El pleno del Senado aprobó este miércoles con 76 votos en pro y 39 en contra, y con algunas modificaciones, la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
El objetivo de la reforma es otorgar mayor certeza jurídica, homologar plazos y garantizar un acceso efectivo a la justicia para las personas.
Entre los cambios más relevantes destaca la precisión del concepto de interés legítimo, que podrá ser de carácter individual o colectivo, sin que sea necesario que la lesión sea “actual” ni que el beneficio derivado del amparo sea “directo”.
Esto busca facilitar la defensa de derechos colectivos o difusos, sin confundirlo con el interés jurídico.
En materia fiscal, la iniciativa define con mayor claridad los medios de garantía para obtener la suspensión en juicios de amparo contra actos de cobro de créditos fiscales firmes.
Posturas encontradas
La priista Carolina Viggiano criticó la reforma, señalando que debilita el acceso a la justicia, restringe la protección de los ciudadanos frente a abusos de poder y favorece a autoridades y grandes intereses.
Indicó que limita la suspensión de sentencias, elimina el interés legítimo para causas colectivas y encarece los procesos, dejando desprotegidos a pequeños empresarios, gremios y comunidades indígenas.
“Sé que hoy dicen, no se va a quitar el juicio de amparo, claro, no se va a quitar, se va a restringir la admisión, se va a restringir la suspensión, se va a restringir la ejecución (1:50) de la sentencia. En conclusión, dejan al pueblo desamparado, ahora van a proteger al pueblo, van a proteger al gobierno o a los poderosos del pueblo bueno”, advirtió.
Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, presentó una moción suspensiva para detener la discusión, la cual fue rechazada.
Destacó que los parlamentos abiertos habían recibido más de 50 opiniones de especialistas y ciudadanos, todas señalando que la reforma es regresiva, debilita el amparo, desnaturaliza la suspensión de actos reclamados, genera indefensión frente al bloqueo de cuentas y amenaza la presunción de inocencia.
“El debilitamiento del amparo como instrumento de defensa frente a abusos de autoridad, que introduce con la reforma barreras innecesarias a la procedencia del amparo, porque se limita el interés legítimo y convierte a la suspensión en una figura no efectiva”, declaró.
La senadora Guadalupe Murguía, de Acción Nacional, coincidió en que la reforma concentra poder en las autoridades, limita la protección a pequeños contribuyentes y debilita la suspensión del acto reclamado.
“Imaginemos una persona que tiene una casa y que en esa casa se tiene que construir un parque, por lo que la casa tiene que ser demolida. Entonces, al promover un amparo, el juez, toda vez que se trata el parque de un acto de interés social, no podría decretar la suspensión del acto reclamado. Y entonces el quejoso, aunque gane el amparo, pues ya simplemente la casa está demolida”, señaló.
En contraste, el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y miembro de Morena, afirmó que la reforma es producto de un proceso plural y transparente, con audiencias públicas y la participación de especialistas y sociedad civil.
“Este dictamen es fruto de un trabajo legislativo serio, informado y plural. Fortalece al juicio de amparo sin desnaturalizarlo. Lo moderniza sin excluir a nadie. Lo hace más eficiente sin sacrificar garantías”, afirmó.
Explicó que moderniza el juicio de amparo mediante herramientas digitales, lo hace más ágil y eficiente, refuerza su carácter garantista y establece plazos claros y sanciones para evitar dilaciones, sin afectar los derechos esenciales.
El dictamen precisa conceptos como el interés legítimo, limita suspensiones en casos sensibles y garantiza que el juicio digital sea opcional, protegiendo la inclusión de quienes no cuenten con acceso tecnológico.
Corral aseguró que la reforma fortalece la protección ciudadana frente al poder y evita abusos procesales.
