* Escuelas particulares denuncian irregularidades, plazos imposibles y amenazas de bloqueo mientras se les “invita a ejercer su derecho de audiencia”
En los últimos meses, decenas de Instituciones de Educación Superior (IES) han denunciado un creciente acoso administrativo y abuso de autoridad dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por el secretario Mario Delgado, quien —según los directivos— ha permitido que la Dirección General de Profesiones (DGP) a cargo de José Omar Sánchez Molina, rebase sus facultades legales y someta a las universidades a un laberinto burocrático sin sustento normativo.
De acuerdo con las denuncias, detrás de este esquema se encuentra Israel Jerónimo López, funcionario de la DGP, quien ha firmado oficios y aplicado medidas que exceden sus atribuciones, en un contexto de omisión y permisividad institucional desde los más altos niveles de la SEP, afectando la estabilidad del sistema educativo superior.
El proceso comenzó con la llamada “Jornada Nacional de Actualización”, supuestamente orientada a revisar títulos emitidos por las universidades, pero que en la práctica se ha transformado en una campaña de presión masiva contra las instituciones educativas, ya que las solicitudes de información se multiplicaron hasta exigir la entrega digital del 100 % de los expedientes de egresados —incluso de los años 60, 70, 80 y 90— en plazos de apenas 5 o 10 días hábiles, un requisito que resulta imposible para escuelas que en esas décadas solo contaban con archivos físicos.
A la falta de claridad se suma un patrón que las universidades califican de irregular: los oficios llegan con fechas manipuladas o retroactivas, de modo que los plazos legales vencen incluso antes de que el correo sea recibido y, en algunos casos, el correo menciona 10 días para responder, pero el documento anexo marca 5; en otros, la notificación llega después de expirado el plazo.
Las instituciones que, aun así, logran entregar la información a tiempo son objeto de nuevos requerimientos o amenazas de cierre del Módulo Electrónico de Títulos (MET), bajo el argumento de que “no respondieron” o que su información está “incompleta”, lo cual ha generado incertidumbre, sobrecarga operativa y afectaciones directas a estudiantes que no pueden titularse ni obtener su cédula profesional.
A partir de marzo de 2025, la DGP implementó cambios unilaterales a sus procesos administrativos sin publicarlos ni incluirlos en su manual de procedimientos, puesto que, los nuevos formatos, llamados “layouts”, fueron comunicados informalmente a las instituciones por mensajes de WhatsApp, sin capacitación ni circular oficial, a la vez que, el proceso presencial fue eliminado sin aviso, reemplazado por un supuesto trámite “digital” que en realidad consiste en el envío de correos electrónicos y oficios sin registro de seguimiento ni trazabilidad oficial.
La Dirección General de Profesiones ha comenzado incluso a negar registros de programas académicos ya aprobados por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), autoridad que sí tiene facultades legales para evaluar y sancionar planes de estudio. En contraste, la DGP carece de esas atribuciones, pues su papel se limita a vigilar el ejercicio profesional.
No obstante, la DGP ha asumido funciones de supervisión académica: revisa cargas crediticias, cuestiona mapas curriculares y exige documentación estructural de las instituciones, como planos y constancias de uso de suelo, en una clara extralimitación de competencias.
Otro punto de conflicto es la emisión de exhortos. Cuando las escuelas no pueden cumplir los plazos imposibles, reciben oficios donde se les advierte que sus cuentas en el MET podrían ser suspendidas, afectando el registro de títulos y la titulación de sus egresados. Estos documentos citan el Artículo 5° Constitucional y su ley reglamentaria como fundamento, pero en realidad no existe disposición que autorice a la DGP a imponer sanciones o suspensiones.
Paradójicamente, al final de cada oficio, después de la amenaza de bloqueo, aparece una frase recurrente donde prácticamente se les dice “tiene usted derecho de audiencia y podemos platicar”, porque ese es el mensaje del exhorto que dice: “se procederá a la suspensión del Módulo Electrónico de Titulación (MET) y se les informa que conforme a derecho resulte procedente, se les otorgará la audiencia correspondiente”, firmado por Israel Jerónimo López, director de Autorización y Registro Profesional. Para las universidades, esta frase ilustra el doble discurso institucional: primero se paralizan los trámites y después se ofrece un diálogo tardío, condicionado y carente de efectos reales.
A esto se suma que desde abril la plataforma oficial para actualizar datos institucionales permanece cerrada, lo que impide cambiar correos de contacto o subsanar errores. Los oficios siguen enviándose a direcciones inactivas y la falta de respuesta se usa como justificación para sancionar.
“Las escuelas se sienten sorprendidas, asustadas, inciertas, tristes, enojadas, impotentes y muy frustradas, víctimas de violencia hasta psicológica; hicieron un gran esfuerzo para entregar TODO ESCANEADO como se los pedían, no durmieron en días y ahora resulta que de todos modos les llega la amenaza del exhorto porque internamente en la DGP no tienen control de qué escuela les contestó, más allá del tema de si tienen o no atribuciones para hacerlo”, expresa el representante de una de las IES.
El impacto no se limita al ámbito administrativo. Miles de estudiantes en proceso de titulación permanecen en espera de sus documentos, las instituciones enfrentan costos crecientes y el clima de hostigamiento amenaza la estabilidad del sistema de educación superior particular en México.
Ante ello, las universidades afectadas exigen la intervención inmediata del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para detener las prácticas irregulares, reabrir la plataforma MET, restablecer los procedimientos formales y revisar la actuación de José Omar Sánchez Molina y su equipo en la Dirección General de Profesiones, antes de que esta situación derive en un colapso institucional de mayores proporciones.
