Por Victor Hugo Celaya Celaya…
Durante los próximos días y semanas, se iniciará y llevará a cabo, en comisiones y posteriormente en el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico 2026, que incluye el proyecto de presupuesto federal, la ley de ingresos y la miscelánea fiscal para el próximo año.
De ahí la importancia en este escenario y después de hacer un análisis general de la estructura del mismo, proponer una deseable reasignación y/o reestructuración estratégica de algunas partidas y asignaciones, si es posible, que nos permita impulsar realmente a nuestra economía hacia un mayor crecimiento. Un presupuesto así debería permitir el fortalecimiento de aquellos sectores y rubros que permanecen más rezagados en el gasto público en los últimos años y que son factores claves para el éxito de nuestra economía.
Me refiero puntualmente a la salud, la educación, el campo (sector agropecuario y pesquero), la investigación científica y tecnológica, la infraestructura para el desarrollo regional, la promoción a la micro pequeña y mediana empresa (MiPyME) y el crédito para la inversión en la industria y el apoyo al comercio exterior. Estos son, a mi juicio, los componentes esenciales para impulsar el progreso y desarrollo del país y que nos permitiría crecer mucho más allá de las actuales estimaciones que se han dado a conocer para el próximo año.
La Brecha entre Estimaciones y la Realidad Económica
El gobierno mexicano, en el proyecto de presupuesto presentado para el 2026, estima en un rango de 1.8% y 2.8% el crecimiento de nuestra economía. Sin embargo, en el mundo financiero y económico, la realidad parece ser más cautelosa y menos optimista. El Banco de México, por su parte, estableció una previsión más conservadora, de solo el 1.1% para ese mismo año.
La preocupación legítima no se detiene ahí. Las grandes calificadoras internacionales, especialistas y analistas financieros reconocidos, como Fitch y BBVA, son aún más escépticos. Sus escenarios estiman cifras que se encuentran por debajo del 1% y, como máximo, alcanzan el 1.2%. Esta brecha entre la estimación optimista del Gobierno Federal y el consenso de la comunidad financiera y analítica es la que debe ocupar el centro de la discusión legislativa. Un crecimiento tan bajo, en el mejor de los escenarios, es insuficiente para atender las crecientes demandas sociales y para generar las oportunidades que requieren las nuevas generaciones. Crecer por debajo del 2% nos condena a una ruta de estancamiento que no podemos permitirnos.
En el marco de la formulación presupuestal tradicional, el principio básico establece que el ingreso define al gasto. La realidad es que, por la proyección de ingresos para el 2026 y el limitado margen fiscal que tenemos, nos encontramos ante una limitante real para poder implementar una política de expansión del gasto público que impulse los sectores productivos. Los recursos fiscales simplemente no son suficientes para cubrir todas las necesidades y ambiciones de desarrollo.
Cuando los ingresos son insuficientes, históricamente se recurre a la deuda para poder hacer frente al gasto faltante. Sin embargo, esta vía tampoco es la mejor salida, pues también representa una limitante, ya que el elevado nivel de la deuda del gobierno federal no solo se convierte en una pesada carga para las futuras administraciones, sino que conlleva el riesgo de modificar sustancialmente el perfil crediticio de nuestro país. Esto podría llevarnos al grado de perder el grado de inversión, tal como ha advertido la calificadora internacional Moody’s, lo cual encarecería el financiamiento del país, restando más recursos al gasto social y productivo.
De no cambiar el rumbo y si seguimos en este ritmo de endeudamiento público, los analistas y expertos estiman que nuestra deuda estaría en un alarmante 50% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2027. Este es un escenario francamente insostenible y preocupante que afectará de manera inmediata y drástica los futuros ingresos nacionales y el gasto público. Simplemente, si no generamos el crecimiento económico que necesitamos, no tendremos el ingreso suficiente para amortizar la deuda pública tan grande que ya tiene México y que en los últimos años ha crecido de manera alarmante. Por ello, es una urgencia económica y social tener la capacidad y la visión de reorientar o reasignar estratégicamente el gasto público hacia actividades productivas que impulsen el crecimiento económico, en lugar de seguir la inercia del gasto inercial.
La Orientación del Gasto: Un Diagnóstico Urgente
Al analizar el proyecto de presupuesto 2026, encontramos una constante histórica que debemos corregir: la disminución de recursos en varios rubros fundamentales para la activación y el crecimiento económico. Si bien se priorizan ciertos rubros y sectores económicamente básicos y el gasto social constitucionalmente comprometido, la orientación general del presupuesto se ha concentrado en el financiamiento de obras públicas no rentables, lo que merma la capacidad para impulsar otros sectores fundamentales y esenciales de nuestra economía.
Esta disminución en el gasto público se repite en áreas estratégicas que son vitales para la activación económica y que necesariamente estarán presentes en el debate legislativo del presupuesto. Estamos hablando de sectores cuya inversión tiene un alto retorno social y económico:
- Ciencia y Tecnología: La restricción de recursos frena la innovación y la competitividad a largo plazo.
