En el mundo empresarial se suele hablar de modelos de negocio escalables, de proyectos que aportan valor y pueden crecer sin depender de estructuras corruptas. Uber transformó la movilidad, Spotify reinventó la música en streaming y Airbnb cambió la forma de viajar.
En contraste, Ana Katiria Suárez Castro parece haber diseñado su propio modelo, aunque con un giro inquietante: un sistema que, según múltiples denuncias, se basaba en fabricar acusaciones, manipular peritajes y usar a menores como piezas dentro de litigios.
¿Cómo operaba el esquema?
Los reportes señalan que el entramado judicial de Suárez Castro funcionaba como una maquinaria bien aceitada. Una denuncia de violencia familiar o abuso sexual servía de punto de partida. Peritajes psicológicos cuestionables reforzaban la narrativa y convenios presionados en juzgados derivaban en pensiones millonarias.
En algunos casos, los montos alcanzaban 1.5 millones de pesos mensuales. El modelo tenía todos los ingredientes de un negocio rentable: víctimas obligadas a pagar, resoluciones judiciales favorables y un discurso público que la mostraba como defensora de los débiles.
Lo más inquietante es que esta estructura no parecía un acto aislado, sino un proyecto compartido. La red incluía a jueces, ministerios públicos y peritos dispuestos a validar testimonios inducidos.
Con esa red de contactos, Suárez Castro presentaba el “modelo” a posibles colaboradores y clientes, quienes encontraban en el sistema judicial mexicano un terreno fértil para obtener beneficios rápidos. A diferencia de cualquier startup ética, aquí la promesa no era innovación, sino manipulación con resultados garantizados.
Cuando alguien habla de un negocio innovador se espera un impacto positivo. Tesla busca acelerar la transición energética, Mercado Libre simplificó el comercio electrónico y Zoom conectó al mundo durante la pandemia. El “negocio” de Suárez Castro se alimentaba de familias fracturadas y menores expuestos a procesos judiciales fabricados.
La ironía es evidente, mientras en Silicon Valley se buscan inversiones de capital de riesgo, en Ciudad de México bastaba con manipular el sistema judicial para generar ingresos estables y casi imposibles de cuestionar en el corto plazo.
La rentabilidad del abuso
De acuerdo con testimonios, este esquema no solo generó ganancias económicas inmediatas, también otorgó influencia política y mediática. La abogada se presentó en entrevistas, conferencias y medios como un referente de justicia, reforzando así la legitimidad de su “producto”. Lo que para cualquier empresa sería branding, para Suárez Castro era la consolidación de una fachada que hacía más creíble su red de extorsión judicial.
Mientras empresas legítimas buscan inversionistas y métricas de crecimiento, el modelo atribuido a Ana Katiria Suárez Castro acumuló al menos diez familias afectadas, convenios inflados y pensiones millonarias. La diferencia es que no había innovación, sino explotación de un sistema judicial vulnerable que terminó siendo el soporte de un negocio oscuro que nunca debería replicarse.
