque tampoco somos una organización social que se dedique a la filantropía nada más. Utilizamos justamente el modelo económico para ser no las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo”, comentó.
Dijo que la iniciativa propone reconocer a las empresas sociales que existen en México, lo cual permitirá descentralizar la solución de los problemas socioambientales para depender menos de los gobiernos y cooperar más como ciudadanía.
Mientras que Marcel Fukuyama, referente global en empresas B y economía de impacto, detalló que México cuenta con 115 empresas certificadas como “Empresas B”, es decir, como negocios con fines de lucro y con impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.
“Son empresas que se comportan con propósito, con responsabilidad y con transparencia. Esto es como nosotros vemos que todas las empresas deben comportarse. Y las empresas han generado esta evidencia de que es posible comportarse de esta manera”, sostuvo.
“La Ley BIC va a permitir a México construir una plataforma de protagonismo de esta nueva economía, que sea una nueva economía más inclusiva, equitativa, regenerativa para todas las personas en nuestro planeta”, comentó.
En tanto, Juan Diego Mujica Filippi, abogado de impacto, explicó que desde hace 10 años Italia implementó el modelo de las empresas BIC o Società Benefit, lo que ha permitido que éstas crezcan más y mejor en comparación con empresas de su mismo rubro y más o menos de su mismo tamaño.
Agregó que al momento de incorporar un propósito social y ambiental en el estatuto de las empresas, sustentado en un marco legal de Ley BIC, la responsabilidad de los directores y administradores cambia en la toma de decisiones, pues además de la variable económica también deben ponderar las sociales y las ambientales.
Durante el encuentro también se contó con la participación de varios emprendedores sociales de Latinoamérica, quienes compartieron lecciones aprendidas en la implementación de leyes BIC en sus países, así como los impactos que estas reformas han generado en el ecosistema empresarial y social.