- Educación y Salud: La base del capital humano productivo.
- Sector Agropecuario y Pesquero: Crucial para la soberanía alimentaria y el desarrollo regional.
- Energía: Incluyendo la indispensable transición energética hacia fuentes más limpias y eficientes.
- Créditos para la Inversión Empresarial, MiPyMEs y Fomento al Comercio Exterior: Los motores de la generación de empleo y la diversificación exportadora.
En la gran mayoría, estos sectores muestran una consistente disminución de sus recursos en los últimos años, a pesar de las crecientes demandas que enfrentan y de la necesidad de modernización.
Además, ante la necesidad de tener más ingreso, se ha recurrido a fuentes de financiamiento público, instituciones y fideicomisos. Si bien son necesarios, en la emergencia han sido utilizados como sustituto de los recursos fiscales insuficientes. Esto ha significado, en la práctica, un retroceso en el camino de la modernidad política e institucional. Nos referimos a la afectación de organismos que garantizan el libre comercio, la competencia y el desarrollo de una economía moderna, poniendo en riesgo la estabilidad regulatoria y la confianza de los inversionistas.
Otro punto de alerta se encuentra en el proyecto 2026, donde se contemplan recortes por cerca de 20 mil millones de pesos al gasto de operación y funcionamiento de instituciones fundamentales para el fortalecimiento de nuestra democracia y el Estado de Derecho Mexicano. Esto incluye a la Suprema Corte de Justicia, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otras. Es crucial no debilitar a estos pilares institucionales. Lo ideal es optimizar su gasto sin reducirlo, e incluso ampliar su operación en todo el territorio nacional que garantice su cabal funcionamiento y elecciones limpias y transparentes. La democracia y el Estado de Derecho son esenciales para la estabilidad económica.
Reorientar el Gasto: Los Renglones Prioritarios para el Crecimiento
Ante estas circunstancias de restricciones fiscales y el riesgo latente de la deuda, es deseable y necesaria una reasignación o reorientación del gasto público. El objetivo debe ser impulsar el crecimiento económico y no caer en el dispendio de obras y actividades poco rentables, que lógicamente no contribuyen a elevar el ingreso nacional ni el producto interno bruto del país.
Se trata de invertir y apoyar más a aquellos sectores económicos nacionales prioritarios, para aumentar su productividad y competitividad, tanto interna como externa. Solo así podremos inscribirnos en la dinámica de una sociedad moderna y competitiva, que recupere y se consolide como un país atractivo para la inversión nacional y extranjera, especialmente en el contexto del nearshoring.
La clave está en reducir el gasto en proyectos de baja rentabilidad social o económica que no generan cadenas productivas sostenibles, y reasignar esos recursos a inversión pública y estímulos con un alto efecto multiplicador en empleo e ingreso. Esto es una estrategia, no un simple ajuste.
Los renglones prioritarios para este impulso y que deben concentrar el gasto reorientado son:
- Infraestructura Logística y Regional: No solo grandes obras, sino infraestructura (rural y urbana) que conecte mercados, reduzca costos de transporte y facilite el comercio.
- Modernización Agropecuaria: Inversión en tecnología y extensionismo para aumentar la productividad del campo y garantizar la seguridad alimentaria.
- Encadenamientos Industriales (Clústeres): Apoyar la integración de cadenas de valor nacionales, haciendo que la inversión extranjera se traduzca en mayor contenido local.
- Ciencia y Tecnología Aplicada: Financiamiento para la investigación que derive en patentes y soluciones para los sectores productivos.
- Banca de Desarrollo: Asegurar mayores recursos para NAFIN y BANCOMEXT, instituciones financieras clave que deben ofrecer crédito a plazos largos y tasas estables para el desarrollo regional y nuestra competitividad internacional, especialmente a las MiPyMEs exportadoras.
- Fortalecimiento de la Educación y la Salud Pública: Asegurar que la fuerza laboral del mañana esté sana y capacitada para la economía digital y el reto de la sostenibilidad.
El Paquete Económico 2026 es, por lo tanto, una gran oportunidad y al mismo tiempo un punto de inflexión. La propuesta es clara: reorientar el gasto público hacia sectores de alto impacto multiplicador en empleo, productividad e ingreso. Ello implica disminuir recursos destinados a obras poco rentables y reasignarlos a renglones que garanticen competitividad y desarrollo.
Solo con esta redistribución estratégica del presupuesto, México podrá generar confianza interna y externa, atraer inversión productiva y volver a crecer a tasas sostenidas y equilibradas, superando las bajas estimaciones actuales. Un debate legislativo responsable tiene la oportunidad de transformar el presupuesto 2026 en un verdadero motor de desarrollo. El crecimiento es la única vía para salir del círculo vicioso de la deuda, el estancamiento y la dependencia.
